En el origen del escándalo, una militante socialista, exdirectiva de Correos, y un empresario imputado desde 2017 por supuesto fraude, entraron el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz para reunirse con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. La militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset llegaron cargados con grabaciones del comisario José Manuel Villarejo sobre planes del ministerio del Interior para desacreditar a Pedro Sánchez, por los negocios de saunas de su suegro.
“Eso es mortal”, se escuchaba decir al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el verano de 2014, con Sánchez recién elegido secretario general del PSOE. En otra grabación, Villarejo le contaba a un empresario de la comunicación como el ministro Interior, Jorge Fernández Díez, le había pedido algo especial sobre el líder socialista: “El del Opus me ha encargado un reportaje de los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez”.
Santos Cerdán contó al juez que aquellas confidencias de la trama sobre las maniobras sucias de la policía patriótica del PP apenas le interesaron porque ya se habían publicado antes. Que no le contó nada a Pedro Sánchez y que tampoco encargó nada a partir de entonces a Leire Díez.
Pero aquella reunión en Ferraz, según ha acreditado ahora la investigación judicial, fue el comienzo de una relación discreta, pero intensa entre Cerdán y los dos integrantes de una trama que, hasta entonces, había dedicado todos sus esfuerzos a denunciar las actividades delictivas de las cloacas del PP. Durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la cúpula policial del ministerio del Interior fabricó pruebas falsas contra independentistas catalanes o dirigentes de Podemos y trabajó a espaldas del juez para destruir documentos sobre los 20 años de financiación ilegal de la formación conservadora.
Dolset, convencido de que su imputación por fraude en las subvenciones era un invento sucio de los directivos de un grupo empresarial con el que se alió, llevaba años denunciando en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía o en la Audiencia Nacional las fechorías de las cloacas del PP. Se hizo con ingente documentación comprometedora cuyo origen era el comisario José Manuel Villarejo y la trasladó a los tribunales con escaso éxito. Hasta hoy, ni los jueces ni la fiscalía han querido investigar la mayoría de las pruebas de múltiples corruptelas que Dolset registró en la Audiencia Nacional.
Mucho antes de iniciar junto a Leire Díez la colaboración con el PSOE, el empresario Dolset había denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal José Grinda, impulsor de su imputación en la Audiencia Nacional; y a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, por revelación de secretos o destrucción de pruebas. La Fiscalía General del Estado archivó todas estas denuncias.
Financiación de la trama
A partir del primer encuentro en la sede socialista de Ferraz, el jefe del partido, Santos Cerdán, dispuso la manera de financiar desde el PSOE los trabajos especiales de Díez y de Pérez Dolset. La trama conspiranoica decidió ampliar entonces sus objetivos y aunque siguió con la búsqueda de información sobre las cloacas del PP, se dedicó principalmente a las nuevas causas penales que afectaban a dirigentes socialistas. En el periodo de actuación de esta trama, los jueces imputaron a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE; a su asesor, Koldo García, y finalmente a Santos Cerdán; ex secretario de Organización del PSOE.
La estrategia de Díez y Pérez Dolset para “desestabilizar” esas causas judiciales siempre fue la misma y siempre fracasó. Buscaron trapos sucios de los principales investigadores de la corrupción socialista: los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma; el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad de la Guardia Civil encargada de las principales investigaciones judiciales. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según esa unidad de la Guardia Civil.
Leire Díez se presentó a algunas de las reuniones donde buscaba información comprometedora contra jueces o fiscales como “la mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán, o una especie de agente encubierto del Gobierno con un poder ilimitado para conseguir cambios en la Guardia Civil o ascensos en la Fiscalía. Nada de lo que prometió para buscar información comprometedora se cumplió porque su poder sobre los aparatos del Estado era muy inferior al que se podía intuir por sus palabras. Ni siquiera la protección que le daba el número dos del PSOE, Santos Cerdán, le sirvió para cumplir sus promesas.
Un pacto “poco creíble” a Villarejo
Leire Díez fue capaz en este tiempo de contactar con las cloacas del PP para ofrecerles el cielo a cambio de confidencias del infierno. Prometió a Villarejo, el activista principal de la policía patriótica metido en las principales operaciones ilegales del mandato popular, un trato favorable del fiscal general del Estado –no regresar a la cárcel– a cambio de que aportara nuevas pruebas del aparato corrupto del Estado y contra los principales dirigentes del PP: el ministro del Interior, el presidente del Gobierno, la secretaria general, el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la policía...
Propuso al abogado de Villarejo unos acuerdos que debería cerrar con el fiscal encargado del caso. Pero este profesional nunca atendió al letrado, que acabó considerando los ofrecimientos de Leire Díez como “poco creíbles y fantasiosos”.
Al 'número dos' de Interior: “Los que me han dicho que me ponga al frente están entre Ferraz y Moncloa”
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, accedió a la desesperada –buscaba una salida a su situación judicial con una petición fiscal de 15 años de cárcel como jefe de la Operación Kitchen– reunirse con Pérez Dolset y con Díez. Son tres horas de conversaciones grabadas en las que Martínez confiesa que sabía que “lo de la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas era una falsificación” que la policía filtró a los medios afines al PP, o que “hubo actuaciones policiales encaminadas a generar causas o aflorar casos de corrupción de independentistas catalanes (…) se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol”.
Martínez preguntó a Leire Díez qué obtenía él por aquella colaboración: “Tendré que saber cuál es el ofrecimiento porque la Fiscalía tampoco funciona con tanto automatismo”. Y Díez improvisó: “Por eso es que hay que ir a Fiscalía y decir esto es lo que tenemos y esto es a lo que vamos a llegar. No necesito exprimirte como un limón. Pero sí tenemos cosas flagrantes, de las que sean flagrantes, que sepamos que las intervenciones policiales dirigidas por Villarejo, Olivera o Marcelino, se ha hecho con causa política sin ser verdad, eso es un atentado contra los derechos de los ciudadanos”.
Martínez: ¿Y eso se lo trasladas a quién?
Díez: A los que me han dicho que me ponga al frente de esto.
Martínez: ¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?
Díez: En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque como bien sabes gobierna el partido de la calle Ferraz.
Al fiscal Stampa: “Soy una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”
El fiscal Ignacio Stampa investigó durante varios años el caso Villarejo e impulsó la apertura de piezas separadas antes de que nadie en el Consejo Fiscal le apoyará para mantener su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa atribuye su despido de ese departamento a las maniobras de Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz, que la sustituyó en el puesto. Leire Díez consiguió reunirse con Stampa, al que pidió pruebas de las conductas irregulares de su jefe, Alejandro Luzón, en la investigación del caso Villarejo. Para convencer a Stampa de que colaborara, Díez se presentó como “una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”, y le prometió que gracias a su poder de influencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le volvería a situar en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa tampoco creyó a Díez, grabó el encuentro para, tiempo después, denunciar las maniobras de Díez.
La militante socialista fracasó en todos sus intentos. Sus promesas, según los indicios de la Guardia Civil, se han demostrado falsas. A un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, llegó a contarle que los nombramientos del futuro jefe del Cuerpo los haría ella y que Marlaska había caído en desgracia por su gestión. Díez prometió al PSOE que tendría las pruebas de la corrupción en la instrucción de la juez Alaya. La contrató cuatro meses el despacho del exconsejero Gaspar Zarrías, condenado en el caso de los ERE, a razón de 4.000 euros al mes pagados por orden de Santos Cerdán. No consiguió nada.
Koldo García y José Luis Ábalos, pendientes de una sentencia en el Supremo que les puede llevar a la cárcel por muchos años, confiaron en que las maniobras de Díez para demostrar la corrupción en la Guardia Civil darían sus frutos y aliviarían su situación judicial. No sucedió.
Santos Cerdán también confió en aquella militante que llegó un día de abril de 2024 a su despacho cargada de informaciones explosivas contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El ex secretario de Organización del PSOE acabó en la cárcel, donde estuvo cuatro meses antes de salir en libertad con varias causas pendientes en los tribunales.
Dolset y Díez mostraron en sus dos últimos años de actividades peligrosas una tendencia creciente a interpretar las causas judiciales contra la corrupción socialista como el producto genuino de una conspiración. Para combatir esa supuesta anomalía, la trama se aferró a las promesas fantasiosas en busca de hechos que nunca pudieron acreditar con los que pretendieron neutralizar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.
