El 9 de julio, en la última comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, Yolanda Díaz subió a la tribuna y agitó unos folios mirando al presidente. “Vamos a ampliar el permiso de paternidad a 20 semanas y vamos a cumplir con la directiva para retribuir al menos cuatro. La semana que viene presentaremos este decreto en el Consejo de Ministros y esperamos el compromiso y los votos del PSOE para sacarlos adelante”, le dijo. Menos de un mes después, la medida es una realidad aunque para ello Sumar ha tenido que rebajar sus expectativas.
Sánchez respondió al guante de Díaz y anunció en una comparecencia para hacer balance del curso político que el Gobierno llevaría el martes al Consejo de Ministros una “ampliación histórica” de los permisos de nacimiento y cuidados. Sumar había ejercido una fuerte presión en las últimas semanas para aprobar la medida este mismo julio, antes de las vacaciones, para darle, en palabras de la vicepresidenta, “buenas noticias” a la ciudadanía.
La ampliación de los permisos supone un espaldarazo para la coalición plurinacional, que desde que arrancó la legislatura apenas ha disfrutado de buenas noticias. La mayoría parlamentaria salida de las urnas ha puesto en estos dos años las cosas difíciles al Gobierno, que ha sufrido para sacar adelante su agenda legislativa. Y esos problemas los ha experimentado quizás en mayor medida Sumar, como socio minoritario del Ejecutivo.
Después de fijar los permisos como prioridad política en este cierre del curso, Sumar fue incrementando la presión a los socialistas, primero para establecer una mesa negociadora y después para incorporar el decreto en las reuniones previas para que un asunto llegue al Consejo de Ministros. Como ocurre en este tipo de negociaciones en el seno de la coalición, la decisión de Pedro Sánchez terminó de desbloquear las cosas.
Durante los últimos días, los equipos negociadores multiplicaron los contactos. El fin de semana previo a la comparecencia de Sánchez, fuentes de Sumar aseguraban que el PSOE estaba bloqueando la aprobación del decreto. Ese mismo lunes, las mismas fuentes anunciaban un acuerdo sobre el texto pero reclamaban aprobarlo esta semana. Algo a lo que se resistían en Moncloa por razones técnicas y políticas. Pocas horas después Sánchez anunciaba el resultado del acuerdo.
El nuevo decreto contiene 19 semanas de permiso en total. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las contempla como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal. Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.
La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.
La medida tiene un importante alcance y un gran potencial político, lo que explica la euforia que mostraba este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda al explicar la medida. “Hoy le hablamos a esa España conformada por familias plurales. Hoy España da un paso más. Este es un gobierno que se compromete con las familias españolas, con las mujeres y con las jóvenes”, dijo. “Negociar es difícil pero merece la pena cuando es por una buena causa. España es mejor”, reconoció.
Para Sumar era importante conseguir esta medida antes de que terminase el verano y dar un mensaje a las familias antes del inicio del curso. El Gobierno se enfrentaba además a un incremento de la multa que le ha propuesto Europa en un expediente sancionador abierto por incumplir la directiva que reclama la remuneración de esos permisos por conciliación. Este fue uno de los elementos que Díaz llevó a la mesa de negociación para acelerar la aprobación del decreto.
Pero de fondo hay un argumento político para la coalición. Después del estallido del escándalo de Santos Cerdán, la vicepresidenta segunda reclamó un reseteo de la legislatura. Entendía que la confianza con la ciudadanía estaba rota y solo había una manera de recuperarla: la activación de las medidas sociales. Y estos permisos son un primer paso en esa dirección.
Para poder sacarla adelante este julio, los negociadores de Trabajo han tenido que rebajar las expectativas que se marcaron en el acuerdo de investidura, en el que hablaban de extender el permiso de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas y remunerar al menos cuatro de las ocho destinadas a cuidados como establece la directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo.
Ese el espíritu que incluía la Ley de Familias que aprobó el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy a principios de 2024, que establecía por un lado la ampliación a 20 semanas y por otro la remuneración de los dos primeros meses del permiso parental de cuidados. Esa ley sin embargo lleva en vía muerta en el Congreso, con más de 50 ampliaciones del plazo de enmiendas.
El acuerdo que salió del Consejo de Ministros extiende a 17 semanas y no a 20 el permiso de paternidad y maternidad. Y solo remunera dos semanas y no cuatro como indicaba el acuerdo de investidura, que, eso sí, hablaba del “objetivo de llegar a las cuatro”. No lo establecía como un compromiso definido.
En Trabajo en cualquier caso están muy satisfechos con el acuerdo y creen, a pesar de las críticas de sindicatos como CSIF, que cumple “con creces” la directiva europea de conciliación, como indicó Díaz en la rueda de prensa. La vicepresidenta argumentó que España, con la ampliación del nuevo decreto, cuenta en total con 19 semanas de permisos retribuidos y tres de lactancia que se traspusieron en la legislatura anterior. “Esto hace un total de 22 semanas, España no solo cumple la directiva sino que lo hace con creces”. Díaz indicó además que estas semanas están retribuidas al 100% y no al 65% mínimo que exige la directiva.
El SMI, siguiente objetivo
Sumar consigue así una victoria política en mitad de un escenario muy complejo para el Gobierno. Aunque las cosas han mejorado ligeramente después de que se levantara el secreto de sumario de una causa que investiga al exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro y tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por falsear los datos de su currículum en el Congreso. Sánchez aseguró este lunes que está dispuesto a agotar la legislatura e incluso anunció que presentará un proyecto de presupuestos.
En la coalición de Yolanda Díaz han recibido con agrado esa noticia, que va en la línea del giro social que han pedido a los socialistas y que intentarán concretar en el próximo periodo de sesiones. Díaz ya ha avanzado que en septiembre convocará a la comisión de expertos para analizar una nueva subida del salario mínimo. Hasta ahora, todos los intentos que ha encabezado la vicepresidenta para subir este indicador han provocado roces con la parte socialista del Gobierno y es probable que esta sea una de las próximas batallas de Trabajo con Economía y Hacienda.
Díaz también tiene pendiente la negociación parlamentaria de la ley para la reducción de la jornada laboral, que tuvo que posponer al menos a septiembre por el bloqueo de Junts. Una tarea pendiente para después de unas vacaciones en las que la vicepresidenta, todavía muy tocada emocionalmente por la reciente muerte de su padre, ya ha trasladado a los suyos que pretende desconectar del todo.
