El Ministerio de Cultura prepara un estudio sociológico que realizará una empresa privada para conocer la percepción que los españoles tienen de la cultura y del plan de derechos culturales. Este es uno de los puntos que el ministro, Ernest Urtasun, ha convertido en el centro de sus políticas desde que llegara al puesto a finales de 2023.
El 21 de febrero, el ministro anunciaba la creación de una Dirección General de Derechos Culturales –en la que estaría al frente Jazmín Beirak– y, hasta el momento, casi 15 meses después, el único punto que se ha definido, y no al completo, es un Plan de Igualdad. Ese es uno de los 13 ejes que compondrán la futura estrategia de derechos culturales. Ahora, como justificación para la misma, el Ministerio encargará un estudio sociológico a una empresa que supondrá una inversión de 69.506 euros de las arcas públicas, ya que considera que no cuenta con perfiles específicos entre sus técnicos para desarrollarlo.
Según se recoge en la memoria justificativa del contrato, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Portal de Contratación del Estado, Cultura ha abierto una licitación que le sirva para conocer «la percepción social de la Cultura y los Derechos Culturales» en España. «La cultura actúa como un vehículo para la creatividad y el pensamiento crítico, impulsando el desarrollo personal y colectivo. Sin embargo, la percepción y valorización de la cultura varía significativamente entre diferentes grupos poblacionales, siendo patente en muchas ocasiones -por diferentes razones: socioeconómicas, edad, educativas, territoriales, etc.- una cierta lejanía y desconexión», recoge esa misma memoria justificativa.
Es por eso que el departamento que dirige Urtasun ha decidido «investigar la percepción social de la cultura» a través de ese estudio que ha encargado y, a partir de «un mejor conocimiento empírico», poder «diseñar políticas públicas y campañas de sensibilización efectivas en torno al acceso y garantía de los derechos culturales de la ciudadanía». Un desembolso cercano a los 70.000 euros que, en la misma documentación, se explica que es pertinente realizar porque tanto en la Dirección General de Derechos Culturales como en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas «se carece de personal especializado para llevar a cabo la realización de estas tareas».
Este periódico ha preguntado al Ministerio de Cultura cuáles son los aspectos concretos que se pretenden conocer sobre este asunto y si este estudio está específicamente vinculado al futuro plan de derechos culturales, del que apenas se conoce el contenido, sin obtener respuesta.
Hay que recordar que el departamento de Urtasun ya se gastó algo más de 170.000 euros en una primera campaña publicitaria y otros 3,4 millones para publicitar el plan en los medios de comunicación. Apenas unos meses más tarde, según adelantó Abc, añadió otros 300.000 euros para cambiar el lema que acompaña a la estrategia. Y, mientras tanto, los meses siguen pasando y el contenido del proyecto estrella del Ministerio sigue sin conocerse. El ministro y la directora general únicamente han presentado un Plan de Igualdad que se dio a conocer el pasado mes de diciembre. Se trataba de un texto de 100 páginas; con 47 medidas, que en su mayoría eran de carácter general, y sin un Presupuesto definido.
Ahí se incluía la imposición de cláusulas de género, tal y como había adelantado este diario, pero aún no se ha establecido cómo se hará esto. También se recogía en el texto que quienes quisieran conseguir una plaza en el Ministerio de Cultura tendrían que tener «nociones básicas» sobre perspectiva de género y que los temarios de la oposición se modificarían ya desde el presente año para acoger conceptos en esa misma línea. El departamento de Urtasun advertía de que iba a «garantizar el uso de lenguaje inclusivo» al mismo tiempo que, en los exámenes, se visibilizaría «a mujeres creadoras y artistas en toda su diversidad».
