Una jueza de Madrid ha llamado a declarar como imputados a varios periodistas, entre ellos uno de elDiario.es, tras la petición de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de investigar algunas filtraciones de información en la causa del Tribunal Supremo sobre su correo. La magistrada ha citado a varios informadores para el próximo mes de octubre después de que Alberto González Amador denunciara que habían publicado las actas del registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general del Estado, la primera diligencia que puso en marcha el juez Ángel Hurtado tras asumir el caso.
Las partes del proceso que investiga la difusión de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Supremo protagonizaron un cruce de acusaciones por la filtración de información secreta de la causa el pasado mes de noviembre. El fiscal general y la fiscal provincial de Madrid se quejaron de que la prensa había recibido el informe de la Guardia Civil sobre los mensajes que ambos habían cruzado en la noche del 13 de marzo de 2024, filtración “interesada y sesgada” de un documento con “graves defectos y omisiones”.
Un día después la defensa de González Amador contestó con otra queja similar. El abogado del empresario señaló que tres medios de comunicación –El Español, El Plural y elDiario.es– habían reflejado el contenido del acta del registro practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general. La pareja de Ayuso, sin pruebas concretas, atribuyó estas “revelaciones continuas” a la Fiscalía y acusó a estos medios de “deformar la realidad procesal” y “verter manifestaciones descalificatorias” contra el Tribunal Supremo.
Las dos quejas, pasados los meses, se han traducido en dos causas penales abiertas en el juzgado número 20 de Madrid por delitos de revelación de secretos. En una de ellas, por la queja de los fiscales imputados, comparecerán la semana que viene varios periodistas de El Mundo, El País y 20 Minutos. En la segunda, por la queja de la pareja de Ayuso, han sido citados a declarar en octubre Alberto Pozas, de elDiario.es, y dos periodistas de El Español a la espera de saber si la periodista de El Plural mencionada en el escrito del empresario también es llamada a declarar.
Las actas del registro
Estas publicaciones de las actas del registro en el despacho del fiscal general de la calle Fortuny se enmarcan en un momento temprano y concreto de la causa recién concluida en el Tribunal Supremo. Cuando la acusación que encarna la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidió al juez indagar si, durante ese registro, García Ortiz había manipulado su móvil a espaldas de los agentes con la teniente fiscal del Supremo, representante de la Fiscalía en el caso.
La asociación afirmó en varios escritos que en el día del registro un testigo -posteriormente identificado como Salvador Viada, entonces líder de APIF y miembro del Consejo Fiscal- había visto al fiscal general y la teniente fiscal del Supremo en el patio central de la Fiscalía “examinando una prueba central del delito investigado”, el teléfono de García Ortiz. El juez llegó a tomar declaración a Viada, que terminó reconociendo que no tenía pruebas de que hubieran estado “manipulando” el teléfono, e incluso pidió a la Fiscalía que conservara la imagen de las cámaras de seguridad que graban ese patio, unas cámaras que no existen.
La relevancia del contenido de las actas de ese registro era múltiple. Saber si, para cuando el fiscal general y su colaboradora fueron vistos sobre las siete de la tarde en el patio, la Guardia Civil ya había terminado de examinar el dispositivo y si, además, era un dato que conociera el juez cuando se interesó por el asunto.
El contenido de estas actas, publicado por los tres medios señalados por González Amador, entre ellos elDiario.es, demostraba precisamente eso: que para cuando fueron vistos la Guardia Civil ya había terminado con el móvil de García Ortiz y que ese dato estaba en las actas y, por tanto, en poder del juez Hurtado. Una información que sirvió para explicar la verdad que había detrás de las sospechas de manipulación de pruebas y que ahora una magistrada de Madrid investiga por la vía penal a instancias del Supremo y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
