Konstantin Strukov lo tenía todo: minas de oro, cargos públicos y un avión privado de 50 millones de dólares. Pero quiso irse de rositas y la policía rusa lo cazó en el último minuto, cuando ya se disponía a volar a Turquía desde Cheliábinsk, una ciudad industrial situada en la región de los Urales. La imagen del magnate con cara de funeral en el jet recorrió los medios rusos como una señal inequívoca: el Kremlin no perdona a quien se sale del carril.
Strukov no nació con un traje de Armani ni rodeado de guardaespaldas. Empezó picando piedra en las minas y levantó un imperio a golpe de excavadora. Su joya de la corona, Uzhuralzoloto, figura ya como la tercera mayor compañía extractora de oro de Rusia, con más de 320 millones de dólares en ingresos anuales. Hasta ahí, todo bien. El lío vino cuando quiso jugar a dos bandas: seguir llenándose los bolsillos en el sector privado mientras ocupaba un cargo público. Un chollo… hasta que el Kremlin le paró los pies.
Desde el año 2000, Strukov ocupa un escaño en la Asamblea Legislativa del oblast de Cheliábinsk y, desde 2017, también ejerce como vicepresidente. La ley prohíbe a los funcionarios mantener negocios activos, pero él se las ingenió para seguir mandando. Colocó a varios familiares y colegas como testaferros y mantuvo el control sin mancharse directamente las manos. Pero esta vez no coló.
La Fiscalía General decidió actuar en julio. Impuso una prohibición de salida del país a toda la familia y, poco después, abrió un proceso para quitarles todos los activos. En total, Strukov y los suyos controlaban las participaciones en once empresas, con Uzhuralzoloto como el premio gordo. La Hacienda rusa sospecha que el oligarca llevaba tiempo sacando el dinero del país y desviándolo a cuentas en el extranjero. Y eso, en plena purga económica del Kremlin, huele a traición.
“Utilizó su posición institucional y su influencia desproporcionada sobre las autoridades locales para camuflar la propiedad real de las empresas estratégicas”, explicó una fuente de la Fiscalía a la agencia TASS. Los servicios secretos (el FSB) también se pusieron manos a la obra y registraron las oficinas del grupo minero y los despachos personales de Strukov en la región. Según la BBC, el operativo también investiga posibles delitos medioambientales y violaciones de la normativa de seguridad laboral en las minas. Han tirado del hilo hasta dejarlo sin jersey.
Cuando Putin aprieta, los oligarcas tiemblan
El caso de Strukov no va solo de codicia o de una corrupción puntual. Va de poder. De quién manda. Desde hace meses, el Kremlin ejecuta una operación quirúrgica para recuperar el control de los sectores más lucrativos del país, sobre todo los ligados a las materias primas. El fiscal general Igor Krasnov entregó a Vladímir Putin un informe con cifras claras: el Estado ha recuperado empresas por un valor estimado de 30.000 millones de dólares. Y lo hace con precisión de cirujano, empresa a empresa, oligarca a oligarca.
Solo en 2024, The Moscow Times ha contabilizado unas 70 compañías bajo intervención estatal, con ingresos que superan los 10.000 millones de dólares y activos por casi 7.000 millones. El oro interesa, y Uzhuralzoloto pinta demasiado bien como para dejarla fuera del paquete.
A eso se suma el historial internacional de la familia Strukov. La hija del magnate, Alexandra, tiene un pasaporte suizo y vive fuera de Rusia, aunque figura como propietaria de varias sociedades en los Urales. Su madre gestiona una empresa comercial en Serbia. Y el propio Strukov posee un negocio hotelero en Montenegro. Demasiados vínculos con países “no amigos” para los tiempos que corren.
“Strukov pensó que podía estar en política, ganar dinero a espuertas y protegerse tras sus contactos. Pero eso ya no funciona”, ha explicado a la BBC un exasesor del Ministerio de Finanzas. El Kremlin ha cambiado las reglas del juego y ya no basta con tener amigos: hace falta lealtad ciega. En la Rusia de Putin, quien no baila al son del poder acaba fuera del tablero de juego. Sin oro ni avión.
