Santos Cerdán cumplirá en unos días su primer mes en prisión provisional acusado de ser el cabecilla del entramado corrupto del caso Koldo: el supuesto acuerdo entre él, el exministro José Luis Ábalos y el asesor Koldo García de repartirse comisiones pagadas por empresas para las que amañaban adjudicaciones de obra pública. El instructor y la Sala de lo Penal están convencidos de que Cerdán, el hombre que lo fue todo en el PSOE, era el líder del grupo y que destruirá pruebas en cuanto sea dejado en libertad, aunque ante las primeras apariciones de dinero en su entorno, por el momento, el magistrado ni siquiera ha ordenado el registro de sus propiedades o su despacho.
La implicación de Santos Cerdán fue conocida a través de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizó en profundidad el alijo de grabaciones y mensajes que Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, guardaba en un disco duro en su casa. Diez teras de información en los que había cinco audios grabados por el exasesor mientras hablaba con Santos Cerdán de empresas, adjudicaciones y supuestas mordidas cobradas y por cobrar.
El magistrado Leopoldo Puente, que investiga desde hace meses la parte de la causa que afecta a Ábalos y su entonces asesor, se apoyó en la Fiscalía Anticorrupción para firmar el primer ingreso en prisión preventiva del caso desde que se hizo cargo el Tribunal Supremo. El juez explicó que las grabaciones intervenidas a Koldo García eran “tan explícitas” que pocas dudas le caben sobre que Cerdán, como poco, era el encargado de “percibir los premios económicos, comisiones o mordidas a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones”.
Ese 30 de junio el juez justificó el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán en el peligro de que, si seguía en libertad, destruyera pruebas comprometedoras o pudiera influir en otros testigos o imputados. El exdiputado, dijo entonces el juez Puente, tenía un “conocimiento privilegiado” de un sistema de comisiones con muchas incógnitas por despejar. Solo él, zanjaba el auto de prisión, podría “ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas”.
Los primeros indicios de flujos de dinero entre la empresa navarra Servinabar 2000, considerada clave en esta facción de la trama, y el entorno de Santos Cerdán han sido conocidos recientemente. La Hacienda Navarra ha informado al magistrado Puente de que Belén Cerdán, hermana del expolítico, cobró 22.200 euros de esta empresa. Posteriormente los investigadores han detectado que su cuñado, Antonio Muñoz, cobró 62.000 euros más de esta empresa. La comisión abierta en el parlamento navarro solicitará la lista entera de empleados de esta empresa vinculada a Cerdán y la trama.
Cerdán cumple estos días un mes en prisión provisional sin que el juez haya registrado su casa o sus dispositivos electrónicos. Por el momento se ha limitado a enviar a la UCO a la calle Ferraz para clonar su correo corporativo, ha pedido la vida laboral del exsecretario de organización del PSOE y ha puesto en marcha una pericial para certificar la autenticidad de las grabaciones que Koldo García hizo a escondidas a lo largo de los años.
Tanto el juez como la Sala de Apelaciones han dejado claro en varios autos recientes que todavía desconocen muchos detalles de la trama de supuestas comisiones en cuya cúspide ubican a Santos Cerdán, considerando necesario mantenerle en prisión hasta esclarecer esos puntos ciegos sobre el dinero: cuánto cobraron, cómo lo cobraron y de dónde salió. Por ahora el juez no ha ordenado el registro de su casa, algo que sí se hizo con el resto de acusados, tampoco después de que su familia haya anunciado que se mudan a Navarra.
Ya en su auto de prisión el juez explicaba que, en los primeros días de imputación, Cerdán todavía era diputado y eso “lo impedía”. En ese momento, dijo el magistrado, “habría podido resultar eventualmente eficaz por imprevisible”. Dando a entender, por tanto, que el juez se resigna a que cualquier prueba, de existir, haya sido destruida.
Los cálculos sobre el “botín”
La causa en la que ahora permanece encarcelado Cerdán arrancó como una escisión de la ‘operación Delorme’, investigación sobre la compraventa de mascarillas a empresas a cambio de favores y comisiones a la trama. El Supremo empezó a investigar si parte de ese trato de favor consistía en dinero u otras dádivas a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y llegó hasta Santos Cerdán cuando la UCO plasmó en un informe lo que había encontrado en un disco duro de Koldo García: conversaciones grabadas con los dos secretarios de organización del PSOE a lo largo de los años.
La Guardia Civil dejó por escrito entonces la sospecha que ahora ha esgrimido el juez para enviar a Cerdán a prisión: “Se encargaba de gestionar el monto y los pagos”. “550 y de ahí descontamos. Lo de Sevilla diré que te lo pongan por escrito y te lo doy”, decía Cerdán a García en una de esas conversaciones. Según los investigadores, se referían a las dádivas salidas de las obras del puente de Centenario de la capital andaluza.
Puente entiende que es “descartable” que Cerdán actuara “en beneficio” de Koldo García y José Luis Ábalos y sospecha que él también debió cobrar dinero, algo que el acusado niega y que el magistrado, por el momento, no ha sido capaz de encontrar. El auto incluía un cálculo intuitivo de cuál debe ser el monto total de la ilegalidad: “El botín indiciariamente obtenido, en el entorno de un millón de euros, representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”, especulaba el juez.
La Sala de Apelaciones, que supervisa todo el procedimiento y resuelve los recursos de los acusados, ha cerrado filas varias veces con el juez Puente. De alabar la “paciencia franciscana” que, aseguran, tiene el instructor para soportar algunas estrategias de las defensas, hasta el aval otorgado hace unos días a la prisión provisional de Cerdán.
Un auto que aumenta el número de incógnitas que, según los jueces, justifican la estancia del político en Soto del Real. El caso avanza, dicen, “sin que la investigación haya desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas; ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto con el recurrente; ni cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente obtenido; ni siquiera si subsisten ciertos depósitos o activos que hayan sido obtenidos con ocasión de su actividad delictiva”.
“Todavía se desconocen”, llegó a reconocer la Sala, los métodos “ocultos de pago” usados supuestamente por Cerdán, Ábalos y García para canalizar las supuestas comisiones. La intención parece, por tanto, mantener a Cerdán en prisión mientras el juez siga teniendo esas sospechas y no pueda responder a esas preguntas. La Fiscalía Anticorrupción liderada por Alejandro Luzón tampoco parece dispuesta a aliviar las medidas que pesan sobre él mientras no confiese o no aparezcan las pruebas por otro medio.
El equivalente a 65 millones de folios
La causa está pendiente, sobre todo, de lo que encuentre la Guardia Civil en el disco duro de Koldo García Izaguirre. Unos diez teras de información, que según el juez equivalen a “65 millones de páginas”, en las que los investigadores esperan encontrar claves sobre el recorrido del dinero y de las supuestas comisiones. Por el momento la lupa está puesta sobre obras muy concretas, la mayor parte adjudicadas a Acciona cuando iba en UTE con Servinabar 2000, una empresa de la que Cerdán sopesó incluso ser accionista.
Los argumentos de defensa de Santos Cerdán, por el momento, no han prosperado. Además de negar haber participado en ningún amaño y haber cobrado o distribuido comisiones, ha aludido a una persecución como consecuencia de su papel protagonista en las negociaciones con nacionalistas vascos y catalanes para la última investidura de Pedro Sánchez. Tanto el instructor como la Sala han rechazado de plano estos argumentos.
Tampoco le ha servido afirmar que el contrato privado por el que compraba acciones de Servinabar nunca llegó a ejecutarse y que fue un movimiento hecho en un momento en que no sabía si iba a continuar en política. Nada explica, asegura el Supremo, que el empresario Antxon Alonso haya guardado su copia del contrato tantos años. Ahora está por ver qué movimientos hace el juez tras descubrir, a través de Hacienda, que dos familiares de Cerdán cobraban de Servinabar 2000.
Por el momento en el Tribunal Supremo pesa más el contenido de las grabaciones que la negación de todos los imputados a reconocer cualquier tipo de amaño o comisión. Desde los empresarios señalados hasta el director general de Carreteras investigado, todos se estrellan contra el muro de los audios que Koldo García Izaguirre empezó a grabar a escondidas cuando se empezó a sentir agraviado por sus colaboradores más cercanos.
Según los investigadores la mayor parte de las comisiones, en realidad, están a día de hoy pendientes de cobro. Cerdán, según se desprende de los audios, gestionó “contraprestaciones económicas” para Ábalos y Koldo por un valor total de 620.000 euros aunque la mayor parte, 450.000 euros, estarían “pendientes de abono”. Las incógnitas, al menos por ahora, son las que llevan la delantera en la causa que mantiene en tensión diaria al Gobierno de Pedro Sánchez mientras los datos de la Hacienda navarra afloran las primeras relaciones económicas entre una de las empresas clave de la trama y la familia de Santos Cerdán.
