Un juez de Tarragona ha imputado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular Cristóbal Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde su puesto en el Consejo de Ministros que presidía Mariano Rajoy. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, acaba de levantar el secreto del sumario sobre una causa que se abrió hace siete años y que tiene como epicentro un despacho de abogados que creó Cristóbal Montoro y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente del Ministerio.
La trama que describe el juez arranca con la fundación del despacho Equipo Económico en 2008 por parte de Montoro. De Equipo Económico, afirma el magistrado, Montoro fue “socio fundador, presidente y consejero de EE [las siglas del despacho Equipo Económico] hasta abril de 2008”. Una vez Montoro llegó al Ministerio por segunda vez en 2011 –ya había sido ministro de Hacienda con José María Aznar, antes de fundar el despacho– se aprobaron una serie de normas que beneficiaban a los clientes del bufete. El juez asegura que las empresas gasísticas llegaron en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”. Una de esas modificacione alcanzó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
“Ocupó el cargo de Ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación”, dice el juez respecto a las decisiones legislativas que beneficiaron a las empresas gasísticas clientes de Equipo Económico. Esas empresas estaban agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
El juez asegura que Montoro, “presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la inciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE”, recoge el auto, cuyo contenido ha adelantado La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es. “El uso de tales postestades habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, añade el magistrado.
Para ejecutar esos actos de corrupción, Montoro habría colocado en lugares clave del Ministerio de Hacienda a personas vinculadas con el despacho de abogados. El juez dice: “Se ha constatado que el investigado [Montoro] ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aeguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen ‘a demanda’ de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello”.
Junto a Montoro están imputados nueve miembros de su equipo en el Ministerio de Hacienda, empezando por su secretario de Estado Miguel Ferré Navarrete. También están los subsecretarios Pilar Platero y Felipe Martínez Rico, el que fuera director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez, los directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Álberto García Varela, el subdirector de Tributos Locales Óscar del Amo y el asesor del gabinete del ministro Rogelio Menéndez, su director de gabinete, José María Buenaventura Zabala (condenado por las tarjetas black de Caja Madrid), además de una veintena de representantes de las empresas presuntamente beneficiadas.
El juez atribuye a Montoro y al resto de los investigados los delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de in fluencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos sin perjudicio de que estos se amplíen.
Una “organización” para enriquecerse en el Gobierno del PP
El juez expone la existencia de “una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”. “Esa trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico (EE) (antes Montoro Asociados y actualmente Global Afteli) así como en torno a los socios de hecho o derecho de la misma”, añade.
El magistrado expone una banda que recaudaba dinero en el corazón de la Administración pública a cambio de beneficiar los intereses privados de unas empresas. “A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentado, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización”, escribe el juez.
Del otro lado están las empresas gasísticas englobadas en AFGIM, que son Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. A los investigadores les consta que en al menos dos ocasiones las empresas “contrataron a Equipo Económico a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones” y que en ambos casos “se sigue el mismo modus operandi”.
El juez considera probado indiciariamente que antes de acudir a Equipo Económico las gasísticas habían probado con otras consultoras, “todo ello sin obtener resultados satisfactorios” porque la Administración no accedía a introducir las reformas que les beneficiaban. “Ante dicha negativa se acude a EE, que, en poco tiempo, y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen atendiendo a las peticiones de la AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes reembolsos”, añade el auto.
Los correos incautados: “Tienen contacto directo con Montoro”
Una de las reformas que beneficiaron a las gasísticas fue una modificación legislativa para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Para ello debió aprobarse la Ley 16/2013. Se trataba de beneficiar “exclusivamente a las gasísticas y dejar fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción”. El magistrado asegura que hay pruebas de que fue el lobby gasístico quien redactó el texto legal que se aprobó.
Unos correos intervenidos en el marco de la investigación recoge cómo las empresas, tras varios intentos frustrados, recogen la necesidad de acceder a “un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva”. “La vía más directa, como siempre es pagar a este EE que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”, añaden los correos.
Y es aquí donde entra una maniobra clave en la trama. Las gasísticas contratan también a Ernst & Young para que hiciese “el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por Equipo Económico”. Sin embargo, la factura de EE es mucho más alta que la que les gira la consultora internacional. “Hay una abrumadora diferencia de facturación entre ambas”, señala el magistrado Rus Vela.
La segunda maniobra corresponde a a una rebaja fiscal para las agasísticas en el Impuesto de Actividades Económicas a travé sde la modificación en 2018 del Real Decreto Legislativo 1175/1990. Desde finales de la década de 2010, las gasísticas querían que los Ayuntamientos donde están sus plantas les aplicasen unos impuestos inferiores a los que tributaban. Habian intentado la vía legal pero no habían obtenido resultado en los tribunales.
En las actuaciones del Juzgado de Tarragona constan dos escritos del director general de Tributos y el subdirector general en los que se recoge “la argumentación de por qué algunas de las actividades desarrolladas” por los miembors del lobby “deben estar incluidas en el epígrafe del Real Decreto, finalizando el texto con la propuesta de redactado de los epígrafes en discordia, pero no hubo éxito. Finalmente, ”y mediante pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas“ mediante modificación del IAE en la ley de de los Presupuestos Generales del Estado.
