Casi cuatro millones de hogares dedican la mayor parte de sus ingresos a pagar la vivienda y sus gastos asociados en España. Son cerca del 20% de las familias, una de cada cuatro, pero el porcentaje y el dinero que destinan a esta partida se dispara en el caso de las inquilinas. El 40% de los hogares que viven de alquiler destinan más del 30% de sus recursos a pagar la renta, que es la línea roja a partir de la que organismos nacionales e internacionales, como la OCDE, la Comisión Europea o las Naciones Unidas, consideran que se realiza un “esfuerzo excesivo”.
Estas son las conclusiones de un estudio sobre desigualdades habitacionales, elaborado por el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona, y que pone el foco en cómo estas cargas “desproporcionadas” afectan especialmente a las grandes zonas urbanas, a los adultos jóvenes, las personas migrantes, las familias monoparentales y numerosas y estudiantes, desempleados y jubilados, pero también en la repercusión de estos problemas de acceso a una vivienda asequible en las características de confort de estos inmuebles.
Según este informe, “el hacinamiento y las malas condiciones de la vivienda, como la humedad, la contaminación acústica y la falta de luz natural, los experimentan de manera desproporcionada migrantes, familias de bajos ingresos y arrendamientos urbanos”, explican desde la Universidad. “Vemos que la población se está gastando mucho (dinero) para poder alquilar sus pisos, sobre todo en grandes ciudades, como Barcelona y Madrid”, señala el investigador y coautor del estudio, Austin Matheney.
La paradoja es evidente. Decenas de miles de familias dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler de una vivienda que, sin embargo, no tiene las condiciones de confort óptimas. En total, el estudio sitúa la pobreza energética en el entorno del 28%, citando datos de la Alianza contra la pobreza energética. “España tiene actualmente una de las tasas más altas, si no la que más, de la Unión Europea y se ha duplicado desde 2018, a pesar de las políticas de apoyo reciente, como los subsidios para las facturas de energía o el ingreso mínimo vital, que impide cortes de electricidad a los hogares vulnerables”, señalan.
Las desigualdades pueden medirse desde varios ejes, pero los enfoques para resolverlas deben ser transversales. “Una cosa es el coste y la accesibilidad a la vivienda y otra, el confort térmico. Son dos tipos de desigualdad, el problema es que para mejorar el segundo no estamos mejorando el primero e, incluso, estamos empeorándolo”, indica otro de los coautores, Brian Rosa. La clave está en las ayudas a la rehabilitación energética de un parque de viviendas que, en su mayoría, han sido levantadas antes de 1980 y que presentan, en muchos casos, problemas de eficiencia, pero que no permean en el grueso de la población o en las familias inquilinas, sin acceso directo a ellas o que pueden ver subir sus alquileres al término de sus contratos ante mejoras ejecutadas con estos fondos.
El envejecimiento del parque de viviendas afecta también a las zonas rurales, azotadas por el declive demográfico. “La ineficiencia energética es una preocupación importante, puesto que aumenta el coste de los servicios públicos y contribuye a la creciente tasa de pobreza energética en España”, señalan.
El Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) publicó en 2023 un informe en el que analizaba la cobertura de los bonos energéticos por renta y tipo de familia. El think tank concluía que, en aquel momento, solo alcanzaban al 8,3% de los hogares, pese a que más del 14% aseguraba que tenía problemas para mantener su casa con una temperatura adecuada, encender la calefacción en invierno o utilizar el aire acondicionado en verano. El estudio sugería además que eran las familias en mejor situación económica las que más accedían. En concreto, aquellas “con mayor disponibilidad de tiempo e información para lograr este tipo de bonos cuentan con una mayor probabilidad de poder conseguirlos”, indicaban
El estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el marco del proyecto europeo ReHousIn, apunta también a un “crecimiento preocupante tras años de relativa estabilidad” de los impagos hipotecarios, que en 2024 alcanzaron el 3,4%. “Desde la recuperación de la covid-19, la morosidad hipotecaria se ha mantenido bastante baja, con tan solo el 2,6% de los hogares en mora en 2022 y el 2,3% en 2023. Sin embargo, las subidas de tipos de interés en 2023 y 2024 expusieron a muchos hogares con hipotecas a plazo fijo a fuertes fluctuaciones, que han elevado la morosidad en 2024”, indica el informe.
Con la bajada de tipos que comenzó en junio de 2024, la situación ha ido estabilizándose, en parte también por la poca capacidad de muchos trabajadores para acceder a financiación bancaria. De hecho, el último informe de la situación financiera de los hogares y las empresas del Banco de España, publicado este lunes, apunta a una “vulnerabilidad financiera” de las familias en mínimos desde que hay registros, a principios de este siglo. Además, el regulador señala que “el indicador que aproxima el grado de accesibilidad a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria apenas habría experimentado una ligera mejoría en el primer trimestre de 2025, por lo que persiste el endurecimiento acumulado durante el periodo 2022-2023”.
Entre las palancas que disparan el esfuerzo que los hogares dedican a la vivienda, el estudio señala los alquileres de temporada, los turísticos, la especulación inmobiliaria y los procesos de gentrificación que expulsan a los vecinos de los centros urbanos de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca. “En Barcelona, al menos el 40% de los nuevos contratos de alquiler son de temporada, con un impacto muy fuerte en el mercado”, indica Rosa. “Estos números reflejan las luchas diarias de las familias, los jóvenes y los ancianos que están siendo empujados a los márgenes del mercado de la vivienda”, indica Matheney.
El Ministerio de Vivienda puso en marcha un registro de alquileres de corta duración, obligatorio para todas las viviendas de uso turístico o de temporada que quieran anunciarse en plataformas y que tienen que demostrar que cumplen con la legalidad. A 4 de julio, se habían realizado más de 255.000 solicitudes, unas 200.000 de alquiler turístico, que se concentran en Andalucía, Balears, Canarias, Catalunya y Comunitat Valenciana. Destaca, por lo bajo, Madrid, con solo 2.641, pese a que Consumo detectó más de 15.000 ilegales. “Son ilegales y, por tanto, no se pueden anunciar”, verbalizó la ministra Isabel Rodríguez.
Entre las medidas propuestas para atajar estas desigualdades en el acceso a la vivienda y en el mantenimiento del confort térmico de la misma, los autores proponen desde aumentar el parque público de viviendas en alquiler, sobre todo en los centros urbanos donde las zonas tensionadas aprietan más, y reformar los incentivos fiscales para desalentar la especulación y promover los alquileres a largo plazo, así como impulsar la rehabilitación y la eficiencia energética, desarrollando estrategias por regiones.
