El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este jueves que España se una a la Junta de Paz para Gaza presentada en Davos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la iniciativa impulsada por el magnate republicano “está fuera del marco de la ONU”, además de no haber «incluido a la Autoridad Palestina» entre los países propuestos por el inquilino de la Casa Blanca.
Pedro Sánchez ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas, al término del Consejo Europeo extraordinario en el que los Veintisiete han abordado, entre otros asuntos, las últimas iniciativas internacionales de Donald Trump que la decisión del Ejecutivo español se ha tomado después de semanas de reflexión interna y ha apelado a la «coherencia» del Gobierno para desmarcarse de una propuesta concebida inicialmente para supervisar el alto el fuego en Gaza y que ahora Washington quiere ampliar a otros conflictos globales.
«El Gobierno de España mantiene un compromiso claro con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho a la libertad”, ha señalado el presidente. En ese marco, Sánchez ha subrayado que «el futuro en su conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos”, además de que la coexistencia pacífica y segura con Israel debe resolverse “fundamentalmente entre Israel y Palestina, en un proceso dialogado en el que se implemente la solución de los dos Estados, que también permita la entrada de ayuda humanitaria y garantice la paz”.
La negativa española se produce en un contexto de creciente debate internacional sobre el alcance y la naturaleza de la Junta de Paz promovida por Trump. El organismo apunta, según varios analistas, a un orden internacional más crudo y transaccional, en el que la legitimidad multilateral cede terreno frente a la fuerza y los equilibrios de poder. De imponerse como alternativa a la Naciones Unidas, advierten, la ONU quedaría aún más debilitada y relegada a un papel casi simbólico.
Trump firmó en Davos el acta de constitución de la Junta, que ya cuenta con la adhesión de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto. Otros países, como Francia, Noruega y Suecia, han optado por no sumarse. El estatuto de este nuevo organismo le otorga amplios poderes a su presidente (derecho de veto y contenido de la agenda), además de prever puestos permanentes a los principales contribuyentes financieros.
“La Junta de Paz que ha esbozado Estados Unidos no representa, en términos de derecho internacional, una alternativa seria a la ONU. Se parece, más bien, a un club de países con mucho poder», ha señalado a Reuters el analista Richard Gowan, del International Crisis Group. A su juicio, que Washington impulse este organismo “evidencia que no se toma muy en serio el ecosistema de la ONU” y contribuye a restarle credibilidad y autoridad.
La reacción de la ONU ha sido prudente, aunque distante. Reconocen dudas sobre esta propuesta de Donald Trump y temen que funcione como un “coto privado” de los países que estén alineados con la voluntad de Washington. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha descrito esta Junta de la Paz como un ente «amorfo», antes de precisar que el organismo que preside solo se ciñe a su mandato, a la Carta de la ONU y a sus propios mecanismos.
Trump, por su parte, ha defendido en Davos que el mundo es gracias a su liderazgo «más rico, seguro y pacífico», convencido de que la combinación de la Junta de la Paz y la ONU en Gaza sería “algo único en el mundo”. Para Gowan, ese planteamiento envía el mensaje de que EEUU no piensa tener en cuenta la diplomacia multilateral y refleja una visión del mundo basada en “concentrar demasiado poder en una sola persona para minar la idea de que las decisiones se toman por consenso”.
Organizaciones como Human Rights Watch coinciden en fijar el foco en la necesidad de una ONU más fuerte, “no un organismo liderado por un solo presidente” que se olvida de hacer referencias a los derechos humanos en sus estatutos, además de concentrar una autoridad difícil de someter a control. El riesgo, advierten, es que se consolide un sistema internacional “fragmentado y volátil”, en el que las normas compartidas se sustituyan por la ley del más fuerte.
