El expresidente ejecutivo y miembro de la familia fundadora del grupo siderúrgico de Celsa, Francesc Rubiralta, asegura que ni él ni su familia han sacado “ni un euro” del crédito intragrupo por valor de 504,55 millones, cuyo cobro reclaman los actuales propietarios de Celsa a su antiguo administrador, sino que dicha cantidad se reinvirtió en el grupo Celsa; y añade que los fondos acreedores, hoy propietarios, pudieron reclamarlo y no lo hicieron.
Rubiralta se ha enfrentado este lunes, en el juzgado mercantil número 5 de Barcelona, al juicio por la demanda interpuesta por Inversiones Pico Espadas, una sociedad holding del Grupo Celsa, contra su antiguo administrador, al que acusan de conductas contrarias a su deber, en particular por no declarar vencido ni tampoco reclamar, entre 2020 y 2022, el pago de este crédito intragrupo.
El origen de la demanda son unos préstamos –966 operaciones transacciones entre 2006 y 2009 según el périto de KPMG– concedidos por una sociedad del grupo Pico Espadas a empresas patrimoniales de los Rubiralta por valor de 482 millones de euros (hoy 504,5 millones, teniendo en cuenta los intereses). La garantía de ese crédito eran las acciones del grupo.
Celsa consideraba que esos más de 500 millones son incobrables, ya que las sociedades patrimoniales no tienen activos y están en liquidación, y por eso presentó la demanda.
La empresa siderúrgica es propiedad de los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean desde septiembre del 2023. Estos fondos adquirieron en 2022 la deuda de la compañía a un grupo de entidades financieras, entre las que estaban CaixaBank y Banco Santander. Un año después, un juez mercantil homologó un plan de reestructuración, es decir, avaló que los acreedores de la compañía convirtiesen su deuda en capital, lo que supuso apear a la familia Rubiralta en la propiedad.
En una Junta de Accionistas celebrada en junio de 2024 Celsa acordó emprender acciones legales contra Rubiralta para hacer lo posible para recuperar estos préstamos.
A preguntas tanto de sus abogados como de la parte demandante, Rubiralta ha argumentado que cuando se hizo cargo de Celsa como presidente y consejero delegado a finales de 2010, tras la muerte de su padre, y que entre 2006 y 2009, cuando se originó este crédito objeto de la demanda, él estaba en el Reino Unido. “Yo no estaba allí”, ha dicho.
No obstante, Rubiralta ha asegurado que los acreedores financieros del grupo “no reclamaron” el pago de este crédito ni en 2010, cuando se prorrogó, ni en 2013, cuando se acordó una refinanciación de deuda, ni tampoco en 2017, cuando se pactó una nueva refinanciación del pasivo del grupo.
Tanto las sociedades patrimoniales de la familia Rubiralta como la sociedad de Pico Espadas, que es una sociedad instrumental creada entre los propietarios y las sociedades operativas de la siderúrgica, tenían como activos las acciones del Grupo Celsa, y Rubiralta ha dicho que los acreedores tampoco reclamaron responder con las acciones de Celsa al pago de ese crédito.
“Se me reprocha algo que los acreedores podrían haber hecho perfectamente”.
El antiguo presidente ha defendido ante el juez que estos créditos intragrupo se reinvirtieron en el grupo, aunque no ha detallado concretamente en qué. “Todo se reinvirtió en el grupo, en ampliaciones de capital y en operaciones en el extranjero”, ha dicho. “Dígame tres o cuatro usos de este dinero. Si existen, fenomenal”, ha preguntado el letrado, y el acusado solo ha citado una inversión de 150 millones en Reino Unido de la que dice estar “convencido que salió de estos fondos”.
La acusación considera que el crédito intragrupo es una salida de caja de la siderúrgica “para uso particular de la familia Rubiralta” y “ajenos al objeto social de Celsa”, como ampliaciones de capital de sociedades particulares o el pago de 212 millones en concepto de compensación cuando el imperio Celsa-Werfen se rompió y Francisco Rubiralta indemnizó a su hemano José María para sellar la pazo
Pero en 2006 el imperio se agrietó y ambos hermanos separaron los negocios. La compra de la empresa finlandesa de acero Fundia a finales de 2005 por parte del hijo mayor de Francisco, Francesc Rubiralta Rubió, a espaldas de José María y sin seguir los protocolos familiares que regían el gobierno de ambas empresas, fue el detonante. La traumática ruptura implicó que José María vendiera su parte de Celsa a Francisco y se quedara con el 100% de Werfen y viceversa.
La operación no fue nada fácil, puesto que, aunque Werfen era más rentable, el tamaño y el volumen de ingresos de Celsa era cuatro veces y medio mayor: en aquel momento Celsa facturaba 2.800 millones de euros y Werfen, 600 millones. Según contaron entonces fuentes próximas a los dos hermanos, Francisco habría pagado una cantidad no especificada de dinero a su hermano como compensación y sellar la paz. La relación entre ambas familias jamás ha vuelto a ser igual, según su entorno, y la evolución de los dos negocios tampoco.
