Red Eléctrica (REE) ha situado este miércoles el inicio del histórico apagón del pasado 28 de abril en el “mal funcionamiento” de una planta fotovoltaica en Badajoz que la empresa, de la que el Estado es el mayor accionista con el 20%, tiene “perfectamente identificada”, pero no revela por cuestiones de “confidencialidad” y que fue la que provocó una “oscilación forzada de frecuencia” que el informe del Gobierno presentado el martes por el Gobierno considera anómala.
En una rueda de prensa en la sede en Tres Cantos (Madrid) de Redeia, matriz de la empresa, para presentar su informe sobre el apagón, la directora general de Operación de REE, Concha Sánchez, ha situado el inicio del incidente en “las 12 de la mañana” del 28 de abril y ha descartado responsabilidad de la empresa en el histórico cero peninsular.
Según ha explicado Sánchez, media hora antes del apagón la situación del sistema era “absolutamente normal”. “Nada teníamos de indicios de lo que después iba a suceder”. Pero a las 12.03 “el sistema empezó a sufrir” una “oscilación forzada de frecuencia” que provocó “una bajada del nivel de tensión” y una fluctuación “muy importante” que se prolonga durante casi cinco minutos y requiere actuar “de forma inmediata” porque es una situación “peligrosa”: hay que cambiar la forma en la que opera la interconexión con Francia, que deja de funcionar en corriente alterna y pasa a consigna fija, “algo que se hizo de acuerdo con RTE”, su homóloga francesa.
A continuación se observa una alteración “importante” en una línea eléctrica en Badajoz y se decide reducir el intercambio con Portugal. Pero la oscilación “se vuelve a reproducir” a las 12.16. “Seguimos desconectando reactancias para mejorar el nivel de tensión en el sistema”.
Procede de una “planta fotovoltaica que denominaremos A en la provincia de Badajoz”, que está “conectada a la red de transporte”. Según Sánchez, esa oscilación “inequívocamente” se debería “a un mal funcionamiento de los controles internos” de la planta. Pero esta cuestión “lógicamente deberá ser aclarada por el propietario”.
Tras esas oscilaciones anómalas, se observa un “crecimiento anómalo” de la demanda que “en realidad es una desconexión de generación” empiezan a desconectarse 700 MW de pequeñas instalaciones sobre las que REE, ha asegurado, no tiene visibilidad, incluyendo plantas de autoconsumo.
A continuación el flujo de la exportación se “reduce”, siguen incrementándose las tensiones y se produce el disparo de generación en una subestación en Granada. Empiezan a sucederse desconexiones, incluyendo otra de 582 MW en Badajoz, y cuando ya se han desconectado más de 2.000 MW en la red de transporte y “un volumen considerable” en redes de distribución “ya no fue posible que el sistema mantuviera sus niveles de tensión”. Pero hasta ese momento “no podemos hablar de sobretensiones” porque, ha asegurado, estaban en los valores que fija la normativa.
Otro aspecto muy “relevante” es la “insuficiencia de recursos” para controlar la tensión, porque no hubo un “cumplimiento” de las obligaciones de control de tensión de los generadores que deben prestar este servicio. “No hubiéramos tenido apagón”, ha afirmado. Y “que hubiera un grupo más acoplado en el sistema no hubiera cambiado las cosas”, en referencia al informe del Gobierno que destaca que la potencia de reserva estaba en mínimos de 2025, que la víspera un ciclo combinado se declaró indisponible y REE no lo sustituyó.
Sánchez ha urgido a que se apruebe el servicio de control de tensión que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analiza aprobar desde hace cinco años.
Se trata de un procedimiento que según el propio súperregulador está obsoleto y que REE le propuso en 2021. La propia CNMC planteó cambiarlo en 2019 y en 2022, reconoció “problemas continuos de control de tensión” pero los abordó con un proyecto piloto.
REE ha presentado el informe sobre el apagón que exige al operador del sistema la normativa vigente (un procedimiento de operación de 2019) cuando se produce un incidente de “especial relevancia” como este, con un plazo máximo de 60 días y medidas a tomar para que no se repita. Se trata de un documento “complementario” al del Gobierno, ha explicado la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor.
REE ha sido señalada en el informe del Gobierno (que reparte culpas entre el operador del sistema) por una “mala planificación”, en expresión de la vicepresidenta Sara Aagesen, de la potencia reserva en el mercado conocido como de restricciones técnicas.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha explicado que es “clave” tener en cuenta que el operador debe ejercer sus funciones con “transparencia, objetividad y eficiencia económica”: “al mínimo coste”, como ha subrayado la directora general de Operación de REE. La empresa “no gestiona las redes de distribución” ni las redes privadas de evacuación de generación, ni los centros de control vinculados al resto de operadores, aunque “evidentemente” hay “una coordinación en la previsión y la operación” del sistema.
La empresa ha elaborado su informe con la información disponible “hasta donde alcanza la observabilidad el operador del sistema”. El resto de operadores, ha explicado Corredor, han facilitado “información parcial”, a veces sin “la calidad deseable”, sin entregar “siempre” los datos remitidos y con las compañías “especificando su carácter de confidencial”. Por eso, como el informe del Gobierno, el contenido se va a publicar “anonimizado” y se ha presentado este miércoles en un acto “al que no estamos obligados” y “en aras al interés general”.
“No es nuestra competencia la depuración de responsabilidades”, que “corresponde a las autoridades que están investigando”, la CNMC, ENTSO-E y la Audiencia Nacional, ha dicho Corredor.
Respecto al informe del Gobierno presentado este martes, Corredor ha recalcado que REE autorizó que “todos los datos” que le afectan “se hagan públicos” y el sector privado no: “Es evidente que no todos los agentes del sector han hecho lo mismo”. Desde el 1 de mayo REE ha realizado 57 envíos de informes, algunos compuestos por decenas de documentos, al comité que investiga el apagón, de forma “adicional” a la información de la denominada “caja negra” del sistema eléctrico.
