“Prefiero que no se deje por escrito este tipo de valoraciones sobre si la subida de impuestos debe ser paulatina o rápida, estos papelitos los carga el diablo”. Quien escribe este correo electrónico el 23 de febrero de 2014 es Miguel Ferre, por entonces secretario de Estado de Hacienda en el Ministerio que dirigía Cristóbal Montoro. En aquellas fechas se estaba cocinando una reforma tributaria de gran envergadura, de la que terminarían beneficiadas las empresas gasísticas que pagaron a Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro, para que defendiera sus intereses en el Ministerio. No hubo subida (ni paultina ni rápida) sino rebaja de impuestos para estas sociedades.
El juez de Tarragona Rubén Rus, que ha investigado el caso durante siete años y atribuye una pluralidad de delitos a Montoro y a sus cuadros de mando del Ministerio y del despacho privado que fundó, tiene en el foco dos rebajas fiscales que logró la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) en 2014 y 2018 tras pagar a Equipo Económico. El magistrado cifra en 779.705 euros los pagos de cinco empresas (Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) y de la propia patronal al despacho del exministro entre 2011 y 2019.
En concreto, AFGIM abonó en marzo de 2014 la cantidad de 270.000 euros más IVA al despacho Equipo Económico a cambio de un informe de 12 páginas, la mitad de las cuales se elaboraron con la información aportada por la propia patronal. Según los cálculos de los investigadores, el ahorro tras la modificación legislativa fue de unos 4,7 millones de euros.
El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, constata que la patronal gasística logró sus objetivos gracias al contacto directo que Equipo Económico tenía con el Ministerio, al que tras la victoria del PP en 2011 se incorporaron varios de sus integrantes. Las pesquisas señalan que los miembros de AFGIM tenían conocimiento del estado de los procesos legislativos antes que el Congreso, y que incluso pudieron trasladar la redacción concreta de los cambios tributarios al Ministerio.
La investigación extiende esas mismas prácticas a sectores como el juego (con Codere como cliente destacado), las renovables (con Abengocia, Solaria o Gamesa, entre otros) o las empresas papeleras (Ence), que también pagaron a Equipo Económico en busca de modificaciones legales favorables. Pero todo empezó con el gas.
“Al Ministerio le preocupa”
AFGIM tenía un objetivo en 2013: que la trasposición de una directiva europea comportara una rebaja del 85% en la base liquidable del Impuesto sobre la Electricidad. Las gestiones que la patronal hizo con el grupo parlamentario del PP no tuvieron éxito, por lo que a finales de año la entidad decidió recurrir a un despacho “con acceso al Ministerio”. Así empezó la relación con Equipo Económico.
La rebaja fiscal que no se logró el año anterior se consiguió en 2014 en solo tres meses. La incautación de miles de correos de Hacienda y de las empresas ha permitido a los Mossos d’Esquadra fijar dos encuentros claves para explicar la rebaja de impuestos: el 4 de marzo y el 21 de abril de 2014, representantes de AFGIM se reunieron, según la investigación, con el entonces ministro y el entonces secretario de Hacienda, Cristóbal Montoro y Miguel Ferre.
Tras este último encuentro, uno de los directivos de las gasistas señaló en un correo electrónico que Ferre “ha comentado que agradecerían nuestra ayuda en cuanto a la redacción de la modificación de ley, o sea a la redacción del BOE”. En junio de 2014 se aprobó el anteproyecto de ley “contemplando los intereses de las gasistas”, concluyen los Mossos d’Esquadra.
El informe de los Mossos d’Esquadra también remarca que los altos cargos de la administración eran conscientes de que cualquier cambio en la ley “podía afectar económicamente a la recaudación de la administración vía impuestos”. Así se desprende, según la policía catalana, del correo que Ferre al entonces director general de Tributos, Diego Martín-Abril. Se trataba de la respuesta a un correo anterior que incluía una propuesta de reforma del sistema tributario de impuestos a la energía (gas y electricidad) y medioambientales que no ha podido ser leída por los Mossos, pero que en varios correos se concluye que es un tema a tratar “con total confidencialidad”.
En mayo de 2014, en otro intercambio de correos, el director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, explicó a Martín-Abril que apostaba por contar con “beneficios en la exención parcial aplicable a gases, en su caso papeleras”, pero, al mismo tiempo, advertía de que la “extensión de criterio de sector metalúrgico” requeriría de reuniones con el Ministerio de Industria. Para los Mossos, esto muestra “la intención de la administración de limitar la ley a un sector concreto”, el del gas.
Una impresión que compartía uno de los directivos de las gasistas, que tras una reunión con Hacienda en abril manifestó en un correo a otros empresarios “la impresión de que al Ministerio le preocupa que si la ley se modifica […] se abra una ventana por la que se puedan colar otros sectores”.
La conclusión de los Mossos es que la cúpula de Hacienda “prefirió obviar, e incluso ocultar” el impacto tributario de las reformas, que solo en 2015 provocaron que se dejaran de ingresar 89 millones de euros, y que tuvieron que ser enmendadas en 2017 para revertir el agujero fiscal.
“Entrar en contacto con EE”
Tras el éxito de 2014, la junta directiva de AFGIM decidió volver a contratar a Equipo Económico. En esta segunda parte, el cambio pretendido (y obtenido) consistió en una modificación de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas que permitió a las empresas obtener una rebaja fiscal. El dinero de esos impuestos iba en parte destinado a los ayuntamientos donde las empresas tienen plantas de fabricación de gas.
A lo largo de 2015 y 2016, la AFGIM había recurrido a la consultora Ernst & Young para que ejerciera de lobby ante el Ministerio y lograra la reducción de impuestos. Pese a las numerosas reuniones y gestiones, que incluyeron un encuentro con el subdirector de tributos locales del Ministerio, Óscar del Amo (cesado este viernes), no se conseguía el objetivo. Los Mossos d’Esquadra destacan que la consultora devolvió 18.150 euros a la patronal al no lograr su meta.
El secretario general de AFGIM, Carlos Romero, expresaba su desazón en un correo enviado en octubre de 2016 a sus asociados y al socio de Ernst & Young encargado de la interlocución con el Ministerio. Del Amo, según la versión de Romero, le había trasladado en conversación telefónica que no existía “vehículo normativo” para la rebaja fiscal deseada ante la incertidumbre política para aprobar los Presupuestos. “Lamentablemente, eso es todo”, agrega.
Según se expone en el acta de la junta de la AFGIM de diciembre de 2016, la última reunión entre representantes de la consultora, la patronal y Del Amo, celebrada un mes antes, también había terminado “sin éxito”. Las empresas gasísticas decidieron entonces “entrar en contacto en EE para tener otra opción abierta por si resulta necesario”, según reflejaron ellas mismas en el acta de su junta directiva.
Un mes y medio después, en febrero de 2017, Romero presenta a sus asociados la oferta de Equipo Económico. Según trasladó el secretario general de AFGIM, el despacho del exministro había trasladado que “no existían grandes posibilidades” de obtener la rebaja fiscal, “pero que estarían atentos a las posibilidades que se pudieran ofrecer”. A cambio, el bufete reclamaba 60.000 euros para una “primera fase de los trabajos”.
La presidenta de la asociación gasista reclamaba “dejar más acotado” la prima para Equipo Económico en caso de éxito de la “segunda fase”, pero el despacho consideró más adecuado “ir perfilando y matizando los posibles contenidos” a lo largo del primer año. Finalmente, las empresas gasísticas acordaron la colaboración con Equipo Económico con, a propuesta de Romero, “los mismos criterios que se usaron cuando se gestionó el análisis y estudio de la incidencia del impuesto eléctrico” en 2014.
La entrada en escena de Equipo Económico acelera unos cambios que hasta entonces parecían imposibles. En septiembre de 2017, el socio del despacho fundado por Montoro, Manuel de Vicente Tutor (que en el pasado había trabajado en la Agencia Tributaria), considera los Presupuestos Generales del Estado la mejor opción para la rebaja fiscal (una vía que el subdirector de tributos locales del Ministerio había cerrado el año antes a las empresas y que fue la antesala de la contratación de Equipo Económico).
La evolución de los trabajos queda constatada en el acta de la junta de AFGIM de octubre de 2017. “El subdirector de impuestos locales [Del Amo] contactó telefónicamente con el secretario [Romero] para aclarar unas dudas que tenían en relación con la propuesta de redacción”, reza el documento, que para los Mossos d’Esquadra resulta muy relevante para demostrar el grado de influencia de Equipo Económico en la administración. Esa llamada telefónica infiere, según la policía catalana, que fue “la propia AFGIM quien elaboró e hizo llegar a la subdirección” la propuesta de rebaja impositiva.
Los Mossos también destacan que ese acta es seis meses anterior al primer borrador de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que AFGIM “conocía de primera mano el redactado de la anhelada modificación” del Impuesto de Actividades Económicas medio año antes que el Congreso. La razón: fue la propia AFGIM la que redactó los cambios gracias “al apoyo de quien tenía capacidad de influencia en la subdirección: Equipo Económico”.
Así se constata en el intercambio de correos entre De Vicente Tutor y la AFGIM: el texto que finalmente aprueban se corresponde “exactamente”, destacan los Mossos, con la rebaja del IAE aprobada en los Presupuestos de 2018 y que sigue en vigor a día de hoy.
Los Mossos d’Esquadra calculan el beneficio que comportó la mejora legislativa obtenida en 2018 para una de las empresas asociadas a AFGIM. Según los cálculos de la policía catalana, Carburos Metálicos obtuvo una “variación anual de la carga impositiva” en el IAE de 438.276,50 euros. Un ejemplo, concluyen los Mossos, de que el cambio legislativo supuso “un menoscabo para las arcas públicas”.
