El runrún no se queda en Zaragoza y alcanza las fronteras europeas: el propio comisario comunitario de Prosperidad y Estrategia Industrial ha advertido de que las inversiones chinas en la Unión no pueden emplear solo personal y proveedores vinculados con el país asiático. Las declaraciones del francés Stéphane Séjourné –“no está bien emplear componentes chinos y personal chino”– empiezan a encajar con lo sucedido en el último año con el proyecto de gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza). La factoría coloca este miércoles su primera piedra tras una tramitación exprés, con un secretismo máximo sobre las conversaciones y dudas por la ‘externalización’ de todo el capital inicial: los trabajadores que van a llevar a cabo la construcción serán chinos y, además, tampoco los proveedores serán locales (o no todos).
El primer anuncio se dio hace menos de doce meses: el 10 de diciembre de 2024, Stellantis y CATL anunciaron una ‘joint venture’ construir una planta de baterías de litio hierro fosfato (LFP) a gran escala en Figueruelas (Zaragoza), donde Opel empezó a operar en 1982 con el Corsa. La inversión, 4.100 millones de euros, con el objetivo de iniciar la producción a finales de 2026 y alcanzar una capacidad de hasta 50 GWh.
Clave en este acuerdo privado fue también la ingente inyección de capital público: en total, el grupo Stellantis ha sido adjudicatario de casi 300 millones a través de convocatorias del Perte VEC para la reconversión de la planta, entre otros proyectos.
Para impulsar la planta, el Gobierno de Aragón ha echado mano de una herramienta administrativa que agiliza los plazos al máximo y de paso mutila los ingresos municipales, ya que exime del pago a los ayuntamientos del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO): la figura del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Solo así ha sido posible que la aprobación definitiva –y parcial– se produjera el pasado 12 de noviembre por el Consejo de Gobierno.
Las primeras dudas surgieron cuando trascendió que la plantilla destinada a construir la planta, hasta un total de 2.000 trabajadores en rotación, sería de origen chino. Un contingente de empleados al que hay que dar cobijo en los municipios del entorno, para lo que la empresa deberá levantar alojamientos en tiempo récord.
Una empresa rumana
Y ahora se ha conocido que tampoco la construcción de la planta se quedará del todo en Aragón. De hecho, la encargada de llevar a cabo la cimentación y levantar dos de las naves, con un coste presupuestado en unos 33 millones, será la firma rumana Synergy Construct, como informó días atrás ‘Heraldo de Aragón’. Precisamente CATL ya acudió a esta compañía con la fábrica de baterías que ha impulsado en Febrecen (Hungría), algo que consta en su propia web.
Este hecho ha generado cierto malestar en el colectivo empresarial aragonés, ya que se aspiraba al menos a concentrar la construcción de la gigafactoría.
Synergy, eso sí, está ya buscando numeroso personal en origen, entre ellos coordinadores, contables, ingenieros de compras y técnicos de prevención de riesgos laborales, tal y como se puede comprobar en páginas de empleo.
Mientras, la aragonesa Consolis-Tecnyconta será la encargada de construir la estructura y tres edificios auxiliares.
La aprobación definitiva parcial del PIGA, publicada este lunes y denominada Proyecto Toro, apunta a un coste de 42,4 millones para la nave que va a cimentar Synergy, una de las principales empresas de fabricación de celdas. Con una superficie de más de 15 hectáreas, se levantará en un plazo de nueve meses. El propio PIGA incorpora la licencia de obras, con lo que los trabajos pueden arrancar de manera inmediata.
Retraso de los empleados chinos
En cuanto a los empleados chinos, pese a que se esperaba que empezaran a llegar en octubre, los plazos se retrasan. En conjunto se prevé echar mano de unos 2.000 trabajadores, pero en realidad se contempla un máximo de 800 a la vez, por lo que la presión residencial será menor de lo previsto.
La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ya informó tras el último Consejo de Gobierno de este retraso: “Su llegada podemos cifrarla en 2026”, manifestó. Se articulará con un mecanismo novedoso en España: el marco legal que incorpora la ley de Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos para iniciativas de este calado. El proceso de selección se llevará a cabo en China, mientras que la tramitación de la documentación se hará en bloque y apalabrado en origen.
Queda por conocer quién será la contratista para construir los alojamientos, que también según ‘Heraldo’ tendrán un coste de entre 5 y 10 millones. Aunque las ubicaciones ya están seleccionadas, ni el Gobierno de Aragón ni la empresa las han revelado. Consistirán en edificios con alojamientos compartidos de entre 18 y 20 metros cuadrados y con zonas comunes.
Los plazos, en todo caso, aprietan. Los promotores aspiran a que la factoría esté al 30% de su capacidad en 2028, aunque para el próximo año la ‘joint venture’ pretende iniciar de forma inicial la producción de baterías. Mientras, para 2029 está prevista la segunda fase, con un 65% de capacidad, y para 2030 la operativa deberá ser ya completa.
