La política migratoria de Donald Trump vuelve a endurecerse. Y esta vez el foco no está únicamente en la frontera, las redadas del ICE o las deportaciones, sino también en algo que ocurre mucho antes de pisar Estados Unidos: conseguir permiso para entrar en el país.
La Administración estadounidense ha acumulado durante los últimos días nuevas restricciones que afectan a diferentes tipos de visados y de inmigrantes. Hay suspensiones de citas, nuevas fianzas económicas, posibles cancelaciones de permisos y mayores requisitos para quienes quieran viajar, trabajar o establecerse en Estados Unidos.
Todo ello mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa incrementando su actividad. Según datos recopilados por las universidades de California Berkeley y UCLA, julio terminó con 49.571 detenciones, la cifra mensual más alta desde que Trump comenzó su segundo mandato.
La ofensiva migratoria, sin embargo, está encontrando un obstáculo que se repite desde que el republicano regresó a la Casa Blanca: los tribunales.
Suspensión de citas en todo el mundo
Uno de los últimos movimientos ha llegado desde el Departamento de Estado, que anunció este miércoles la suspensión temporal de las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo.
La explicación oficial es que el parón permitirá formar al personal consular en los nuevos procedimientos.
El momento elegido ha generado, sin embargo, una nueva batalla judicial. Apenas unos días antes, el 21 de agosto, una jueza federal de Nueva York había anulado la suspensión de la tramitación de estos visados para ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida era "contraria a la ley" y que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
La reacción de las organizaciones defensoras de los inmigrantes no se ha hecho esperar.
Familias afectadas y grupos de asistencia legal han regresado al mismo tribunal para pedir que obligue a Rubio a cumplir la resolución. Los demandantes sostienen que el Gobierno estaría adoptando medidas que, en la práctica, permiten mantener la suspensión pese al pronunciamiento judicial.
En su escrito llegan a advertir de que existen "serias preocupaciones" sobre si la Administración está intentando eludir la orden judicial.
Hasta 20.000 dólares para entrar como turista
Las restricciones no terminan en los visados de inmigrante.
La Administración Trump ha impuesto también fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares a solicitantes de determinados visados de turismo y negocios procedentes de 50 países, principalmente africanos, aunque la lista incluye igualmente a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La filosofía conecta con otra de las políticas que Trump ya impulsó durante su primer mandato: la denominada "carga pública", con la que se pretende limitar el acceso a la residencia permanente a inmigrantes que el Gobierno considere que podrían acabar dependiendo de determinadas ayudas públicas.
Todavía más elevada es otra de las cantidades anunciadas esta semana.
El Gobierno estadounidense plantea una fianza de 100.000 dólares para los visados H-1B, utilizados habitualmente para incorporar a trabajadores extranjeros especializados y especialmente importantes en sectores como la tecnología y la ingeniería.
Las medidas dibujan una política que ya no se concentra exclusivamente en combatir la inmigración irregular, sino que eleva también las barreras para distintas vías legales de entrada y permanencia en Estados Unidos.
DACA, TPS y ahora también quienes pidieron asilo
El endurecimiento alcanza además a personas que llevan años residiendo en el país bajo diferentes figuras de protección.
Entre ellas están beneficiarios de DACA, el programa que protege a quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños, y personas acogidas al Estatus de Protección Temporal (TPS), que ha permitido a ciudadanos de determinados países vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense sin ser deportados.
La Administración estudia igualmente cancelar visados de turismo y negocios a extranjeros que hayan solicitado asilo después de entrar en Estados Unidos.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, defendió este jueves esa línea de actuación utilizando un caso que, según explicó, apareció durante una revisión de visados diplomáticos y oficiales concedidos entre 2019 y 2023.
El Departamento de Estado habría localizado a 420 personas de un mismo país que entraron con ese tipo de documentación y posteriormente solicitaron asilo.
Landau destacó la contradicción que, a juicio de la Administración, supone que personas admitidas en representación de un Gobierno extranjero aleguen posteriormente que necesitan protección precisamente por sufrir persecución de ese mismo Gobierno.
La batalla llega también a las universidades
La ofensiva se extiende incluso a las matrículas universitarias.
El Gobierno de Trump presentó este jueves una demanda contra leyes de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que permiten que estudiantes sin un estatus migratorio regular puedan acceder a matrículas reducidas y determinadas ayudas económicas.
Es una pieza más de una estrategia que Trump prometió durante la campaña y que ha acelerado durante su segundo mandato.
La inmigración ha acompañado al republicano prácticamente desde el comienzo de su carrera política nacional. En 2015, durante el lanzamiento de su primera candidatura presidencial, provocó una enorme controversia al asegurar que desde México llegaban a Estados Unidos drogas, delincuencia y violadores.
Cuando alcanzó por primera vez la Casa Blanca en 2017, sus primeras decisiones incluyeron restricciones de entrada para ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, la suspensión del programa de refugiados sirios y el impulso al muro en la frontera con México.
Casi una década después, Trump ha regresado al poder con una promesa todavía más ambiciosa: ejecutar "la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos".
Los 49.571 arrestos del ICE registrados solamente en julio muestran hasta qué punto esa política está avanzando sobre el terreno. Pero la estrategia va mucho más allá de las deportaciones. La nueva frontera migratoria de Trump empieza, cada vez más, antes incluso de que el viajero pueda conseguir el visado para subir al avión.
