La jueza Beatriz Biedma ha declarado este jueves en relación a las posibles amanezas que pudo sufrir por parte de la trama liderada por la exmilitante del PSOE Leire Díez. La magistrada, que instruyó el caso contra David Sánchez, ha contado al juez que un abogado le confió que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien acumulaba rencillas contra ella, había contactado con una destacado miembro de un clan de narcotraficantes y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de enmedio”.
Biedma ha dicho que por este, y otros episodios que no pudo vincular con la trama de Leire Díez, sintió “temor” por ella y por sus hijas. A la pregunta de uno de los letrados por si eso le había condicionado en las decisiones que tomó respecto al hermano del presidente del Gobierno, Biedma ha contestado tajantemente que no, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.
La magistrada ha dicho que tuvo conocimiento por un abogado de que existían vídeos grabados sin su consentimiento en los que aparecía ella en compañía de sus hijas y que en varias ocasiones hubo alguien que se personó en el colegio de sus hijas presentándose como su secretario o como su hermano. Con todo, ante el juez de la Audiencia Nacional, Biedma ha explicado que nunca supo que la presunta 'fontanera' del PSOE estuviera detrás de esas presiones.
La jueza Biedma ha confirmado que el coronel Balas fue a reunirse con ella en persona en cuanto abrió la causa contra el hermano de Sánchez a partir de una denuncia de Manos Limpias. Balas decidió que un comandante fuera el instructor de las diligencias pero, según Biedma, acabó él desempeñando esa tarea porque “recibían presiones”, según le habrían trasladados los propios guardias civiles a la magistrada. “Nosotros hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones que estamos recibiendo ahora a nivel investigador nunca las hemos sufrido”, asegura Biedma que le dijo el coronel Balas.
Sin que nadie le preguntara, Beatriz Biedma ha aprovechado para dar una explicación sobre el hecho de que implicara a la UCO, unidad especializada en Anticorrupción, en un caso en el que se investigaba la contratación de un concertista de reputación internacional a razón de poco más de 40.000 euros anuales. Biedma ha contado que temía que en un lugar pequeño como Badajoz pudiera haber filtraciones si hacía el encargo de la investigación a la Policía Nacional de la ciudad o a la Guardia Civil local.
En este sentido, también ha aludido a que la denuncia de Manos Limpias recogía una información acerca de que la misma localidad de Portugal donde residía David Sánchez había domiciliadas sociedades vinculadas a un caso de fraude de hidrocarburos que ya instruía la UCO.
La UCO acaba de presentar a Pedraz el resultado preliminar de una investigación que Balas ordenó abrir a partir de informaciones en prensa sobre la agenda de Leire Díez a las que la unidad no había conferido relevancia hasta ahora. Uno de los testimonios recabados por los guardias pertenece a Cintia Rocho, quien lideraría a un clan vinculado con el narcotráfico en Badajoz y que es conocida con el apodo de 'La Celsa'. Rocho explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma.
Otro de los interrogados por la UCO es el empresario Joaquín Parra, quien formó parte de un chat de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes' en el que participaban tanto Leire Díez como Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset. Este testigo declaró que aunque él no tenía constancia de la posibilidad de una agresión física, si tuvo conocimiento de que se produjeron seguimientos a la jueza por parte de terceros vinculados con el exjuez y que conformaban un canal de Facebook denominado 'Club de debates urbanos de Badajoz'.
