La semana pasada expiró el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) que el grupo alimentario familiar Borges estableció para sacar de la Bolsa a su filial de frutos secos, Borges Agricultural & Industruial Nuts (BAIN). Las acciones de esta sociedad, que cotizaban desde 2007, fueron suspendidas de negociación la medianoche de este miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta su exclusión definitiva.
Hace un par de meses, la sociedad Inocsa, propiedad de la familia Serra, que son los accionistas mayoritarios del Grupo Catalana Occidente, anunció que lanzaba una OPA sobre el 38% del capital que no controla para retirar a la compañía aseguradora del mercado de acciones. El umbral para poder promover la exclusión de cotización tras una OPA es el 75% del capital.
Ambas operaciones se suman a la anunciada a finales de 2024 por la familia March para, de nuevo, excluir del parqué a Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de este poderoso linaje de origen balear, dueño de la Banca March.
¿Por qué hay empresas que quieren poner fin a su andadura en la Bolsa? Por una mezcla de motivos. El primero es de valoración. César Sánchez-Grande, director de análisis de Renta 4, explica que después de las últimas crisis, la de la Covid-19 y la de la cadena de suministros y de inflación, “muchas compañías están infravaloradas, el precio de la acción no refleja el valor real de la empresa”.
Los promotores de estas operaciones de repliegue son los dueños de las compañías que en su día las lanzaron a cotizar y que ahora compran su propio negocio porque consideran que cotizan lejos de su valor. “Al final son inversores y es una vía para rentabilizar parte del patrimonio”, según Sánchez-Grande. No deja de ser una “oportunidad para comprar barato”, abunda el analista de mercados de XTB Javier Cabrera.
En el caso de Catalana Occidente, los analistas opinan que la familia Serra quiere aprovechar la ocasión ofreciendo precisamente un precio menor al consenso de los financieros. Estos creen que cada título vale 54 euros o más. Inocsa ofreció 50 euros, lo que valora la operación en 2.277 millones de euros y representa una prima del 18,3% sobre la cotización del día previo al anuncio, cuando los títulos de la aseguradora estaban en máximos históricos, a 42,25 euros por acción. Para Inocsa se trata de un precio “muy atractivo”.
La aseguradora, que empezó a cotizar en el mercado continuo en 1997, cerró 2024 con cerca de 6.000 millones de euros de facturación, un 3,5% más que en el ejercicio anterior, y con un beneficio de 688,7 millones, un 11,9% más. Emplea a más de 8.600 personas en más de 50 países a través de las marcas Occident, Atradius (Crédito y Caución en España) y Mémora (negocio funerario).
El segundo motivo para plantearse decir adiós a la Bolsa es la baja liquidez (el volumen de transacciones de compra y venta de títulos), que afecta principalmente a los valores medianos y pequeños, y que tiene un impacto directo en la valoración. “Si no hay liquidez, se pierde gran parte de la utilidad de cotizar”, admite Cabrera.
Gran parte de la inversión deja fuera del radar a numerosos valores que, por su tamaño, son los grandes olvidados. El director general de GVC Gaesco, Jaume Puig, recuerda que “cuando hay poca liquidez y se negocia muy poco, los reguladores suelen presionar para que aumenten capital o se marchen. Y ninguna de estas tres necesita aumentar capital, generan caja suficiente”.
La suma de los dos motivos anteriores lleva al tercer porqué. Si la compañía está infravalorada y sus títulos apenas se negocian, ¿compensa seguir en el parqué y someterse al escrutinio público que ello implica? La respuesta de estas empresas es que no, ya que estando fuera se evitan costes y las obligaciones de información, transparencia, gobernanza y sostenibilidad asociadas a cotizar. Las grandes compañías cuentan con más recursos para cubrirlas y en las pequeñas puede ser un gasto relevante.
El consejo de administración de Corporación Financiera Alba, que preside Carlos March, justificó su decisión con la caída del volumen negociado de la acción, cuya media diaria apenas ascendió al 0,02 del capital social en 2024. Además, asegura que cotizar “impone una serie de obligaciones legales que exigen una dedicación de recursos elevada para la estructura actual de Alba, sin que ello ofrezca actualmente ventajas significativas desde el punto de vista operativo o financiero para su actividad inversora”. Con dejar de cotizar, Alba estima que se ahorraría entre 6,6 y 7,2 millones de euros.
Y lo mismo ocurre con la filial de frutos secos de Borges. La oferta “se justifica, principalmente, en el reducido porcentaje de capital flotante (), que dificulta que se alcancen niveles de difusión accionarial adecuados para la negociación de las acciones en Bolsa, presentando en los últimos años dicha negociación un volumen de contratación prácticamente nulo”, según un comunicado. También es ínfimo el porcentaje de acciones disponibles para ser negociadas: solo el 11% del capital social.
El 89% está en manos del grupo Borges, un conglomerado industrial creado por la familia Pont en 1896 en Tàrrega (Lleida). En 2024 facturó 850 millones de euros y obtuvo un beneficio bruto de explotación de 40 millones de euros. El año pasado decidió vender el negocio agrícola para centrarse en la actividad industrial y comercial, básicamente la fabricación y venta de aceites.
Por su parte, Corporación Financiera Alba lleva cotizando en Bolsa, desde 1986, incluso llegó a formar parte del Ibex 35. Con tendencia a invertir en firmas tanto cotizadas como no cotizadas que son líderes en su sector, Alba tiene una permanencia media de más de 10 años, llegando a las dos décadas en casos como los de ACS, Acerinox o Pryca-Carrefour.
