«Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas». Es el artículo 3 de la Convención de de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida de manera coloquial como la Constitución de los Océanos, uno de los tratados más relevantes aprobados por la ONU. Una de las personas que participó en su elaboración, que se prolongó durante años, fue Craig Murray, un exembajador británico que ejerció como jefe alterno de la Delegación del Reino Unido ante la Comisión Preparatoria de dicha convención. Este miércoles, Murray, también un conocido activista por los derechos humanos, ha explicado por qué los asaltos y detenciones de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel son ilegales.
Para ofrecer un tinte de mayor autoridad a sus argumentos, Murray ha comenzado en redes sociales diciendo que escribe como «exjefe de la Sección Marítima del Ministerio de Asuntos Exteriores [del Reino Unido] y de la Commonwealth y jefe alterno de la Delegación del Reino Unido ante la Comisión Preparatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar». En total, Murray ha ofrecido cinco argumentos para demostrar que «el ataque israelí a la Flotilla es claramente ilegal».
Estos cinco motivos son, según ha argumentado Murray, suficientes para declarar ilegal el asalto israelí de la Flotilla en aguas internacionales y, por lo tanto, como susceptible de ser investigado por las autoridades europeas. «En alta mar, la legislación aplicable a cada buque es la del Estado de su pabellón. Un ataque de un buque de guerra militar estatal contra un buque en alta mar constituye un ataque contra el Estado del pabellón del buque atacado. Los actos de posesión ilegal de buques o secuestro de tripulaciones en alta mar deben ser perseguidos por cada Estado del pabellón como delitos dentro de su jurisdicción interna, no solo en el derecho internacional», ha explicado Murray, quien en su caso se ha dirigido al Gobierno de su país: «La Policía Metropolitana y la Fiscalía tienen la obligación de investigar y actuar ante el secuestro de personas de buques con bandera del Reino Unido en alta mar. Esto se aplica a cada Estado del pabellón mutatis mutandis».
De las más de 40 embarcaciones civiles que conformaban la Global Sumud Flotilla, siete lo hacían bajo bandera española, como por ejemplo el Sirius, en el que viajaba la activista y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Según la ley internacional, un ataque en aguas internacionales a cualquiera de estos siete barcos se considera un ataque a España. Cuando el atunero español Alakrana fue secuestrado, el caso fue juzgado por la Audiencia Nacional, quien asumió la competencia al tener el barco bandera española.
En Turquía, por ejemplo, sí han tenido en cuenta la legislación internacional. La Fiscalía General del país ha anunciado ya una investigación por el ataque israelí a la Flotilla y la detención de más de 30 ciudadanos turcos. El Ministerio Público turco ha justificado su decisión en la citada Convención sobre el Derecho del Mar y en su propio Código Penal. En España, por ahora, no se ha avanzado ninguna medida similar a pesar de los siete barcos con bandera española interceptados y los al menos 40 ciudadanos españoles detenidos de manera ilegal por parte del Ejército israelí.
