La figura de Carlos Cuadrado es indispensable para entender la trayectoria, auge y declive de Ciudadanos. Estuvo en su fundación como partido de ámbito catalán en 2006, llevó sus finanzas durante años, fue el cerebro de la fallida moción de censura de 2021 en Murcia y fue finalmente despedido en 2023, con Adrián Vázquez al frente de lo que quedaba de la formación tras una sucesión de batacazos electorales. Su salida ha desembocado en una sentencia del Tribunal Superior de Madrid que no solo reconoce la improcedencia de su cese y una indemnización total de 120.000 euros para él, sino que también refleja la pelea judicial y las acusaciones cruzadas entre lo que queda del partido y algunos de sus antiguos líderes. Sanción de 5.000 euros incluida para el propio Cuadrado por sus alegaciones temerarias durante el proceso.
Carlos Cuadrado fue despedido de Ciudadanos a principios de 2023. El partido venía de encajar varios reveses electorales tanto a nivel nacional en 2019 como autonómico y municipal, desintegrándose en territorios como Madrid tras apuestas fallidas como Edmundo Bal y la sucesión de liderazgos entre Albert Rivera, Inés Arrimadas y finalmente Adrián Vázquez en la cúpula del partido. Las réplicas del terremoto de su fallida moción de censura en la Región de Murcia –tránsfugas mediante– seguían notándose mientras el goteo de fugas al PP mermaban cada vez más las filas de cargos altos e intermedios del partido.
La carta de despido llegó a la mesa de Carlos Cuadrado el último día de febrero de 2023. En las causas que el partido definía como “objetivas” estaba su incipiente debacle económica –por aquel entonces ya habían cerrado más de la mitad de sus sedes–, la necesidad de adelgazar el departamento financiero y el hecho de que era, en aquel momento, el cargo mejor pagado de Ciudadanos. El partido le reconoció en ese momento una indemnización de 73.000 euros además de otros 22.500 por el finiquito. Los tribunales, al declarar la improcedencia del despido, le han reconocido 47.500 euros más por el primer concepto, lo que eleva el resarcimiento económico total de Cuadrado por encima de los 120.000 euros.
Los jueces, tanto en primera como ahora en segunda instancia, han constatado que el despido fue improcedente y que Ciudadanos debe elegir entre indemnizarle o readmitirle. Pero las dos sentencias que deja el pleito laboral dibujan el oleaje interno de un partido que, en la actualidad, se resiste a echar la persiana a pesar de la desaparición de todas y cada una de sus caras visibles y cargos públicos y después de hitos como la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones catalanas de 2017.
El papel de fundador de Carlos Cuadrado se extendió, sobre todo, en el campo de las cuentas del partido, ejerciendo como tesorero desde sus inicios y posteriormente, de manera oficial, como gerente, secretario de finanzas y finalmente coordinador de la tesorería de Ciudadanos. Bajo la dirección de Inés Arrimadas fue ascendido a la vicesecretaría primera de la formación en los primeros meses de 2020 y es considerado el gran muñidor de la moción de censura con la que el partido pretendía aliarse con el PSOE y desalojar al PP de Fernando López Miras de la presidencia de la Región de Murcia.
Ese plan fracasó gracias a tres tránsfugas de Ciudadanos que, poco después, entraron a formar parte del ejecutivo regional del PP. Un fracaso que desencadenó un terremoto político a nivel nacional, derivó en un adelanto electoral en Madrid y, en última instancia, el mayor éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso hasta esa fecha con la desaparición de Ciudadanos en el territorio. La dirección del partido señaló a Cuadrado como el principal responsable y fue “presionado”, según los tribunales, para que no solo dejara sus cargos políticos en el partido sino también su puesto de trabajo.
“Tarjetas black”, presiones, grabaciones y “manifiesta temeridad”
Con la reclamación judicial de Carlos Cuadrado por la vía de lo social arrancó un proceso legal en el que afloraron las miserias de un partido en proceso de descomposición. Entre los hechos probados que deja por escrito está que a finales de 2022 Cuadrado denunció internamente “posibles irregularidades en el uso de las tarjetas bancaras del partido por parte del equipo de dirección”, tanto en un correo a la jefa de recursos humanos como personalmente a otro alto cargo alertando de “un caso parecido al de las tarjetas black”. Las tarjetas que tuvieron los consejeros de Bankia y Caja Madrid y cuyo uso incontrolado para gastos personales terminó con condenas de cárcel para ellos.
En esos meses finales de 2022, siempre según las sentencias y los testimonios recabados en el juicio, Cuadrado también grabó una conversación que mantuvo con una colaboradora de Inés Arrimadas, en la que pedía facturas para hacer frente a las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas de los dos años anteriores. Para entonces la moción de censura de Murcia había fracasado y Arrimadas, según la sentencia, “responsabilizó políticamente de tal situación” a Cuadrado, pidiéndole que dimitiera y asumiera “la responsabilidad política frente al electorado”. Cuadrado, añaden los jueces, “no abandonó ni su desempeño laboral ni su puesto orgánico” a pesar de “tales presiones”.
Las sentencias también ponen números al hundimiento económico del partido en esos años: de un patrimonio neto de más de 14,4 millones en 2020 a poco más de 11 millones en 2022 dejando pérdidas de más de un millón de euros de media en cada curso.
El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado casi todo lo que dijo en primera instancia un juzgado de lo social de Madrid: que el despido fue improcedente aunque no nulo, que tiene derecho a una indemnización que entre lo pagado y lo sentenciado supera los 120.000 euros –no los 220.000 que había pedido en un primer momento– y también que, a pesar de ganar el pleito, tiene que pagar una multa de 5.000 euros por “mala fe y manifiesta temeridad” en su estrategia legal.
Los magistrados de lo social explican que esa sanción es “razonable y proporcionada” por lo que denomina como “la dimensión pública de las personas afectadas y la repercusión política y social que conlleva este tipo de demandas”, además de la falta de pruebas “de la mayor parte de los hechos alegados”. Lo que el juzgado ya llamó en la primera sentencia el “altísimo desvalor interno de la acción ejercitada, la clamorosa orfandad probatoria y falta de mínima razonabilidad” del relato de Cuadrado.
El fundador de Ciudadanos responsabilizó ante la Justicia de su despido a Inés Arrimadas y Adrián Vázquez, ambos fuera ya de la formación. El juez que aumentó su indemnización también le acusó de intentar construir “artificiosamente una narrativa de fraude masivo en el seno de su propio partido”, de “disparar en todas las direcciones posibles”, en particular contra los que fueron cabezas visibles del partido.
El resultado del pleito deja una cuenta superior a los 120.000 euros para un partido político en vías de desaparición. La formación que hoy lideran Carlos Pérez-Nievas como secretario general y Mariana Boadella como secretaria de organización ha perdido casi toda la presencia de Ciudadanos en instituciones públicas y ha visto a dirigentes como Adrián Vázquez marcharse al PP, al que poco antes denominaban el partido de “la corrupción y el transfuguismo”.
