La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha desvinculado completamente de las posibles irregularidades cometidas por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que fue detenido este miércoles en una operación de la UCO en la que los agentes también arrestaron a la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.
“Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió”, ha dicho sobre Fernández, a quien Montero designó presidente de la SEPI en 2018 y que renunció poco después de un año por un procesamiento por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, aunque recientemente ha sido absuelto.
La vicepresidenta ha marcado distancias con Fernández y las actividades posteriores. “Él estuvo escasamente un año y pico en la SEPI, hace más de seis años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despachan y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor”, ha señalado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. Montero ha dicho que supo de la participación de Fernández en Servinabar, la empresa de Alonso en la que también participaba Santos Cerdán, por los medios de comunicación cuando estalló el escándalo del exsecretario de Organización del PSOE.
“Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos”, ha señalado sobre Fernández antes de asegurar que tampoco conocía la empresa Servinabar. “La primera vez que escuché hablar de esta empresa fue en los medios de comunicación, como la mayoría de todos nosotros. O sea, era una empresa pequeña, al parecer, por tanto, ni siquiera sabía que existía. Y, por supuesto, mucho menos todo lo que después hemos conocido”, ha agregado.
Montero ha asegurado que en el Gobierno son “los primeros sorprendidos” con los casos de corrupción que afectan a excargos socialistas. “Somos los primeros a los que nos duele y que nos sorprenden, se trate del tema que se trate”, ha dicho sobre las personas que “hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético”.
También ha reiterado el compromiso de colaborar con la justicia: “Todos los requerimientos de información que se soliciten a los diferentes organismos serán atendidos de inmediato”.
Montero ha asegurado que el “perfil profesional” de Fernández “avaló su nombramiento” como presidente de la SEPI, un cargo al que llegó de la mano de la hoy vicepresidenta en 2018, cuando fue nombrada ministra de Hacienda. Funcionario de carrera en la Junta de Andalucía, Fernández había desempeñado cargos de responsabilidad en los gobiernos socialistas y fue designado Interventor General por la propia Montero, siendo consejera de Hacienda, en 2016.
“Para nosotros es un dolor y es una tristeza que personas que han sido de nuestra confianza puedan estar implicados en alguna trama o en algún asunto relativo a la corrupción. Otra cosa es que eso provoque ningún tipo de estabilidad e inestabilidad en el Gobierno”, ha admitido Montero, que también se ha referido a casos de “machismo”, ante las denuncias de acoso contra Paco Salazar y el expresidente de la Diputación de Lugo. En todo caso, ha asegurado que la indicación de Sánchez es seguir adelante.
