El crecimiento de Vox en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 dio inicio a un periodo de retroceso en libertades y derechos sociales por los pactos que el PP se vio obligado a firmar con la extrema derecha para poder gobernar en comunidades y ayuntamientos. La derecha recuperó gran parte del poder territorial que había perdido en lustros anteriores a costa de dar pasos atrás en políticas de igualdad y derechos LGTBIQ+, así como reescribiendo la historia para terminar con las leyes de memoria que reconocieron a las víctimas del franquismo y la dictadura o, finalmente, asumiendo políticas abiertamente xenófobas que criminalizan a los migrantes. Ahora todas esas administraciones condicionadas por los ultras han llegado al ecuador de sus mandatos.
El ayuntamiento de Jumilla, en la región de Murcia, es uno de los ejemplos más recientes de cómo el PP tuvo que sucumbir a las exigencias de Vox para poder llegar al poder. Allí las derechas institucionalizaron la pasada semana el discurso antiinmigración de la extrema derecha ante la necesidad de la corporación municipal, en manos de la ‘popular’ Severa González, del voto del único representante del partido de Santiago Abascal en el pueblo para aprobar los presupuestos de la localidad. Lo que aprobó el Pleno el 28 de julio fue una moción que permitirá evitar que la comunidad musulmana continúe celebrando eventos como el fin de Ramadán o la fiesta del cordero en las instalaciones deportivas de la localidad.
La iniciativa llegó después de que el PP asumiera el discurso ultra que vincula inmigración y delincuencia, una tesis con la que Vox y otros grupos de extrema derecha impulsaron manifestaciones y ataques xenófobos y racistas que provocaron graves disturbios en otra localidad murciana, Torre Pacheco, a mediados de julio. La criminalización de los migrantes ha estado en el centro de las negociaciones entre PP y Vox en las administraciones que comparten o han compartido en los últimos dos años, tras las elecciones de mayo de 2023. En julio de 2024, el partido de Abascal decidió salir de todos los gobiernos autonómicos que mantenía con los populares precisamente por la disposición inicial de los de Alberto Núñez Feijóo a aceptar la acogida en sus regiones a menores migrantes que se encuentran en Canarias, Ceuta o Melilla.
Finalmente el PP rechazó la distribución planteada por el Gobierno, mientras siguió dependiendo de Vox para poder mantener sus gobiernos y sacar adelante sus iniciativas en los parlamentos autonómicos. Al mismo tiempo las dos fuerzas políticas protagonizan una cruenta batalla en busca del mismo electorado que ha hecho el PP escorar aún más sus posturas a la derecha con la vista puesta en el ciclo electoral que comenzará con las elecciones en Andalucía que se celebrarán, previsiblemente, para junio de 2026.
Un ‘pin parental’ encubierto
En la Comunitat Valenciana, la autonomía más habitada en la que gobierna el PP con la ayuda de Vox, esa relación ha provocado distintos recortes en derechos en los últimos dos años, desde que Carlos Mazón llegó a la presidencia del Consell gracias a la extrema derecha. Solo cuatro meses después de que la derecha recuperara la Generalitat, la coalición eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo encargado de garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de emergencias de origen meteorológico o sísmico, extinción de incendios forestales y maremotos. Se dio la circunstancia de que la supresión de ese organismo se dio apenas un año antes de que ocurriera la trágica dana del pasado octubre en el que fallecieron 227 personas por la que una jueza de Catarroja investiga precisamente la actuación de la Generalitat valenciana.
El pasado mayo, además, PP y Vox pactaron recortar derechos recogidos en la ley trans de la comunidad. Las derechas modificaron los contenidos educativos para eliminar las referencias a la diversidad sexual y establecieron que los colegios no tendrán que abordar “de forma específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar”. Cada centro, según el acuerdo de PP y Vox, establecerá el proyecto educativo, que será supervisado por el Consejo Escolar, “el acompañamiento y opinión de asociaciones de padres” y apunta a que si existen posibles discrepancias, “el respeto a la decisión de los padres del menor”. Ello implicó, implícitamente, abrir la puerta al veto parental defendido en los últimos años por Vox. Y también rebajaron las consideraciones respecto a las terapias de conversión, cuya prohibición a nivel estatal ya se está tramitando en el Congreso.
Para poder sacar adelante los últimos Presupuestos, Mazón aceptó además recortes en partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género, a los sindicatos, a la patronal, a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a partidas para realizar pruebas periciales a los menores migrantes y para repatriarlos, o para fomentar la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes. Además, ambos partidos han eliminado de sus políticas cualquier referencia al cambio climático, a la perspectiva de género, o la memoria democrática en favor de la Ley de Concordia.
Esta última, la de la “concordia”, es además la fórmula que han utilizado PP y Vox en las comunidades en las que gobiernan para recortar los derechos de las víctimas del franquismo. La extrema derecha lo intentó en Castilla y León, aunque tras su salida del gobierno autonómico allí la propuesta fue rechazada también por los populares, que en cambio han dado luz verde a normativas similares en el resto de territorios en los que gobiernan gracias a Vox. Gran parte del legado del partido de Abascal tras su paso por la Junta castellana y leonesa tiene que ver con el protagonismo que obtuvo el exvicepresidente autonómico Juan García-Gallardo, con insultos a cargos del PSOE como al presidente de Asturias; negarse a definir el franquismo como dictadura o a los productores de cine en los Goya.
Su paso por la política estuvo marcada por los gestos de una felación a una procuradora socialista, comentarios despectivos hacia una parlamentaria con discapacidad, la acusación a las mujeres de utilizar la Ley de Violencia de Género para quedarse la custodia de los hijos o mostrar su transfobia al aprobarse la ley Trans en el Congreso. Entre las iniciativas que aprobaron PP y Vox en Castilla y León figuran una partida presupuestaria de 100.000 euros para realizar actuaciones de promoción y defensa de “la unidad de España y la igualdad y libertad de los españoles” o un importante recorte de impuestos.
Supresión de ayudas a ONG y sindicatos
En la Región de Murcia PP y Vox acaban de aprobar los Presupuestos de la región asumiendo los postulados xenófobos y machistas de la extrema derecha. Se cerrará un centro de acogida de menores en la pedanía de Santa Cruz, que los ayuda a salir adelante cuando no tienen recursos, se revocará la compra de viviendas para niños y niñas migrantes, se eliminará cualquier mención y cualquier contenido relacionado con la cultura marroquí en las aulas educativas murcianas y se suprimirán las partidas presupuestarias a las ONG que ayudan a las personas que llegan a la comunidad en busca de una vida mejor. También destacan otras medidas como la supresión total de subvenciones a sindicatos y patronal, otra constante en las políticas de las derechas en los últimos dos años.
En Aragón, la coalición de PP y Vox duró hasta julio de 2024, pero las políticas antiinmigración han sido asumidas ya por el equipo de Jorge Azcón. No obstante, la medida más polémica que impulsaron juntos ha sido la derogación de la ley de memoria autonómica. El nuevo texto, que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, suspende el Censo de Memoria Democrática de Aragón, las Rutas de Memoria, el Inventario de Lugares y Rutas Democráticas y el Centro de Investigación de la Memoria Democrática. También se elimina el Registro de Entidades Aragonesas de Memoria Democrática y el Portal Web Institucional del Gobierno de Aragón sobre Memoria Democrática.
Además, las actuaciones en el ámbito educativo relativas a la memoria democrática han sido canceladas o sustituidas por “actuaciones sobre la Historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución Española para los aragoneses”, según recoge el texto. Tras la derogación, el Gobierno de Azcón anunció un plan de concordia en el que no se recoge ninguna referencia a la dictadura franquista ni a las víctimas de la represión durante esos 40 años de historia.
La presidenta balear, Marga Prohens, del PP, también depende de Vox para mantener su legislatura. De hecho, si en julio consiguió aprobar los Presupuestos para 2025 fue gracias a la extrema derecha que en estos dos últimos años ha dejado su impronta en la política autonómica de las Illes Balears. Además de la eliminación de la ley trans recogida en su acuerdo, el Govern derogará la ley de memoria democrática, reformará la ley de educación con el objetivo de garantizar la vehicularidad del castellano en la enseñanza y “el conocimiento del español en el sistema educativo” e implantará la agenda ultra de Vox en materia migratoria, denegando la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas.
Extremadura comenzó la legislatura con la popular María Guardiola como presidenta suprimiendo la Consejería de Igualdad. La dirigente extremeña también llegó al poder gracias a Vox, que niega la violencia machista, ha tratado de borrar las políticas específicas sobre igualdad allí donde ha podido y pretende derogar las leyes LGTBI y trans a nivel estatal y autonómico. Las derechas han acabado allí con los derechos que habían adquirido las familias de las víctimas del franquismo al derogar la ley de memoria. Como en Aragón, ambas fuerzas aprobaron otra normativa denominada ‘de Concordia’, que borra la dictadura, a las víctimas de la represión franquista pertenecientes al colectivo LGTBI, a las asociaciones memorialistas, la perspectiva de género, la financiación, la eliminación de símbolos y las sanciones por destruir fosas o provocar daños a los Lugares de Memoria.
