Salvo una improbable retirada de los dos grandes proyectos legislativos del Gobierno en materia de Justicia, jueces y fiscales irán a la huelga durante los tres primeros días del próximo julio. La iniciativa parte de las cinco asociaciones del centroderecha judicial, que llevan meses en pie de guerra contra las reformas que modifican el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía. Será la sexta convocatoria de huelga de la democracia de quienes encarnan el tercer poder del Estado. Y todo apunta a que, de nuevo, lo harán a coste cero.
La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos. En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores. Su paro sólo quedó reflejado a efectos estadísticos.
Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia entre 2018 y 2020, intentó por primera vez descontar el salario a los jueces y fiscales que secundaron la huelga del 19 de noviembre de 2018, apenas cinco meses después de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. El movimiento llevaba implícito también un reconocimiento del derecho a la huelga para estos funcionarios, lo que suponía también exponerles por primera vez a las consecuencias económicas derivadas de ejercer esa medida de presión.
Pero uno de los magistrados afectados, José Grau Ripoll, recurrió a la Audiencia Nacional la resolución del Secretario de Estado de Justicia que había acordado detraer un porcentaje de su nómina tras participar en la huelga. Alegó que el Ministerio de Justicia —que es quien paga las nóminas de jueces y fiscales— no era competente para hacer lo que técnicamente se conoce como deducción de haberes. Y que lo había hecho incumpliendo la legislación sobre protección de datos, al obtener la información sobre quién había hecho huelga sin consentimiento de los jueces y sin tener en cuenta quién había formado parte de los servicios mínimos.
La sentencia, fechada el 11 de noviembre de 2020, no entró al fondo del asunto sobre si los jueces deben o no cobrar su salario cuando hacen huelga. Pero sí consideró “disconforme a derecho” la resolución del secretario de Estado de Justicia que había establecido la “deducción proporcional” en las nóminas de quienes habían secundado el paro. Y obligó a devolver al magistrado 193,03 euros. En aplicación de esa sentencia, las cuantías fueron devueltas a todo el personal que secundó la huelga, según informó el Ministerio de Justicia tras una petición al Portal de Transparencia realizada por elDiario.es.
La resolución determinó que, examinada la normativa, “no se encuentra en ella precepto alguno que otorgue competencia al Secretario de Estado para acordar descuentos retributivos o deducciones de haberes a los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial”. Y, por contra, afirmó que son “numerosas” las disposiciones que atribuyen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la competencia para determinar devengos, como ocurre con las retribuciones variables por objetivos, trienios, licencias o suspensiones de empleo.
El CGPJ, sin embargo, se limitó a poner en conocimiento del Ministerio de Justicia los datos de quienes participaron en la huelga, extraídos de los que estos habían remitido a los órganos de gobierno, pero no adoptó “acuerdo alguno” en relación con las nóminas. Ahora se espera una actuación similar por parte del órgano de gobierno de los jueces. Consultado por elDiario.es, un portavoz afirmó que “la deducción de haberes, en su caso, correspondería al Ministerio de Justicia”, dado que el CGPJ “no tiene competencia en materia salarial”.
Estabilización de interinos
En esta ocasión, la convocatoria parte de todas las asociaciones menos las progresistas: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que agrupan al 47% de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Bolaños expresó este martes su “máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos”.
Estas asociaciones sostienen que las reformas legislativas promovidas por Justicia “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal”. Sin embargo, de sus declaraciones públicas se deduce que los principales motivos de protesta son la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística; y el plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias.
El proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos con el que el Gobierno afirma que busca cumplir el mandato de la Comisión Europa está entre las cuestiones que han generado mayor controversia. Fuentes de Justicia explican que el Ministerio ha recibido dos cartas de la Comisión Europea, la primera en julio de 2024, que ordenan acabar con la precariedad de los trabajadores públicos. En su informe sobre el anteproyecto, el CGPJ afirma que el régimen jurídico de estos profesionales no es discriminatorio o constitutivo de un abuso contrario a la directiva sobre empleados interinos.
La norma prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado las funciones de sustitutos y suplentes dentro de las carreras judicial y fiscal. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales” y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre.
La asociación progresista Jueces y Jueces para Democracia, que no respalda el paro y está a favor de gran parte de la reforma, cree que al menos se debería ampliar a diez años la exigencia de ejercicio profesional. Además, defiende que el proceso debería estar abierto únicamente a quienes han desempeñado las funciones de sustitutos y suplentes dentro de las carreras judicial y fiscal, para los que la norma sí reserva propuestas de baremación de méritos que potencian su experiencia frente a otros méritos profesionales de relevancia.
La primera huelga, en 2009
Si finalmente se convoca, Bolaños se convertirá en el sexto ministro de Justicia de la democracia que tendrá que hacer frente a una huelga de estas características. El primer paro total de jueces y fiscales de la democracia se remonta a hace más de tres lustros, en febrero de 2009. La convocatoria fue auspiciada, en esa ocasión, por la segunda asociación por número de afiliados, Francisco de Vitoria, y por el Foro Judicial Independiente, más minoritario. Entonces era titular de esta cartera Mariano Fernández Bermejo (PSOE), que dimitió apenas una semana después, asediado por este conflicto y por las críticas por su cacería con Baltasar Garzón, que todavía estaba en activo en la Audiencia Nacional.
Su sucesor, Francisco Caamaño (PSOE), tuvo que hacer frente a otra huelga a los pocos meses de llegar al puesto, en octubre de 2009. En esa ocasión fue convocada únicamente por la conservadora APM. Esta asociación no secundó la siguiente convocatoria, en febrero de 2013. Entonces estaba al frente del Ministerio Alberto Ruiz-Gallardón (PP). La Asociación de Fiscales, del mismo ámbito ideológico, tampoco se sumó en esta ocasión.
La primera huelga unitaria de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales tuvo lugar en mayo de 2018, cuando Rafael Catalá (PP) era ministro de Justicia. Los jueces protestaron porque no se hubieran aprobado un catálogo de propuestas que habían presentado un año en el Parlamento y los fiscales porque no se hubieran tomado medidas para garantizar su autonomía presupuestaria o la puesta en marcha de un nuevo Estatuto.
La convocatoria unitaria se repitió meses después, en noviembre, ya con Dolores Delgado (PSOE) al frente de ese departamento. Jueces y fiscales reclamaron entonces recuperar el poder adquisitivo perdido durante los recortes y reformas, que se redujera su carga de trabajo, que se modernizara el sistema y que se les dotara de mejores medios materiales para hacer su trabajo. El último conato de huelga tuvo lugar en mayo de 2023. Pero la entonces ministra Pilar Llop (PSOE) logró evitar los paros con un pacto para subir sus salarios una media de 450 euros.
