La comisión de expertos y expertas del Ministerio de Trabajo ya tiene las propuestas de aumento del salario mínimo para 2026 que le pidió la vicepresidenta Yolanda Díaz. Para que cumpla con la meta de alcanzar el 60% del salario medio neto del país, los especialistas sitúan dos posibilidades: que se incremente un 3,2%, hasta los 1.221 euros brutos al mes, si se mantiene exento de tributación, o que suba un 4,7%, hasta los 1.240 euros brutos mensuales, en el caso de que pague IRPF, como ha adelantado El País y confirman a elDiario.es.
Se trata de los dos escenarios de subida que sitúan este año los especialistas, encargados de señalar al Gobierno cada año cuál es la senda de incremento del SMI para que cumpla con la recomendación del comité de expertos de la Carta Social Europea, que el Gobierno de coalición ha elegido como referencia.
En la actualidad, el salario mínimo interprofesional (SMI) se sitúa en los 1.184 euros brutos al mes, en 14 pagas, tras acumular subidas de un total del 61% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.
Los expertos aún no han presentado su informe públicamente y se prevé que lo haga en los próximos días. Posiblemente mañana, indican algunas fuentes a este medio. En el comité asesor están presentes investigadores independientes, miembros de los ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda, y de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Las patronales no participan por voluntad propia.
Ahora el Gobierno debe decidir el aumento
A partir del dictamen de los especialistas, el Ministerio de Trabajo abre cada año la mesa de diálogo social con los agentes sociales, para intentar alcanzar un acuerdo sobre la subida. Algo que no se ha conseguido salvo en un ejercicio, 2020, y que en esta ocasión tampoco se espera an absoluto, con muchas diferencias entre los empresarios con el Gobierno y con los sindicatos por las fuertes subidas de este suelo salarial en los últimos años.
En cualquier caso, la decisión de subida del salario mínimo interprofesional es competencia del Ejecutivo, que solo está obligado a consultar a los agentes sociales, pero no a negociar el alza. Su aprobación no tiene tampoco que pasar por el Parlamento, ya que solo requiere de un real decreto.
Así, es el Gobierno de coalición quien tiene que llegar a un acuerdo interno sobre la cifra de aumento del salario mínimo, una decisión que en el pasado ha generado mucho debate –y también conflictos– entre los Ministerios de Trabajo con los de Economía y también Hacienda.
En esta ocasión, como ya ocurrió en 2025, además de la cifra de aumento del SMI, el Gobierno debate si el salario mínimo debería pasar a tributar por primera vez en el IRPF, dado el gran aumento que ha experimentado y por el que cubre cada vez a más población asalariada. El año pasado se alcanzó un acuerdo con una deducción en la declaración de la renta para eximir del pago de este impuesto, pero este año la discusión parece más abierta a que el SMI pueda tributar.
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