El volumen de sanciones por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria ha caído a las cifras más bajas desde hace casi tres años, cuando comenzaron a hacerse públicas las empresas que incumplen esta legislación. Se trata de una norma relativamente joven, que busca regular las prácticas comerciales y de fijación de precios entre los diferentes actores de la cadena de producción de alimentos, desde los agricultores y ganaderos, pasando por los envasadores y la industria alimentaria hasta llegar a las empresas de distribución, como los ‘híper’ o los supermercados. Cuando se incumplen esas prácticas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo hace público, trimestralmente. Sin embargo, para el sector primario tanto esas sanciones, como las inspecciones que llevan a ellas, son claramente insuficientes.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio, ha publicado las sanciones del segundo trimestre de este ejercicio. En total, 18 multas impuestas a 17 empresas diferentes. En esos tres meses, hay una compañía que repite, la aceitera Jacoliva. En uno de sus casos, por saltarse los plazos de pago. Esos tiempos, legalmente, pueden alcanzar un máximo de 30 días si se trata de alimentos frescos y 60 días en el resto de productos. En el otro caso, por no incorporar en el contrato el precio acordado entre las partes.
Esas 18 sanciones constituyen la segunda cifra más baja de multas trimestrales desde que se publican estos incumplimientos, hace casi tres años. En total, entre marzo y junio de este año, esos castigos por saltarse la legislación han sumado 211.000 euros. La infracción más baja se situó en 1.800 euros y, en la mayoría de casos, fueron incumplimientos de los plazos de pago.
La multa más alta del trimestre supera los 79.000 euros. Esta se ha impuesto a la compañía Aperitivos y Extrusionados, de nuevo, por incumplir los tiempos a la hora de pagar a los proveedores. Esta empresa no es muy conocida por su denominación social, pero sí por algunas de las marcas que comercializa, como Aspitos o las patatas fritas Vicente Vidal, entre otras.
En el listado de sanciones del segundo trimestre publicado por la AICA no hay gigantes de la distribución, ni algunos de los grandes nombres de la industria alimentaria que han aparecido en ocasiones anteriores. Entre los primeros están empresas como Dia, Carrefour o Alcampo. Y, entre las segundas, el grupo García Carrión o las aceiteras Dcoop y Coosur.
En el siguiente gráfico se pueden comprobar las sanciones acordadas por la AICA en el segundo trimestre del año, así como todas las decididas a lo largo de los últimos años.
La AICA solo publica las sanciones cuando son oficiales ya sea por vía administrativa o judicial, por lo que son procedimientos que llevan meses o años desde que echaron a andar. En total, en casi tres ejercicios, se han superado las 350 infracciones que han sumado cerca de dos millones de euros.
Las críticas del sector agrario
El sector primario es muy crítico con el desarrollo e implementación de la Ley de la Cadena Alimentaria, aunque la consideran necesaria. Por un lado, porque solo se publica el nombre de la empresa, el motivo genérico de la multa y la cuantía, pero no se saben los detalles sobre las infracciones. Por otro lado, entienden que no hay suficientes inspecciones por parte de las administraciones y, además, las sanciones son muy bajas para resultar disuasorias.
Las multas por saltarse la Ley de la Cadena parten de un mínimo de 250 euros, cuando se trata de cuestiones leves; y pueden llegar al millón de euros en función de la gravedad y si se ha reincidido en esa práctica incorrecta. La más alta, hasta la fecha, ha superado los 138.000 euros y se impuso a Limones Lázaro El Lurdo por no formalizar por escrito los contratos alimentarios.
Las organizaciones agrarias han solicitado en diversas ocasiones que se refuerce la ley y la supervisión. Hace unos días, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, reclamó la puesta en marcha de un observatorio de los costes de producción, con la implicación de las comunidades autónomas. También, que se cumpla el objetivo de elevar el rango de la AICA “para que tenga más medios materiales, humanos y las sanciones sean más importantes, para reforzar el papel de los agricultores y ganaderos en la cadena de valor”, instó.
Ese refuerzo de la AICA ya estaba contemplado en el listado de acuerdos que alcanzaron hace más de un año las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura, tras las protestas del campo. Sin embargo, el Congreso de los Diputados, con los votos del PP y Vox, votó en contra de una enmienda –en la legislación sobre desperdicio alimentario– que hubiera dotado a la AICA de mayores capacidades de inspección y sanción. “Que quien la ha rechazado en las Cortes quede retratado, porque hay que reforzar la AICA, lo contrario es dar la espalda al campo”, aseguró durante un acto de UPA su secretario general.
En ese mismo evento, el ministro Luis Planas, indicó que el refuerzo de esta agencia de información y control alimentario sigue sobre la mesa. “Todos los partidos de derechas votaron en contra, pero antes o después lo lograremos”, remarcó Planas. “La gran contradicción de aquellos que se golpean el pecho diciendo que defienden los intereses de España, de los agricultores y ganaderos” es que “cuando hay una media que les apoya, no la respaldan. Que cada uno saque su lección”, concluyó.
En los últimos meses, una de las grandes quejas del sector primario es la evolución del aceite de oliva. Argumentan que la bajada en los precios que se pagan a los olivareros ha sido mucho más rápida y acusada que la trasladada a los consumidores. Por ello, muchos productores no estarían cubriendo sus gastos de producción, con lo que se estaría incumpliendo la Ley de la Cadena. De hecho, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) presentó una denuncia ante Competencia por un posible pacto de precios en el aceite de oliva. “Cada día, el sector del aceite de oliva está perdiendo ocho millones de euros”, aseguró esta organización al presentar su denuncia ante la CNMC.
