Sumar salió de la reunión con Pedro Sánchez tras el estallido del caso Santos Cerdán con una petición muy clara a su socio de Gobierno: activar la agenda social para reiniciar la legislatura. Sin embargo, esta semana la coalición de Yolanda Díaz tuvo que recalibrar algunos cálculos. Por un lado pospuso la primera votación de la reducción de jornada en el Congreso, que iba a celebrarse el próximo martes. Al mismo tiempo recibió la negativa del Partido Socialista a incluir este lunes el trámite inicial para llevar al Consejo de Ministros el decreto de permisos, con la idea de aprobarlo antes de que termine julio.
El martes, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda no respondió de forma directa preguntada sobre si la ley para la reducción de jornada iría en el pleno extraordinario del 22 de julio. Precisó que los debates deben darse en las condiciones adecuadas. Poco después, el Ministerio de Trabajo trasladó una decisión definitiva: el proyecto tendrá que esperar al menos hasta septiembre y no irá en este periodo de sesiones, uno de los objetivos que Díaz se había marcado en la negociación para la reforma.
Desde Trabajo aportaron dos argumentos para la decisión. El momento actual, argumentaron, no invita a un debate sereno sobre la medida. Hay un serio riesgo de que la derecha utilice esta votación para convertirla en un plebiscito sobre el Gobierno tras el estallido del escándalo de corrupción que salpica al Partido Socialista y que de momento ha dejado al ex número tres de esa formación, Santos Cerdán, en prisión preventiva. Cobraban más sentido las palabras de la vicepresidenta en la rueda de prensa: “Este debate debe darse en las condiciones más favorables posibles”.
La segunda razón que aportaron era la más evidente. La negociación con Junts sigue trabada y aunque los de Carles Puigdemont no se cierran en banda a negociar advirtieron este martes que si el debate de totalidad iba a Pleno este 22 la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas quedaría tumbada y el Gobierno se vería obligado a llevarla de nuevo al Consejo de Ministros. Una dura derrota que en Trabajo han preferido evitar. En un comunicado pactado entre la formación independentista y el Ministerio, ambas partes trasladaron su intención de seguir negociando.
“En la reunión de hoy, Junts per Catalunya ha recordado su interés en proteger a las PYMES, autónomos y trabajadores de Catalunya que se enfrentan a diario con impedimentos que dificultan su actividad y crecimiento. En todo caso, para Junts, la ley no es posible sin consenso; debe ser una oportunidad para las pymes y que recoja todas las peticiones algo que requiere, en todo caso, de tiempo y seguir trabajando. Por ello, y dado que se trata de una medida importante para el Gobierno español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido dar más tiempo a estos trabajos para que se pueda superar la fase de totalidad en el próximo periodo de sesiones”, rezaba la nota.
En Trabajo no ven esta decisión como un paso atrás en la negociación de la reforma y creen que las conversaciones con los independentistas han avanzado, aunque hay pocos detalles sobre el contenido exacto de los puntos de bloqueo, más allá de que el grueso de los problemas están en la preocupación que manifiesta la patronal por cómo puede afectar una reforma de este tipo a las pequeñas y medianas empresas. Un extremo que en el Ministerio están abiertos a abordar.
Tampoco pone en demasiado riesgo, según los cálculos de ese departamento, el cronograma que habían estipulado para que la reducción de jornada sea un hecho antes de que termine el año. Si en septiembre hay avances con Junts, la reforma puede ir luego muy rápida en la tramitación parlamentaria porque el trabajo de enmiendas puede avanzar algo con los grupos mientras tanto. Pero todo depende de los siete votos de un partido que ya ha advertido en público y en privado que no está a favor de una reforma como esta. Por más que sea la medida estrella para la coalición de Yolanda Díaz.
El PSOE ve incipiente la negociación sobre los permisos
La reducción de jornada en cualquier caso sigue los cauces de una tramitación parlamentaria que en Sumar ya sabían que sería larga y laboriosa. Por eso, para cumplir ese reseteo de la legislatura que le pusieron a Sánchez encima de la mesa, lanzaron en las últimas semanas otro vector político, la reactivación del decreto de permisos que lleva varado desde la pasada legislatura. La vicepresidenta segunda aprovechó la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso de Santos Cerdán para instarle a que aprobara el decreto cuanto antes.
Sumar puso una fecha concreta: luz verde en el Consejo de Ministros antes del parón de agosto para convalidarla en un pleno ordinario en septiembre. Pero con la medida ya en marcha para cuando las familias vuelvan al curso escolar tras las vacaciones. Un potente mensaje, argumentan en Sumar, para darle “buenas noticias” a la gente, como ha descrito la propia Díaz esta semana en varias entrevistas.
El problema es que la premura que emana de Sumar no parece tener mucho efecto en el lado socialista, que es quien maneja los tiempos en el Gobierno en todas las cuestiones económicas. Mucho más con una medida como esta que supone un importante desembolso presupuestario.
El decreto está dividido en varios permisos. Por un lado, la extensión a veinte semanas de las bajas tradicionales por maternidad y paternidad. Y también una extensión especial para las familias monoparentales a 34 semanas. Pero el grueso es la remuneración de unos permisos especiales por nacimiento. Ocho semanas que los padres y madres se pueden tomar hasta los ocho años de cada hijo y que las dos partes del Gobierno acordaron al inicio de la legislatura remunerar hasta las primeras cuatro.
La medida es potente pero es en realidad un encargo que emana de una directiva europea sobre conciliación a la que España llega tarde. El retraso del Ejecutivo en implementarla ya le supone a las arcas públicas una multa de más de 9.000 euros al día que asciende a más de 40.000 a partir de agosto, cuando se cumplen dos años del plazo que el país tenía para activarla.
Aun así, el Ministerio de Economía, que ordena los asuntos que se tratarán el próximo lunes en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el trámite previo para que una medida vaya al Consejo de Ministros, ha decidido no incluir este decreto. Si este órgano no se vuelve a reunir en los próximos días, Sumar verá frustrada su ofensiva para tener la medida aprobada este verano. Desde el entorno de la vicepresidenta segunda trasladan sin embargo que seguirán negociando hasta que empiece esa reunión para poder abordar el asunto.
En el Ministerio de Hacienda, que tiene que dar el visto bueno para activar esta medida, aseguran que no son ellos quienes están bloqueando el decreto pero matizan que las conversaciones sobre el asunto están todavía en un punto muy incipiente, lo que hace pensar que la negociación quedará para el próximo curso político.
Satisfechos con los anuncios del presidente sobre corrupción
La coalición está mucho más satisfecha con el papel que jugó en los días previos a la comparecencia del presidente en el Congreso. Los partidos de Sumar habían pedido una ambiciosa agenda de medidas de regeneración democrática que vieron cumplida en las palabras de Sánchez. Tras sus anuncios, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que suele encabezar las negociaciones con el PSOE, defendió que el líder socialista había incorporado diez medidas propuestas por su espacio político.
“De las medidas que le presentamos ha aceptado diez”, le dijo Díaz al presidente en su intervención. Y entre ellas, una de las principales peticiones de los partidos de Sumar desde que estalló el caso Koldo, la creación de una oficina independiente contra la corrupción. Sumar ya tiene una proposición de ley registrada sobre este asunto que ha anunciado que llevará al Congreso para su debate a principios de septiembre.
“Este es el camino”, celebró también el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, tras escuchar al presidente del Gobierno. “Izquierda Unida tenía la confianza de que se tenían que asumir propuestas y retomar la iniciativa para reconectar el bloque de investidura”, expresó en unas declaraciones a los medios.
Los partidos de la coalición confían en las medidas sociales para recuperar iniciativa política en los próximos meses, especialmente después de unas semanas muy delicadas, atrapados entre la difícil tensión que representa sostener a un socio de Gobierno con un caso de corrupción muy significativo y la amenaza de la llegada de la ultraderecha al poder.
Las últimas encuestas reflejan un ligero incremento de los apoyos de Sumar, pero la coalición no consigue recuperar la pérdida de intención de voto del PSOE por el escándalo de corrupción. Tampoco lo hace el conjunto del espacio, que según el CIS ha recuperado fuerza en las últimas semanas pero sigue algo por debajo del 12,3% que obtuvo en las elecciones generales con los socialistas cuatro puntos por debajo del resultado de aquel 23J.
