El número de comunidades energéticas en España prácticamente se ha duplicado en dos años, hasta 659 en 2024, pero solo el 17,7% tiene su primer proyecto en marcha, según el último informe del Observatorio de Energía Común. Expertos del sector reclamaron cambios legales para que esta figura pueda despegar.
Estas comunidades están recogidas en dos directivas europeas que obligan a promoverlas como vía para empoderar al consumidor. Deben estar legalmente constituidas (en España el 66% lo han hecho como asociación y el 31%, como cooperativas) y controladas por sus socios: personas, empresas y administraciones que se unen para impulsar proyectos comunitarios relacionados con la energía. La actividad más habitual es el autoconsumo fotovoltaico, pero también pueden dedicarse a movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas, almacenamiento, renovables térmicas, acciones contra la pobreza energética…
Sin un registro oficial centralizado que las contabilice, el termómetro más fiable para calibrar su despliegue es este informe elaborado a iniciativa de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y de Redeia (matriz de Red Eléctrica) con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica. El documento, basado en encuestas o el rastreo de registros autonómicos, recoge que ya hay comunidades de energía en el 8,1% de los municipios españoles, frente al 4% de 2022. Sobresalen Euskadi (30% de los municipios) y Navarra (24%), ambas con larga tradición cooperativista, seguidas de Galicia (20%) y Comunitat Valenciana (18%).
El estudio calcula que en 2024 había 27.000 personas y entidades socias de una comunidad energética. El 69,3% estaban localizadas en el ámbito rural; el 21,4% eran urbanas y un 6,3% trabajaban en los barrios. La mayoría (58,4%) tienen menos de 20 socios, muestra de que siguen “en una fase incipiente”. Solo el 17,7% tiene su primer proyecto en marcha, frente al 12% de 2023. Un incremento “bajo”, como explicó el coordinador del informe, Carlos Pesqué, durante su presentación en Madrid el pasado martes. “Es importante gestionar esas expectativas y esa motivación” de los momentos iniciales para que “no acaben desfalleciendo”, apuntó.
María González, jefa de Área de Mercado Minorista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), explicó que “la ciudadanía tiende a confundir los conceptos de comunidad energética y autoconsumo colectivo”, cuando este último es una de las actividades que pueden desarrollar, pero no la única. En su opinión, la “primera barrera” para su desarrollo es social, por tratarse de decisiones colectivas; y “las Administraciones tenemos que hacer mucha pedagogía” para que el ciudadano no las perciba como un proceso “dificultoso”.
El informe señala que España es uno de los países de la UE “con menores índices de participación ciudadana activa en iniciativas sociales, culturales o educativas”. Superar esta dinámica representa uno de los principales retos de la transición energética en nuestro país. Las comunidades “no son únicamente un mecanismo para reducir nuestras facturas de energía y reducir emisiones de carbono, sino que también tienen el potencial de transformar las estructuras sociales y económicas locales”.
Joan Herrera, ex diputado de ICV, ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y fundador de la consultora Samso, lamentó el martes la falta de un marco normativo acorde a la directiva europea, que les dota de un rol “protagonista” en un sector “altamente complejo” en el que “necesitas musculatura”. En su opinión, solo están saliendo adelante las comunidades de “aquellas personas más motivadas”. Son “pequeñas experiencias muy interesantes pero que no emergen como un nuevo actor”. Y hasta el año pasado han tenido “el dopaje de las ayudas” públicas, ya concluidas [el 58% de las comunidades habían recibido algún tipo de ayuda pública en 2024, según el informe], pero sin un marco favorable que permita que cojan vuelo.
Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas en la asociación fotovoltaica UNEF, señaló que estas entidades son “punta de lanza de la electrificación” y “tienen valor social”, pero para que “puedan participar en igualdad de condiciones” falta “regulación” que les permita “la escalabilidad”; tanto en la normativa del autoconsumo como en la definición de su control efectivo o sus trámites.
UNEF propone habilitar “ventanas de tramitación” en las comunidades autónomas para estas entidades, ayudas fiscales a sus socios en el IRPF o el IBI y cambios en la Ley de Régimen Local que faciliten la participación de los ayuntamientos. En el 61% de las comunidades, los consistorios ejercen como “facilitadores”, cediendo espacios y cubiertas de edificios municipales para proyectos energéticos. Pero los municipios solo son socios en un 21% de ellas.
Pedro Fresco, director de la patronal valenciana de renovables Avaesen, abogó por “pensar fuera de la caja” para “escalar” las comunidades. Por ejemplo, agrupando a pymes, que tienen un consumo muy superior a los usuarios domésticos. Puso como ejemplo la primera comunidad energética que se puso en marcha en España, la de Crevillent (Alicante), de la cooperativa Enercoop, con 100 kilovatios (kW) nominales y baterías. “La realidad es que para ser un actor relevante y sustituir la energía que genera la central nuclear de Cofrentes necesitaríamos 50.000 comunidades energéticas como la de Crevillent”, expuso.
En 2024 hubo una ligera disminución en la creación de nuevas comunidades en España. Surgieron 200 (frente a 211 en 2024), lo que, apunta el informe, “puede deberse a múltiples factores”, como la evolución del marco regulatorio, la disponibilidad de ayudas o la consolidación de iniciativas ya existentes. El pasado ejercicio fue un año “sin novedades sobre un marco estatal”, mientras “algunas comunidades autónomas han avanzado por su cuenta”, explicó el coordinador del estudio.
Transición Ecológica sacó a consulta en abril de 2023 un borrador de Real Decreto para regular las comunidades de energías renovables (CER), centradas en proyectos de generación renovable de ámbito local, y las comunidades ciudadanas de energía (CCE), orientadas a cualquier actividad del sector eléctrico. Pero finalmente solo traspuso parte de la normativa europea en un decreto-ley para hacer frente a la guerra en Ucrania (el 5/23).
Sí incorporaron novedades legislativas en 2024 Galicia, Catalunya y Aragón, a la que el informe señala como “referencia legislativa en participación ciudadana en energía”, con un régimen autonómico específico para las CER y las CCE y líneas de ayuda directa, entre otros instrumentos de apoyo.
Pionera en Teruel
La pionera en esta región fue la comunidad energética de Luco de Jiloca, un pueblecito adscrito a Calamocha (Teruel) que simboliza la España vaciada (en los 70 rondaba los 700 vecinos y tiene 60). La cooperativa echó a andar en plena pandemia, a principios de 2021, y en abril de 2023 conectaron una planta fotovoltaica de 60 kW de potencia.
Con 26 hogares adheridos y el Ayuntamiento como socio, el proyecto ha supuesto hasta ahora una inversión de unos 200.000 euros que han cubierto al 50% con ayudas públicas. El resto vino de los socios (a entre 1.000 y 1.500 euros por cabeza) y de un para la fase inicial que captó unos 6.000 euros. La planta, cuya potencia se plantean aumentar, se ubica en una era de la cooperativa, junto a dos pajares en ruinas que están rehabilitando para convertirlos en su sede social. Planean instalar baterías y abrir un centro de interpretación de la energía que explique la histórica vinculación de la zona con la energía hidroeléctrica.
Allí funcionaron tres saltos de agua hasta la década de los 70, explica uno de los fundadores de la cooperativa, el ingeniero industrial Carlos Aríñez, vecino del municipio. Los socios tienen firmado un acuerdo para el reparto de la energía que se produce y que se registra en cada contador, mediante unos porcentajes que la distribuidora comunica a las comercializadoras para calcular cuánto le toca a cada vecino, “hora por hora”.
El ahorro conseguido en factura, explica, ronda el 50%. Pero quieren ir más allá. Están implantando un punto de recarga de vehículos eléctricos que quieren poner a disposición de los vecinos “gratuitamente” y desarrollan un software “pionero” para monitorizar los contadores a nivel colectivo, realizar previsiones de generación con los pronósticos meteorológicos de la AEMET, optimizar consumos, gestionar excedentes y venderlos en la red… en suma, capitalizar la comunidad para poner en marcha más proyectos. Su idea es poner esa herramienta a disposición de otras comunidades energéticas de todo el país.
Aríñez reconoce que el 28 de abril, durante el histórico apagón ibérico, los socios de Luco se quedaron sin luz como el resto de España, porque “al final, dependemos de la red eléctrica. A día de hoy, no es posible tirar línea directa a las casas desde nuestra planta de generación”: necesitan acceder a un punto de acceso de la distribuidora, en este caso Endesa. Algo que, apunta, contemplan las directivas europeas y “se está dilatando en el tiempo”, pero que, afirma, la legislación española tendrá que acabar permitiendo.
