La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. La operación es fruto de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha acudido al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, el número 6, para solicitar varios registros y detenciones.
Los arrestos han sido practicados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de un operativo que todavía está abierto. Junto a Leire Díez ha sido detenido el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. A ambos se les atribuyen delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Están previstos más arrestos.
Vicente Fernández fue presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Fue cesado después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y volviera a estar imputado. Precisamente la semana resultó absuelto de ese caso junto a otras 15 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía.
Leire Díez, por su parte, trabajó entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 en Enusa, una empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa Leire Díez acudió con Vicente Fernández a algunas reuniones de la compañía pública.
Tras su salida de la SEPI, Vicente Fernández estuvo dado de alta entre 2021 y 2023 en Servinabar, la sociedad navarra sospechosa de constituir el vínculo para el cobro y reparto de mordidas al ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, según la Hacienda foral de Navarra. Nunca mencionó este empleo en su currículum. Compareció en el Senado, en el marco de la comisión de investigación abierta por este caso, y se negó a responder a preguntas porque estaba implicado en otro procedimiento vinculado con Aznalcóllar, informa Iker Rioja.
El caso de la mina de Aznalcóllar
Fernández Guerrero fue imputado por la jueza Mercedes Alaya en el caso Aznalcóllar por su papel como secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, si bien en el momento de dirigir la investigación contra él desempeñaba el puesto de presidente de la SEPI. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.
La sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla incluye duras críticas a la instrucción de Alaya. Esta jueza, conocida como la primera instructora del caso de los ERE, fue uno de los objetivos de Leire Díez en su búsqueda de policías, jueces y otros funcionarios que hubieran actuado contra el Gobierno por motivaciones ideológicas. Ella defiende que sus maniobras solo responden al trabajo periodístico de quien está escribiendo un libro.
En este sentido, Leire Díez ya estaba siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
