La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica al exministro y ex ‘número tres’ del PSOE José Luis Ábalos en el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas constructoras. Así consta en el auto en el que el juez del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ordena a los agentes registrar el domicilio del también diputado.
En la resolución judicial, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, explica que la Guardia Civil ha encontrado, entre los dispositivos incautados a Koldo García, grabaciones en las que el propio Ábalos reconocería su implicación en el cobro de mordidas a cambio de su intervención en la adjudicación de obra pública a determinadas empresas durante su etapa como ministro de Transportes.
El magistrado dice que tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción –“en su documentado informe”– señalan que Ábalos “pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del MITMA [Ministerio de Transportes], en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica”.
Los investigadores han encontrado “una concreta identificación indiciaria” entre las adjudicaciones públicas y “ciertas grabaciones, halladas (…) en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa koldo García Izaguirre”. También aparecen “elementos bastantes para considerar que dichas adjudicaciones” motivaron la intervención del ministro para obtener “un determinado beneficio económico”.
Las grabaciones a Koldo García dan un impulso al caso. Una vez encontradas en los dispositivos almacenados, la UCO culminó un informe la semana pasada y la Fiscalía Anticorrupción ha hecho lo propio. De acuerdo al contenido de los mismos, el juez Puente ha acordado el registro este martes del domicilio de Ábalos en Valencia y la incautación, para su clonado, de los dispositivos móviles de que dispusiera.
“A partir de la solidez de los mencionados indicios, la entrada y registro que aquí se acuerdo resulta de la efectiva existencia de aquellos, que permiten considerar, al menos, la posible comisión de sendos delitos de cohecho y organización criminal”, señala el juez en el auto.
