En un Consejo de Ministros celebrado hace dos décadas, el Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA). El objetivo era facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda a un precio asequible, que no superase el 30% de sus ingresos. Veinte años después, esa meta todavía parece lejana: la edad media de emancipación sigue rondando la treintena y el precio de las rentas se ha disparado. Mariano Rajoy disolvió la entidad poco tiempo después de llegar a la Moncloa, pero algunos de aquellos contratos sobrevivieron.
Al menos 34 contratos se han ido renovando hasta este 2025. Javier y su pareja rondan hoy los 50 y son ya familia numerosa, con un alquiler que supera los 1.100 euros. Francisco y su pareja han tenido dos niños, que han nacido y se han criado en uno de esos pisos, por los que sus padres pagan alrededor de 1.000 euros al mes. Son lo que desde el Gobierno ha venido a llamarse alquiler asequible o por debajo de mercado. Pero estas familias se enfrentan ahora a un “desahucio invisible”, ejecutado por el propio Estado.
En 2012, el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy autorizó la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler, alegando que solo había conseguido gestionar un máximo de 9.000 viviendas, acumulando pérdidas por valor de 37 millones de euros, un 0,07% de lo que supuso el rescate bancario. La sociedad se dedicaba a intermediar entre propietarios e inquilinos, aunque algunas viviendas eran de titularidad pública. Para su liquidación, algunas decenas de esas viviendas pasaron a ser gestionadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria de los inmuebles.
“Estos inquilinos se vieron en una situación de limbo con los contratos, que se renovaban automáticamente. Algunos se han ido yendo, pero queda un grupo al que la Tesorería quiere echar para vender las viviendas”, señala el portavoz del Sindicato de Inquilinas Pablo Pérez Ruiz. Francisco, Javier y casi una treintena de inquilinos más han recibido en los últimos meses notificaciones anunciándoles que deben dejar las viviendas en las que han proyectado su vida durante los últimos 19 años. Unos tendrán que abandonarlas este mismo jueves. Otros el 30 de noviembre. 28 de las afectadas se han organizado con el sindicato para exigir al Estado, al que acusan de actuar como “un fondo buitre más”, una negociación colectiva.
Este miércoles Javier recibió una llamada de la propiedad para coordinar la salida. “No nos podemos ir, no tenemos alternativas”, afirma. Esta redacción ha podido ver una carta en la que la subdirección general de gestión del patrimonio le advierte que su contrato “quedará extinguido con efectos del 31 de julio de 2025” y que, “en caso de no producirse la devolución del inmueble en la fecha indicada, la Tesorería General de la Seguridad Social iniciará las acciones legales que correspondan para recuperar su posesión”. “Es inaceptable que el Estado vaya a poner demandas de desahucio”, consideran desde el Sindicato.
Desde el Ministerio de Seguridad Social explican que se trata de “una administración pública sin competencias en vivienda y, por lo tanto, carece de la potestad de hacer promoción inmobiliaria y de suscribir contratos particulares fuera de su propia normativa”. En ese sentido, desde el departamento que dirige Elma Saiz, indican que sus servicios jurídicos “concluyeron que tanto los contratos como las posibles prórrogas estaban vencidos”.
Además, Seguridad Social basa su decisión en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el uso de sus inmuebles, de 2022. “Informaba de que se debía proceder a la enajenación y corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener inquilinos en situación jurídica irregular”. En concreto, el organismo público afeaba a la Tesorería General que, de los 4.115 inmuebles dados de alta en la Gerencia de Bienes Inmuebles de la Seguridad Social a la elaboración del análisis, 874 se encontraban vacíos, aunque más de la mitad eran fincas rústicas, y 179 parcialmente vacíos o sin uso, lo que suponía “importantes gastos e inversiones”, que ascendían a 143 millones de euros.
“Sorprende que se ensañen con quienes pagan los alquileres, mientras los pisos vacíos se quedan vacíos o se venden para que entren inmobiliarias que los dividen y los alquilan por habitaciones. Es un sinsentido”, lamenta Francisco. Es una realidad que han vivido varios vecinos, a medida que algunos antiguos inquilinos de la SPA han ido dejando sus viviendas. “Han ido subastándose a precio de mercado y las propias vecinas han ido viendo como eran compradas por inmobiliarias, rentistas o fondos buitre, que las vendían o las alquilaban a precios más caros”, denuncia Pérez Ruiz.
El Ministerio reduce actualmente las viviendas de su propiedad repartidas por el territorio nacional a 304, “la mayoría de ellas ocupadas”. Pero no niega su interés en vender los inmuebles en los que viven estas familias, que son un caramelo en el mercado inmobiliario madrileño. Todas están dentro de la M30, son pisos amplios, de dos o tres habitaciones, y en barrios céntricos, como Argüelles, Lavapiés, Chamberí, Ventas y Pacífico. La renta con la que comenzaron en 2006 ha ido actualizándose año a año según el IPC, más un salto de entre el 20 y el 30% en 2011. Actualmente, estas rentas se sitúan entre los 900 y los 1.200 euros. “No es un alquiler social, ni mucho menos, pero están por debajo de mercado, porque en las zonas donde se encuentran, si te metes en Idealista (los precios) están disparados”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas.
La Seguridad Social ha ofrecido a estas familias que adquieran las viviendas a precio de mercado, algo que ya consideran una “excepcionalidad, dado que la forma ordinaria de enajenar estos inmuebles es la subasta pública, que es la que mejor garantiza los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad, según la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas”. Según este departamento, algunos inquilinos ya han manifestado su interés y el plazo sigue abierto para el resto, pero los precios, por encima del medio millón de euros, frena a otros.
En el caso de Javier, por ejemplo, la tasación del Ministerio ha superado el millón de euros. “Se escapan de nuestras posibilidades y no nos dan alternativa”, lamenta, mientras trata de mantener a sus hijos de 12, 14 y 16 años ajenos a una situación que perciben. “El pequeño está con la ilusión de pasar al instituto y esto le trastoca. Nos pregunta dónde va a ir”, continúa. Porque más allá de lo económico, en muchos de estos casos hay un factor de arraigo. “Debería cambiar de barrio y mis hijos han nacido en esta casa”, coincide Francisco.
Ambos se plantean un escenario en el que dejar Madrid, decepcionados con la muerte de una herramienta que, a su juicio, funcionaba. “En aquel momento, acceder a una vivienda supuso un alivio. Tampoco eran alquileres de renta antigua, pero eran baratos. La gente no estaba tan sensibilizada con el tema de la vivienda, pero tuve la sensación de que había cosas que funcionaban y ayudaban a las personas. Con el paso de los años hemos ido pagando bien el alquiler, los gastos… Y, a día de hoy, creemos que es un mecanismo que ha funcionado, pro eso estamos doblemente sorprendidos de que lo quieran desmantelar de un día para otro”.
“Cuando nos dieron esta oportunidad hace 18 años, se nos abrió la oportunidad de formar una familia. Ahora, con más de 50, acceder a una hipoteca es muy complicado. Además, son cantidades estratosféricas, seguramente nos veríamos obligados a irnos de Madrid”, lamenta Javier, que escucha con “una rabia tremenda” las intenciones del Gobierno de impulsar los alquileres asequibles: “Por un lado, lanzan esos mensajes, pero luego la realidad… Lo que estamos sufriendo no tiene nombre”.
Para el Sindicato de Inquilinas es un “sinsentido” que el Gobierno “lleve mucho tiempo hablando de la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, pero malvenda las que tiene, disminuyendo el parque público y pasándolo a manos de fondos e inmobiliarias”. Precisamente, el Ministerio de Vivienda está impulsando una nueva empresa pública de vivienda sobre Sepes, la entidad pública del suelo, a la que pretende transferir 40.000 viviendas de la Sareb. De hecho, el Ejecutivo valoró la posibilidad de hacer lo mismo con estos inmuebles, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero “se desestimó al ser patrimonio de la Seguridad Social distinto al Patrimonio del Estado y estar sujeto a una normativa propia”, explican estas fuentes.
