El nuevo curso político que se iniciará tras el parón veraniego situará de nuevo al Tribunal Constitucional en el centro de la pugna política. Cuatro de sus magistrados, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzarán el final de su mandato el próximo diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el Partido Popular tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones por sí mismo: le faltan 15 votos.
Es un escenario que abre nuevos interrogantes sobre los incentivos del partido de Alberto Núñez Feijóo para pactar una renovación que, en principio, no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes muy relevantes y de enorme carga simbólica para el Gobierno como la amnistía. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto hace solo un año y tiene la opción de ser reelegido.
La renovación requiere el respaldo de tres quintos (160 votos) de la Cámara Alta, que esta misma semana recibió la comunicación oficial que da inicio al proceso para designar a los nuevos magistrados. Hasta el momento, lo habitual ha sido que PP y PSOE se repartieran los cuatro puestos y cada formación propusiera dos nombres. Sin embargo, es una hipotética negociación que aparece plagada de incógnitas dado el momento de enorme crispación, con los socialistas sumidos en el desgaste de la corrupción del ‘caso Cerdán’ y el PP desplegando una estrategia de descalificación del Constitucional, al que ha acusado de ser “un tribunal político al servicio del Gobierno”.
El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, aseguró el pasado jueves que su partido quiere que el Constitucional “recupere la senda de respeto a las instituciones” y a la “Justicia”. También reclamó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se tome “en serio” este tema y “deje de manipularlo todo el tiempo”. El PP cuenta con 145 senadores.
En privado, sin embargo, en el PP reconocen que la formación puede tener pocos alicientes para abordar una renovación con el PSOE. Por un lado, ante el impacto negativo que puede tener fraguar un acuerdo con los socialistas en unas fechas en las que se esperan nuevas revelaciones sobre la trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos y los casos que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.
Y, por otro, ante la posibilidad de un adelanto electoral que pudiera mejorar las expectativas del partido y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya fuera en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.
Sin embargo, el bloqueo a la renovación implicaría que, salvo renuncia, los cuatro magistrados seguirían en sus puestos con el mandato prorrogado. Eso supondría, en consecuencia, extender el mandato de Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y al que el partido de Núñez Feijóo ha acusado de “corregir” sentencias del Tribunal Supremo y de estar a “las órdenes” de la Moncloa.
Pero la realidad es que la aritmética actual hace prácticamente imposible un acuerdo que no pase por implicar a los socialistas, que cuentan con 91 escaños en el Senado. Para eludir un hipotético acuerdo con la formación de Pedro Sánchez, el PP tendría que sumar a la ecuación a opciones antagónicas como Vox y los independentistas vascos o catalanes, lo que parece altamente improbable. No sería, en todo caso, la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional. Ya lo hizo durante el mandato de Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés.
Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al Consejo General del Poder Judicial (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas.
Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.
No obstante, el bloqueo más escandaloso al que el PP ha sometido a un órgano constitucional tuvo lugar entre 2018 y 2022, cuando con excusas crecientes y cambiantes se negó a pactar una renovación que le hiciera perder su mayoría en el CGPJ, la principal institución del tercer poder Estado y la que designa a los jueces más relevantes del país. Hubo varios intentos y en algunos la renovación estuvo cerca, pero Núñez Feijóo cedió a la presión de terminales mediáticos muy influyentes en el partido y de voces internas de la formación, muy críticas con cualquier viso de acercamiento a Pedro Sánchez.
El acuerdo se fraguó en junio de 2024. El PSOE, a pesar de estar en el Gobierno, aceptó que el órgano se dividiera totalmente a la mitad, con diez vocales designados a propuesta de los socialistas y Sumar y otros diez elegidos por iniciativa del PP. El pacto también contemplaba que, por primera vez, fueran los propios vocales los que eligieran la presidencia del órgano.
Después de que el bloque conservador volviera a bloquear la designación de las candidatas propuestas por el bloque de la izquierda, el órgano acabó designando a Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista pero que ha mantenido una posición neutral en los temas más controvertidos. Tras seis años de bloqueo el órgano ha recuperado la normalidad institucional, aunque también se ha puesto de manifiesto la debilidad del bloque progresista tal y como refleja el hecho de que casi un 40% de las plazas adjudicadas en el Supremo y los tribunales territoriales hayan sido para jueces conservadores.
El Constitucional, un posible contrapeso
A pesar de estos precedentes, en el Ejecutivo reconocen que la renovación parcial del Constitucional es un asunto que todavía no se ha empezado a abordar. Sin embargo, dada la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le puede interesar una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del órgano, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. Algunas voces apuntan a que, en caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el Constitucional tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por una extrema derecha que sigue subiendo en las encuestas.
El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.
En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como el aborto o la eutanasia y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. Además, una de sus últimas decisiones ha sido avalar la ley de amnistía al considerar que es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no es un indulto general.
El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el recurso de amparo interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación de fondos públicos, lo que le ha dejado fuera de la amnistía. El órgano de garantías también tendrá que resolver sobre cuestiones como la eliminación del catalán como requisito para trabajar en la sanidad pública de Balears o el mantenimiento de las leyes de memoria derogadas en varias autonomías gobernadas por el PP. Son parte de los asuntos que abordarán los magistrados mientras, de puertas para afuera, todo apunta a que el tribunal seguirá inmerso en la pugna política.
