Un informe de la Policía Nacional afirma que Luis ‘Alvise’ Pérez financió varios gastos de su candidatura europea con dinero de un inversor inmobiliario, ingreso que su partido ‘Se Acabó La Fiesta‘ recibió a través de sociedades “instrumentales”. Los investigadores constatan que empresas vinculadas a Mariano Schoendorff transfirieron 7.000 euros al partido en sus primeros días de campaña y que, además, pagaron un gasto de la formación de casi 4.000 euros. Todo mientras esos mismos días de 2024 el agitador ultra, imputado en el Tribunal Supremo por financiación ilegal, recibía 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, tal y como reveló elDiario.es.
Alvise Pérez, después de trabajar para Ciudadanos y de convertirse en el mayor agitador de extrema derecha con cientos de miles de seguidores en Telegram, dio el salto a la política en el verano de 2024 cuando constituyó su plataforma SALF y se presentó a las elecciones europeas con promesas como construir una cárcel para políticos o sortear su sueldo, algo que ha dejado de hacer. Una campaña en la que presumió de imprimir millones de papeletas y viajar con una furgoneta y un megáfono por decenas de ciudades con sus ahorros y el dinero que le donan sus seguidores.
La realidad, según desvela este informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional aportado al Tribunal Supremo, es que en los días en los que Alvise empezaba su campaña a las europeas un empresario transfirió varios miles de euros al partido a través de sociedades interpuestas y pagaron algunos de los gastos de la formación. Por un lado, 7.000 euros que llegaron a la cuenta de Se Acabó La Fiesta en cinco transferencias distintas y, por otro, el pago de un gasto de algo más de 3.500 euros en que incurrió el partido con una empresa asturiana de gestión documental. La ley prohíbe que un partido reciba anualmente más de 50.000 euros de un mismo donante.
Los primeros 7.000 euros, según explica este documento al que ha tenido acceso elDiario.es, salieron de una empresa llamada “Sport Gamala” en tres transferencias con destino a otra sociedad llamada “Somos Libres SL”, la misma que Alvise ofreció al empresario Álvaro Romillo para ingresar los 100.000 euros que finalmente le dio en efectivo. Desde “Somos Libres SL”, casi de manera instantánea, los 7.000 euros llegaron de forma casi íntegra a la cuenta de SALF.
Los movimientos de dinero se produjeron entre el 24 de mayo del año pasado y el 4 de junio. En los primeros días de campaña, cuando el hoy eurodiputado presumía de haber impreso por sus propios medios dos millones de papeletas, cuando empezaba a pedir donaciones a través de las ‘wallets’ digitales que Romillo había abierto para él o cuando hizo sus primeros mítines callejeros en Valladolid y Zaragoza. La mayor parte del dinero llegó a las cuentas de SALF mientras Alvise iba personalmente a las oficinas de la empresa de Romillo en el barrio de Salamanca de Madrid a recoger 100.000 euros en efectivo.
La Policía entiende que todas las empresas y cuentas involucradas tienen “rasgos inequívocos” de ser “instrumentales” para mover el dinero sin dejar rastro y muestra, incluso, sus “sospechas de blanqueo de capitales” en estas transferencias que acabaron en las cuentas de ‘Se Acabó La Fiesta’, que recientemente se ha quedado sin subvención por no presentar sus cuentas de esas elecciones. Los agentes policiales piden, además, una batería de diligencias para investigar a fondo las cuentas y los movimientos bancarios de Alvise y sus financiadores.
Un inversor y un excandidato de Vox
La Policía apunta a dos personas “de crucial interés” como el origen de los más de 10.000 euros que recibió SALF en esos días de campaña, a través de transferencias directas o pagando una factura del partido: Mariano Schoendorff y Luis P.P.D. El primero es un empresario conocido por ser el inversor principal de Nyesa, compañía del sector inmobiliario que cotiza en la Bolsa. El segundo, que entra en escena cuando el dinero ya había sido transferido, fue candidato suplente por Vox en la localidad madrileña de Estremera en las elecciones municipales de mayo de 2023.
Ninguno de los dos ha sido imputado por el juez del Supremo que investiga el caso y por el momento la Fiscalía se ha limitado a insistir en que el magistrado ponga en marcha las diligencias solicitadas por la Policía. Ni el empresario ni el entorno del eurodiputado han querido hacer comentarios al respecto. La ley de financiación de partidos políticos prohíbe que una formación reciba donaciones de una misma persona que sean superiores a 50.000 euros anuales.
El nombre de Schoendorff ya había sido vinculado a Alvise con anterioridad. Diversos medios de comunicación como The Objective o también OkDiario informaron de que un mes y medio antes de las transferencias y la campaña electoral el hoy eurodiputado se reunió en una cafetería de Madrid con Mariano Schoendorff y con Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente de Vox pero para entonces casi un año fuera del partido de Santiago Abascal. Semanas después de ese encuentro, refleja el informe policial, las sociedades que entonces administraba Schoendorff y después De Pobil hicieron llegar los 7.000 euros al partido de Alvise y pagaron una factura de más de 3.500 euros de la formación.
El dinero, detalla este informe, salió de la cuenta que “Sport Gamala SL”, de la que Schoendorff era entonces administrador único, tenía en Bankinter, llegando a la cuenta que otra sociedad llamada “Somos Libres SL” tenía en la Caja Rural. Fue aquí donde, según el informe, saltaron las alarmas de las autoridades antiblanqueo del SEPBLAC. De ahí el dinero viajó en cinco transferencias a la cuenta de SALF cuando Alvise celebraba sus primeros mítines.
Esta segunda sociedad también es conocida para los investigadores del caso de posible financiación ilegal de Alvise Pérez y su candidatura europea. “Somos Libres SL” es la sociedad “puente” alicantina que Alvise ofreció a Romillo para ingresar el dinero que finalmente le dio en efectivo y que le donaran sus seguidores. Detrás, destaca este informe, hay una persona llamada Jorge Gracia que, según la Policía, tiene “antecedentes con operativas relacionadas con el blanqueo de capitales” y que está vinculado con casi dos decenas de empresas “en situación de cierre de hoja registral”.
El nombre de Schoendorff, que por el momento ha rechazado escuchar y contestar a las preguntas de elDiario.es, no aparece vinculado solo a ese pago de 7.000 euros al partido de Alvise. También está detrás de un pago posterior por un “gasto” del partido. Tres semanas antes de esas transferencias otra empresa vinculada a los dos, ésta llamada “Inmogalama SL”, pagaba una factura de 3.500 euros en nombre de SALF a una empresa asturiana especializada en custodia y destrucción de documentos.
Tanto esta empresa como Sport Gamala, la que pagó días después los 7.000 euros, están domiciliadas en la misma casa y su administrador único era entonces Mariano Schoendorff. Ya en noviembre de 2024 ambas pasaron a tener como nuevo administrador a Luis P.P.D, que no formaba parte de ninguna de las dos empresas cuando se transfirió el dinero pero que es considerado de “crucial interés” para la Policía por salir a relucir en ambos pagos. Este nuevo administrador ha sido candidato suplente de Vox en unas elecciones municipales en la localidad madrileña de Estremera.
Imputado por financiación ilegal
El informe policial que ha podido ser examinado por elDiario.es está a disposición del juez Julián Sánchez Melgar que desde el Tribunal Supremo investiga a Alvise Pérez y también al empresario Álvaro Romillo por la financiación ilegal de su candidatura a las últimas elecciones europeas, una plataforma electoral convertida posteriormente en partido político. El eurodiputado y el hombre apodado como ‘CryptoSpain’ que le entregó 100.000 euros en efectivo están llamados a declarar el próximo 11 de julio.
Tal y como reveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas de ‘CryptoSpain’ para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños. En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario publicadas por este periódico revelan que Alvise prometió legislar a favor del sector de las criptomonedas y ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.
Hasta la fecha Alvise ha reconocido la recogida del dinero pero ha ido dando diversas versiones hasta afirmar que fue un pago “como autónomo y sin factura” por haber promocionado el club de inversiones de Romillo, que finalmente quebró, sobre todo en un acto en el Hipódromo de Madrid. Romillo, por su parte, reconoció haber entregado el dinero y no dijo que fuera un pago por un servicio.
La financiación supuestamente ilegal de su candidatura europea es una de las múltiples causas por las que Alvise está imputado en el Supremo, tribunal ante el que está aforado tras conseguir un escaño en Bruselas. En las últimas semanas también ha declarado por difundir una falsa prueba PCR atribuida a Salvador Illa y por promover el hostigamiento contra una fiscal en su canal de Telegram, donde acumula más de 680.000 seguidores. En paralelo su grupo parlamentario en Bruselas se descompone después de que sus dos eurodiputados se hayan rebelado contra él después de que les acusara de plegarse al lobby militar en varias votaciones sobre gasto en defensa.
