El Tribunal Superior de Madrid ha estimado un recurso del PP y ha decidido obligar a la Oficina de Conflictos e Intereses a estudiar a fondo las alegaciones del partido sobre el rescate millonario de Air Europa y si Pedro Sánchez tendría que haberse abstenido. Los de Alberto Núñez Feijóo afirman que la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo justificaba que el Presidente se hubiera apartado del proceso y los jueces conceden que la Oficina rechazó su queja sin argumentos suficientes.
El rescate de la aerolínea durante la pandemia se ha convertido en el objetivo de caza mayor tanto de la derecha parlamentari como de los grupos de extrema derecha que ejercen la acusación popular en todas las causas judiciales relacionadas con el Gobierno. La decisión del Consejo de Ministros de rescatar la compañía de los Hidalgo con 475 millones de euros después de que el coronavirus se llevara por delante la actividad de la aerolínea. Un préstamo participativo y otro más ordinario.
Uno de los grandes objetivos de la derecha ha sido vincular este rescate o bien con José Luis Ábalos o bien con Begoña Gómez, intentando sin éxito que diversos juzgados y tribunales investiguen por la vía penal si alguno de los dos influyó de forma irregular en la decisión del ejecutivo de rescatar la aerolínea. Desde el caso Koldo hasta la causa que lleva el juez Juan Carlos Peinado, a quien la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que repetir varias veces que no hay nada que investigar.
En el fondo de estas sospechas esgrimidas por Manos Limpias, HazteOir, Vox o el Partido Popular, está el trato que Begoña Gómez tuvo con la empresa de Javier Hidalgo. Un pacto firmado en enero de 2020 para sufragar con un patrocinio de 40.000 euros para vuelos, becas y eventos que nunca llegó a ejecutarse por la pandemia. La aerolínea pagó 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. La UCO especificó que el único vínculo entre Gómez e Hidalgo era haber coincidido en dos eventos en el primer año de pandemia.
El PP decidió llevar sus alegaciones ante la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, para que analizara si esa conexión entre Gómez e Hidalgo era suficiente como para provocar que Sánchez hubiera tenido que apartarse del rescate de la aerolínea. La denuncia fue presentada hace un año por Cuca Gamarra y Esteban González Pons y rechazada por el organismo, que entendió que el PP no estaba legitimado para presentar una queja que, además, no podía prosperar.
Ese archivo se basó, sobre todo, en la respuesta que dio Presidencia del Gobierno. Ese rescate no afectó “a sus intereses personales, ni propios ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos”, añadiendo que Begoña Gómez “no tiene relación laboral o profesional que implique ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en las empresas objeto de las decisiones adoptadas”.
El TSJ de Madrid da la razón al PP en dos aspectos. El primero es que “tiene legitimación” para presentar esa denuncia y el segundo. El segundo es que el organismo público rechazó sus alegaciones sin una auténtica “actividad material de investigación” por parte de la Oficina. Archivaron la queja con el informe de Presidencia “como base, sin ningún dato. No se aporta documentación alguna que sustente el contenido del informe”. La actuación de la Oficina, añade el TSJ, “se ha ceñido a la emisión de un informe sin otro dato de base” y ahora debe reabrir el proceso y volver a analizarlo a fondo.
