La Justicia argentina ha concedido este martes el beneficio de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015. La exmandataria ya se encuentra detenida en su domicilio de Buenos Aires cumpliendo condena.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 ha fallado que la expresidenta permanezca en el domicilio fijado y «abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica«. El magistrado ha notificado su decisión de forma telemática con el objetivo de evitar que encabece la marcha organizada por el kirchnerismo a la localidad de Comodoro Py, donde debía presentarse este miércoles.
En un plazo de 48 horas, la también ex primera dama deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial. El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la Justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
El juez encargado del caso ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Sin emabargo, los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada.
Horas antes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (que pidieron que la también ex primera dama fuera condenada a doce años en vez de seis) se pronunciaron en contra del arresto domiciliario, argumentando que esta medida es excepcional y que no padece ningún problema de salud para concederle este beneficio.
La defensa de Kirchner para solicitar el arresto domiciliario se apoyó en la edad de la expresidenta (72 años) y en que es «obligación» del Estado «velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo». También recordaron que sufrió un intento de magnicidio.
En 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por el delito de administración fraudulenta en prejuicio del Estado en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Estos hechos se produjeron durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). El paso 10 de junio, el Supremo argentino dejó firme el fallo.
