El juzgado que investiga por la vía penal el suicidio de un empleado de Mercasa que sufrió acoso laboral ha ampliado la lista de investigados y ha llamado a declarar a un antiguo alto cargo de esta compañía pública para el próximo mes de noviembre. Jesús Moreno, que entonces era secretario general de Mercasa y hoy es director general de lo Contencioso en la Abogacía del Estado, tendrá que comparecer como investigado en una causa en la que ya han sido imputados otros altos cargos y antiguos directivos de la entidad pública como su actual director Económico Financiero o la superior directa del fallecido.
Los hechos ocurrieron poco antes de la declaración de la pandemia, cuando José Ramón Sempere era el presidente de la compañía que desde el año pasado preside el exministro José Miñones.
La familia de Jorge S.C. encontró su cadáver en el cuarto de baño de su casa en la madrugada del 2 de marzo de 2020. El Tribunal Supremo terminó determinando por la jurisdicción social que su muerte había sido un accidente de trabajo y que, para entonces, llevaba años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo. Llevaba dos décadas en esta compañía pública del sector de la distribución alimentaria, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y entre sus cometidos estaba elaborar los presupuestos anuales.
La presión en la compañía, según destacan distintos informes y resoluciones judiciales, empezó a aumentar en 2017 cuando una operación de la Audiencia Nacional contra la corrupción se llevó por delante a buena parte de la cúpula de la empresa y este trabajador, además de ser el enlace con la Guardia Civil para suministrar información al juez, asumió su carga de trabajo. Entonces, según la investigación, empezaron los “encontronazos” y el “mal clima” en el departamento financiero de la empresa pública. Las cartas de suicidio del trabajador no solo se dirigían a su esposa y su hijo pequeño. También hablaba a sus compañeros.
“Pido perdón a todos mis compañeros, cómo he podido equivocarme, no merezco vivir”, decía en una de ellas. “Reducen plantilla, me avisan tarde de las cosas, actúan por su cuenta, arriba me atacan, debajo también y por los lados soy víctima colateral de los tiempos. Fin”, afirmaba en otra. Indicios que se suman a una auditoría y que, además de servir para calificar su suicidio como un accidente laboral, han impulsado la investigación penal por posible acoso laboral delictivo por parte de sus superiores.
Agustín García-Cabo, que en la actualidad sigue siendo director Económico Financiero de la compañía, ya declaró como imputado para negar saber nada de una situación conflictiva en torno a Jorge S.C y su superior, Marta Olalquiaga, otra de las imputadas que también negó haber tratado mal al fallecido. Varios testigos relataron a la Policía Municipal cómo Olalquiaga estaba “siempre detrás de la mesa de Jorge, pidiendo y recriminando todo el día con una actitud altiva”. En persona y por correo electrónico “de lunes a domingo a cualquier hora, incluso de madrugada”. La tercera persona investigada desde el inicio es Maite Valls, responsable de Recursos Humanos y Riesgos Laborales en aquel momento, que todavía no ha declarado.
Alto cargo en la Abogacía del Estado
Jesús Moreno se ha convertido en el cuarto imputado de la causa. En ese momento era secretario general y del consejo de Mercasa, a la diestra de la presidencia de la compañía, y desde principios de 2023 es director general de lo Contencioso de la Abogacía del Estado, uno de los puestos más relevantes dentro de un departamento por cuyas manos pasan los pleitos que afectan a leyes y a instituciones del Estado. Ha sido llamado a declarar para el próximo mes de noviembre en calidad de investigado, según la documentación que ha podido examinar elDiario.es.
Moreno era directivo de Mercasa cuando Jorge S.C. se quitó la vida –muerte que internamente llegó a presentarse como un infarto– y también era, según apunta el juez en su citación, su “responsable último del área de personal”. Fue quien sustituyó a Macarena Olona en ese puesto, con José Ramón Sempere como presidente. Y la viuda del fallecido, que ejerce la acusación particular en el caso, lleva solicitando su imputación desde la apertura de las primeras diligencias en el juzgado 29 de Madrid.
Una parte del caso se centra en dilucidar si en Mercasa había mecanismos de prevención de riesgos laborales, control de jornada y para evitar posibles situaciones conflictivas y de acoso. Y en el juzgado fue un antiguo miembro de su comité de empresa el que afirmó que Moreno era el “máximo responsable” de personal como secretario general. Valls, otra de las imputadas, era incluso una persona sin “legitimación interna” para tomar decisiones y las reclamaciones se dirigían al Abogado del Estado.
“Exacto”, contestó este trabajador a la jueza cuando se le preguntó si el protocolo antiacoso existía, pero “no se aplicaba”. Moreno, dijo este testigo, era el “máximo responsable” y quien tenía “capacidad” para poner en marcha unas medidas de prevención que no existían. Cuando se hizo una de las evaluaciones de riesgos que pusieron de manifiesto el peligro de sobrecarga en el que estaban los empleados de algunos departamentos de Mercasa, la respuesta del secretario general ahora imputado fue “bastante frustrante” según este testigo: “Nos decía que no se creía los resultados”.
La Abogacía del Estado, que representa a Jesús Moreno y a otros imputados en esta causa, ha presentado varios escritos en las últimas semanas solicitando el archivo de la causa por prescripción o también por la caducidad de los plazos de instrucción a lo largo de la tramitación de la causa.
