La Unidad Central Operativa (UCO) afronta el reto de encontrar el dinero de las mordidas que se embolsó presuntamente Santos Cerdán. Hasta ahora, los investigadores han determinado su papel de “mediador” en las adjudicaciones de obra pública y de “gestor” de los fondos obtenidos a cambio de los amaños. Pero falta encontrar el motivo de la actuación del ex ‘número tres’ del PSOE. Por ahora, no hay rastro de dónde fue a parar el dinero que presuntamente se embolsó y eso plantea la duda de si no era él, sino el partido, el principal destinatario, algo de lo que tampoco han aparecido indicios hasta ahora.
Los agentes han pedido al juez acceder a todos los movimientos de 310 cuentas bancarias en los últimos 11 años. La UCO sitúa el punto de arranque de sus investigaciones el 1 de enero de 2014. Desde entonces y hasta hoy no quedará ni un movimiento en esas cuentas, abiertas en 35 sociedades, que quede sin escudriñar. Los agentes cruzarán las fechas de los movimientos con las adjudicaciones bajo investigación y las conversaciones y mensajes incautados a Koldo García. La pérdida del aforamiento de Santos Cerdán, si es que finalmente se produce, marca el arranque de una nueva fase de la investigación. El jueves anunció que haría entrega de su acta de diputado. A última hora de este viernes no había dado ese paso.
En una esquina del informe de la UCO está la llave con la que los guardias civiles pretenden acceder a una nueva dimensión del caso. Allí donde acaban las transcripciones de escandaloso contenido comienza el punto 10 del atestado, la “propuesta de actuaciones”. “La progresión de esta línea de investigación requiere, entre otras actuaciones, el inicio de unas indagatorias sobre el mencionado diputado, actualmente aforado, así como la práctica de ulteriores diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, advertía la UCO el pasado 5 de junio.
Cinco días después comenzaron a aflorar las intenciones de los investigadores. Decenas de agentes se desplegaron por nueve puntos de la geografía española con órdenes de mandamientos judiciales. José Luis Ábalos, su domicilio y un local utilizado a modo de trastero congregaron a los periodistas en Valencia. Quedaban 48 horas para conocer en qué fundamentaban los guardias civiles estos registros. La explicación estaba en el atestado de la UCO que conmocionaría la política española el jueves.
El teniente coronel Antonio Balas eligió ese día participar en dos de las entradas con autorización judicial. Son los registros que tuvieron lugar en Pamplona, correspondientes al domicilio y la empresa de Antxon Alonso. La UCO sitúa al empresario guipuzcoano, amigo de Santos Cerdán, en el planteamiento, el nudo y el desenlace de la “organización criminal”. Su empresa Servinabar 2000 fue creada como “vía de canalización” de las mordidas procedentes de Acciona hace ya una década.
La gran constructora de la familia Entrecanales está en el punto de mira de la UCO. La vía de entrada a la sociedad del Ibex es su antiguo ejecutivo Fernando Merino. En los dispositivos encontrados a Koldo, escriben los agentes, aparece el responsable de Acciona para Navarra y La Rioja hasta 2021 “señalando obras que resultarían de interés” para su empresa, “lo que habría generado posteriormente contraprestaciones a los investigados”. Los mensajes incautados revelan también que Merino pudo influir en la elección de determinados perfiles como altos cargos del Ministerio.
Además de registrarse su domicilio, los guardias civiles pidieron que se requiera a Acciona el correo corporativo de Merino mientras trabajó allí. También han solicitado que la compañía entregue todo el expediente de cinco adjudicaciones, dos de la Dirección General de Carreteras y otras tres de Adif, ejecutadas en solitario o en Unión Temporal de Empresas.
“Santos se ha quedado con dinero”
El juez considera que hay “consistentes indicios” de que Santos Cerdán participaba en una trama de cobro de comisiones vinculadas a obras públicas, pero por ahora no está claro ni las cantidades ni el empleo que de ellas hacía el secretario de Organización del PSOE.
Las referencias a las supuestas mordidas de las que se habría beneficiado Cerdán aparecen únicamente en varias en conversaciones que Koldo García mantuvo con Ábalos y que registró en secreto durante años. “Santos se ha quedado con dinero delante mía [sic]”, le dijo el exasesor a su jefe en noviembre de 2023, en una conversación en la que ambos, que llevaban más de dos años fuera del Ministerio, hablan enfadados de las cantidades que supuestamente les debían por sus gestiones mientras estaban en activo en un departamento que gestiona un presupuesto de más de 10.000 millones de euros anuales.
“El hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Gipuzkoa y mil cosas más”, añade minutos después. “El de Gipuzkoa” o “el giputxi” es el apelativo con el que se referían al empresario Antxon Alonso.
Los audios y mensajes conocidos a través del informe de la UCO tampoco arrojan conclusiones que apunten a una financiación irregular del PSOE a la que el juez tampoco alude en el auto en el que dirige la investigación contra Santos Cerdán. Sí figura un mensaje del 15 de marzo de 2022 en el que Koldo García escribe al director general de Carreteras del Ministerio para avisarle de que le iban a llamar desde la Gerencia del PSOE. “Sólo es por decirte que creo que te van a pedir el impuesto”, le dice Koldo García.
En el informe figura que, horas más tarde, el exasesor se interesa por si se ha producido la llamada. El antiguo alto cargo le contesta que la responsable de la Gerencia “le había enviado un formulario, pero no le había especificado cuantía”. La UCO “infiere” que “se le pidió que realizase algún tipo de aportación económica”. Este viernes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, descartó que se tratara de un indicio de financiación irregular y afirmó que esa mención al “impuesto” es la “cuota voluntaria” que los cargos públicos del PSOE aportan a la formación en función del salario público y que “internamente” recibe la denominación de “impuesto”.
Los mensajes incautados también hacen referencia a la “ganadería”, que es el nombre en clave con el que los implicados se referían a partidos políticos y, en este caso, al PSOE, sostienen los agentes. La alusión la hace el empresario José Ruz, señalado por pagar “contraprestaciones” a Ábalos y su antiguo asesor a cambio de contratos para la constructora de la que es accionista, Levantina. “¿Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile?”, escribe el empresario a Koldo García, en referencia a la existencia de empresas que se estarían quedando fuera de las adjudicaciones y los inconvenientes que eso estaba generando.
En las propuestas de actuación de la UCO se dibuja un futuro incierto para algunos cargos del Ministerio de Transportes que aún no están imputados en el Tribunal Supremo. En el informe, dicen los propios agentes sobre su trabajo, “se estableció una relación de indicios de los que podía deducirse la influencia que Koldo habría ejercido sobre los titulares de ADIF y la Dirección General de Carreteras con la finalidad de lograr la adjudicación irregular de una serie de obras públicas”.
Los investigadores detallan que se trata de Isabel Pardo de Vera, que después de presidir Adif fue nombrada secretaria de Estado del Ministerio, y Javier Herrero, cesado de la dirección de Carreteras en 2022. Ella está imputada en la parte del caso que se investiga en la Audiencia Nacional. Herrero, ya jubilado, ha declaró como testigo en el Tribunal Supremo y dijo que en ningún momento tuvo conocimiento de la existencia de adjudicaciones ya pactadas.
