La Generalitat de Catalunya también ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que “valore” la posibilidad de intervenir Eléctrica del Montsec, pequeña distribuidora en Lleida que acumula una retahíla de graves incumplimientos y sanciones, y a la que la vicepresidenta tercera del Gobierno ha puesto ya la máxima multa posible, abriendo la vía a esa posible inhabilitación.
El Gobierno de Salvador Illa se suma así a la petición que realizó al Gobierno en 2023 el regulador del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El requerimiento a la Administración central para que adopte “medidas extraordinarias” está recogido en un escrito remitido el 3 de julio por el Síndic de Greugues catalán (equivalente al Defensor del Pueblo) a Joan Manel Marín, representante de un grupo de afectados por las prácticas de esta empresa.
La misiva indica que la Generalitat ha dado “traslado de la situación” de los reiterados incumplimientos de esta empresa al ministerio, en sendos escritos de marzo de 2024 y febrero de este año, para que “como la autoridad competente en materia de planificación y control del sistema eléctrico a escala estatal, valore la posible aplicación del artículo 7.6 de la Ley 24/2013, que prevé la intervención directa de una empresa eléctrica en aquellos casos en los que se considere que existe un riesgo cierto para el mantenimiento del suministro”.
En concreto, ese artículo de la Ley Eléctrica indica que cuando el incumplimiento de las obligaciones de los sujetos del sector “pueda afectar a la continuidad y seguridad del suministro”, el Gobierno central “podrá acordar la intervención de la correspondiente empresa de acuerdo con lo previsto en el artículo 128.2 de la Constitución, adoptando las medidas oportunas para ello”. La Carta Magna faculta al sector público a “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
El citado artículo de la Ley del Sector Eléctrico señala que “serán causas de intervención de una empresa”, entre otras, “la gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y pueda dar lugar a su paralización con interrupción del suministro a los usuarios”, algo que, por ejemplo, sucedió la pasada Semana Santa, en plena afluencia de turistas a la zona. Otro supuesto es “la grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones que ponga en peligro la seguridad de las mismas”.
No obstante, algunas fuentes interpretan que ese artículo da prioridad a la intervención por parte de la Comunidad Autónoma. Se señala que “en estos supuestos, si las empresas que desarrollan las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica lo hacen mediante instalaciones cuya autorización sea competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma”, como el caso de Eléctrica del Montsec, “la intervención será acordada por ésta, salvo que esté en riesgo la seguridad de suministro, en cuyo caso, también podrá ser acordada por el Gobierno”.
La Generalitat se basa en una disposición de la Ley Eléctrica diferente a la que expuso la CNMC hace ya dos años para plantear la intervención de esta distribuidora. El denominado ‘súperregulador’ apeló a las “sanciones accesorias” a las multas económicas que contempla el artículo 68 de esa norma. En octubre, Transición Ecológica impuso la máxima multa que permite la legislación, de escaso importe por la baja facturación de la empresa, como paso previo a esa posible inhabilitación.
El escrito del Síndic de Greugues indica que la Dirección General de Energía de la Generalitat “ha desplegado todas las actuaciones que el marco normativo le permite, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de inspección y supervisión de la red eléctrica”, con la imposición de una sanción de 95.000 euros el 24 de mayo de 2024 por dos infracciones graves de la Ley del Sector Eléctrico.
“Pese a los reiterados requerimientos relacionados, la compañía no ha aportado respuesta ni ha acreditado la corrección de los incumplimientos detectados, evidenciando una falta de colaboración con las autoridades administrativas que dificulta cualquier acción correctora adicional desde el ámbito autonómico”.
El Síndic da por “concluidas” sus actuaciones y ha archivado el expediente. El escrito lo firma el independentista Jordi Sánchez, ex secretario general de Junts, el partido al que pertenece la alcaldesa de Àger, Mireia Burgués. Ex diputado en el Congreso y exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Sánchez, condenado en 2019 en el juicio al Procés e indultado posteriormente, es desde mayo de 2023 director de Derechos Sociales del Síndic de Greuges, del que fue director general adjunto ya entre 2010 y 2015.
Más de 1.300 clientes
Entre el cruce de cartas y sanciones, los más de 1.300 clientes de Eléctrica del Montsec en los municipios ilerdenses de Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa y Os de Balaguer, en la comarca de La Noguera, siguen al albur de años de abandono y falta de inversión por parte de esta empresa, con recibos inflados y por duplicado, facturas elaboradas a mano, nulo mantenimiento, riesgo de incendios y sin servicio de atención al cliente. Ante la posibilidad de que el proceso burocrático empantane en los tribunales, el sector no descarta una venta de la empresa a un operador que cumpla sus obligaciones.
El pasado lunes se celebró una reunión de alcaldes de la zona con representantes de la Generalitat, que no comenta este asunto. El representante de varios afectados explica que les han comunicado que se va a volver a enviar a inspectores para redactar un acta de las deficiencias técnicas del servicio que presta. “Eso ya lo han hecho tres o cuatro administraciones”, se lamenta Marín.
Los afectados se están organizando para presentar una demanda colectiva y plantear una reclamación de daños. Entre las alternativas que se barajan es exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración. Algunas fuentes del proceso aseguran que la resolución de este embrollo es inminente.
Por lo pronto, el próximo sábado los vecinos prevén celebrar una reunión informativa para analizar la situación y posibles medidas de presión. Desde este fin de semana, se celebra el campeonato mundial de ala delta en Àger, un santuario para la práctica de este deporte, que está previsto que reúna a 149 pilotos procedentes de 32 países. Harto de esta situación, Marín no descarta “armar algún follón para que se vea cómo nos defienden los representantes públicos”.
El propietario de esta empresa es el octogenario Antonio Soler Lletjós. Vinculado a una familia con un negocio de ferretería en la zona, fue acusado por la Fiscalía de una supuesta estafa agravada “deliberada” de 1,5 millones a la red eléctrica por las múltiples irregularidades que detectó la CNMC. En el juicio celebrado en febrero de 2024, el Ministerio Público pidió para él una condena de siete años de prisión, una multa de 4,5 millones para la empresa y una indemnización de 1,5 millones. Quedó en nada: la Audiencia Provincial de Lleida determinó que era una infracción administrativa ya sancionada, y no un delito.
