La Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez del caso contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de investigar por un presunto delito de malversación de caudales públicos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible papel en la contratación de la asesora de Moncloa que trabajaba haciendo “funciones privadas” para la esposa del presidente del Gobierno.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se pronuncia así contra el auto de Peinado que el pasado martes admitió a trámite una querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre. Apuntaba el magistrado que el ahora delegado del Gobierno habría participado en julio de 2021 siendo secretario general de la Presidencia en la contratación de Cristina Álvarez.
El fiscal del caso explica que en esa querella de Vox sólo se explicaba que Martín Aguirre ostentaba en 2021 el cargo de secretario general de la Presidencia y que por tanto era responsable y superior jerárquico de Álvarez, y lamenta que con tan “escaso desarrollo” se le imputa “nada menos que por un presunto delito de malversación de caudales públicos, catalogado como delito grave y con notable penalidad”.
“Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo”, lamenta, para luego explicar que en realidad el nombramiento de Álvarez como asesora tiene lugar en julio de 2018, tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto.
“No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuesto erróneos”, subraya.
E insiste en que “admitir esta querella por los motivos que lo hace y contra la persona señalada, resulta incomprensible” dado que “se sabe la fecha del nombramiento” de Álvarez gracias a varias de las testificales celebradas en el seno de la causa, entre ellas la del ministro Félix Bolaños.
“Parcos razonamientos”
Tras esto, el fiscal explica en su recurso que intuye o deduce de las resoluciones “parcas en palabras y razonamientos” de Peinado que no se está ante un nombramiento para un puesto de trabajo al que “no se acude y se cobra”, ni ante un desvío de actividad de trabajadores o funcionarios “dirigido a un beneficio particular”. “En el presente caso, partimos de la naturaleza del empleo de naturaleza eventual y designación discrecional, en el que la confianza resulta esencial, y en el que las funciones son flexibles en consideración a la función de asistencia y coordinación que se desarrolla”, abunda.
Y destaca que Álvarez ha desempeñado las funciones asignadas en el ámbito de coordinación de agendas con los funcionarios de escolta y vigilancia durante siete años. Y por tanto, “la realización de ciertas llamadas, envío de algunos correos, realización de gestiones en el ámbito de la actividad o presencia en ciertos eventos difícilmente puede integrar el delito de malversación de caudales públicos”.
“Estamos hablando de prácticamente siete años desempeñando el puesto de asistente del cónyuge del presidente del Gobierno; son 2.555 días, con disponibilidad horaria total; y se invocan episodios concretos de apoyo, participación o encomienda de gestiones para pretender orquestar una malversación de caudales públicos”, lamenta.
Para el fiscal, el nombramiento de Álvarez es “legítimo, legal y usual”, y añade que no se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Begoña Gómez ni se ha centrado en ello “más allá de colaboraciones concretas y puntuales”.
“La asistencia puntual en actividades de la Cátedra, máster, o de la Universidad Complutense resultan más bien anecdóticas o secundarias, y sin menoscabo o perjuicio para las arcas públicas y de cumplimiento de las funciones principales que motivan su nombramiento”, explica.
El fiscal, en su recurso, incide en que respecto a Martín Aguirre “no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno” y en que “imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes, no resulta asumible”.
“No se trata de no investigar, sino de respetar las garantías previstas en el ordenamiento jurídico. Se vuelve a adoptar una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico y respaldo de razonamiento jurídico que merezca tal consideración”, puntualiza.
Por último, el Ministerio Público explica que va directamente ante la Audiencia Provincial porque hasta ahora sus recursos ante Peinado carecen de “respuesta real en cuanto al fondo” y son respondidos con “evidente retraso”.
Cabe recordar que fue este martes cuando trascendió que Peinado decidió investigar a Martín Aguirre “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública”.
