La investigación a Cristóbal Montoro, y también la que no ha prosperado pese a los indicios de utilización de información reservada como ministro de Hacienda, fueron objeto de un enfrentamiento soterrado en la Fiscalía Anticorrupción en el que se vio envuelta la Guardia Civil. En pleno choque entre la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, la primera se quejó de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), a diferencia de la Agencia Tributaria y los Mossos d’Esquadra, mantenían una actitud pasiva en las pesquisas. “No quieren hacer nada”, escribió García Cerdá a Luzón.
El fiscal jefe de Anticorrupción mantiene intervenida la actuación de la fiscal del caso Montoro por discrepancias en su actuación, que es tutelada en todo momento por el número dos de la Fiscalía especializada, Antonio Romeral. La solicitud al Ministerio de Hacienda de los correos electrónicos de cargos que habían pasado por la consultora Equipo Económico, a partir del hallazgo de mensajes que apuntaban a una trama de corrupción, provocó las primeras desavenencias entre la fiscal del caso y su jefe.
El enfrentamiento estalló cuando, a partir de esos correos recabados de Hacienda, aparecieron indicios de que Montoro y su equipo hacían un uso partidista y personal de los datos confidenciales de los contribuyentes. Los mensajes delataban además que el ministro era informado en una dirección de correo en la que no aparecía el apellido “Montoro” ([email protected]), según la Agencia Tributaria y los Mossos d’Esquadra. La fiscal García Cerdá pidió que se volcara ese buzón y se abriera una pieza separada. Nunca lo consiguió por la oposición de Luzón.
En el intercambio de escritos formales entre la fiscal del caso y el jefe de Anticorrupción hay uno de 21 de junio de 2023, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que García Cerdá, aparte de insistir en su intención de investigar, traslada una queja a Luzón que se recoge en el siguiente párrafo: “Esperando tu pronunciamiento expreso seguí analizando los correos incorporados a la causa ya que, como muy bien sabéis tú y Antonio [Romeral, segundo de Anticorrupción], los miembros de nuestra Unidad de Apoyo de la Guardia Civil, bajo las órdenes del Teniente Coronel Antonio Balas y el Comandante del grupo, no quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión”.
Cristóbal Montoro, nueve altos cargos de su Ministerio y otras 18 personas están investigadas por siete delitos relacionados con la compra por parte de la patronal gasística de dos proyectos normativos del Gobierno de Rajoy que luego fueron aprobados y que les supusieron millones de euros en ahorros de impuestos. La dinámica consistía en contratar por unas elevadas sumas a Equipo Económico, por donde había pasado o figuraban miembros del equipo de Montoro, habiendo sido el propio ministro quien fundó la consultora en 2006.
Mientras investigaban en 2017 la ampliación ilegal de una planta gasística, los Mossos d’Esquadra encontraron varios mensajes que apuntaban a una trama de corrupción en la cúpula del Ministerio de Hacienda en la que participaría el propio Cristóbal Montoro. La policía autonómica informó a la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado que investigaba la causa original, el número 2 de Tarragona, comenzó a investigar.
El hecho de que Equipo Económico tuviera su sede en Madrid, al igual que el Ministerio de Hacienda, hizo que la fiscal Carmen García Cerdá propusiese la formación de un equipo conjunto entre los Mossos y la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Guardia Civil, dependiente del departamento de Delitos Económicos y contra la Corrupción de la UCO que lidera el teniente coronel Antonio Balas.
El nombre del mando del instituto armado comenzó a aparecer en los medios cuando se publicó una grabación en la que una supuesta enviada del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pedía a un empresario procesado en la Audiencia Nacional que le diera información para acabar con la carrera del mando de la Guardia Civil, al que acusaba de actuar en contra del Gobierno y el PSOE. Balas es el máximo responsable policial de la causa de corrupción que mantiene en prisión provisional a Cerdán.
Escuchas anuladas y el correo de Montoro, a salvo
El juez de Tarragona llegó a autorizar unas escuchas telefónicas a cuatro miembros del equipo de Montoro, que apenas duraron veinte días, antes de que el fiscal jefe Anticorrupción interviniera la actuación de su subordinada y solicitara su anulación, lo que finalmente acordó la Audiencia Provincial de Tarragona. En ese lapso de tiempo se practicaron seguimientos en los que participó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a los Mossos. Después, la UCO ha elaborado un informe sobre productos financieros de los socios de Equipo Económico. Y hasta ahí su participación.
La fiscal García Cerdá planeaba a finales de 2022 un salto en la investigación a Montoro y su brigada fiscal. El 12 de diciembre firmó un escrito dirigido a la UCO en el que solicitaba un informe “urgente” de los avances en la investigación, incluido el análisis de los correos incautados, y “un informe operativo” en el que sustentar la entrada y registro en los “domicilios y sedes que pueden albergar documentación y fuentes de prueba relevantes para la investigación”.
En su escrito recordaba a los guardias civiles un auto del juez del caso en el que el magistrado Rus Varela establecía que “ambos cuerpos”, en referencia a Mossos y Guardia Civil, debían informar sobre el contenido de los correos. Pero lo que se encontró fue un portazo de la UCO, que se sumaba a la oposición del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y su número dos, Antonio Romeral, a ampliar la investigación contra el otrora ‘todopoderoso’ ministro de Hacienda del Partido Popular.
El 28 de diciembre de 2022, 16 días después de la petición de la fiscal, la UCO respondió por escrito en el que los guardias civiles interpretaban que ya habían respondido a la orden del juez colaborando en el informe que sí habían redactado los Mossos. El agente firmante del escrito aprovechaba para calificar las conclusiones de los policías autonómicos como “obtenidas de manera exquisita”.
Por lo demás, los guardias civiles, añadía, ya había solicitado al juez que les diera permiso para realizar un informe de la situación financiera de los investigados y había sido la ausencia de un escrito de García Cerdá apoyando la diligencia lo que había hecho que el juez todavía no la hubiera autorizado. Añadía el agente firmante que desconocía un informe de la Agencia Tributaria sobre la posible existencia de “estructuras societarias complejas y testaferros”, cuestión que alegaba la fiscal para justificar las entradas y registros.
La conclusión de la UCO es un alegato garantista que alude a la presunta gravedad de las medidas que planea la fiscal contra los investigados, por considerarlas excesivas. “No obran en esta Unidad indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de Entradas y Registros, máxime cuando han sido solicitadas medidas mucho menos gravosas como el análisis de productos bancarios ya referidos, y no han sido autorizadas en el marco de la causa”. Portazo.
Fuentes de la Guardia Civil atribuyen la negativa a seguir las instrucciones de la fiscal del caso Montoro a que sus agentes adscritos a Anticorrupción siguieron el criterio y las indicaciones del máximo responsable de la Fiscalía especializada, Alejandro Luzón, contrario a ampliar la investigación y mucho menos en la dirección de practicar registros. Las mismas fuentes añaden que la UCO no debía entrar en la disputa entre el fiscal jefe y su subordinada.
Otras fuentes del caso relatan la incomodidad con la que la UCO participó desde el principio en un caso que, pese a tener relevancia nacional, tenía como principal fuerza actuante los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana con la que quedó gravemente deteriorado el clima de cooperación desde el proceso independentista.
El pasado mes de febrero, la UCO entregó al juez un informe que arrancó 16 meses antes sobre la trazabilidad de los casi 700.000 euros declarados por Equipo Económico que cobró del lobby gasístico. En el informe, los investigadores de la UCO no encuentran anomalías en el destino que los socios de la consultora fundada por Montoro dieron a esos fondos declarados. El atestado no influyó en que el juez levantara el secreto en junio, tres meses después, confirmando que Montoro y nueve de sus altos cargos de Hacienda siguen investigados.
Los Mossos: “Hay que dar un impulso definitivo a la investigación”
La ausencia de registros, del volcado del correo de Montoro en Hacienda, la interrupción de los seguimientos y los pinchazos telefónicos son consecuencia de la negativa del fiscal jefe a proponer al juzgado una pieza separada que investigara la brigada fiscal que presuntamente operó en Hacienda durante el mandato de Montoro.
En los correos interceptados quedaba de manifiesto que los altos cargos del Ministerio informaban puntualmente a Montoro de cuestiones que quedaban alejadas de los cometidos del ministro al frente del Ministerio y descendían a dar detalles de otras como el caso más grave de corrupción en la historia del PP, el de la caja B, la situación tributaria de periodistas críticos con Montoro, la de enemigos declarados del ministro, como Rodrigo Rato, o de adversarios políticos, caso de Podemos.
El 21 de noviembre de 2022, un mes antes de que se produjera el portazo de la UCO a la fiscal, los Mossos d’Esquadra habían entregado un informe al juez de análisis de los correos incautados, que concluía forma radicalmente diferente. Aseguraba la policía autonómica que se había alcanzado “un punto de la investigación que apunta a la participación de importantes altos cargos del Ministerio de Hacienda, ciertos asesores fiscales de reconocido prestigio y determinados responsables de asociaciones empresariales en conductas que podrían resultar constitutivas de presuntos delitos contra la Administración Pública”.
Y en ese sentido, “esta unidad instructora entendería razonable –concluían los Mossos–, y en todo caso ajustado a derecho, que el Ministerio Fiscal ejerciera el liderazgo investigador instando a VI [Vuestra Ilustrísima] a la adoptación de medidas que permitieran dar un impulso definitivo a la investigación”.
No fue suficiente. Ahora, para negarse a aceptar la personación de algunos de los afectados, el juez alude a la junta de fiscales Anticorrupción donde se impuso el criterio del jefe de todos ellos, por 18 votos a 5. El magistrado Rus Varela ha terminado decidiendo una vez conocida la posición de Luzón y no de la fiscal del caso. Varios de los afectados por el tráfico de información de Montoro ya han anunciado que recurrirán la decisión del juez de Tarragona ante la Audiencia Provincial.