Masterman & Whitaker, la “mera sociedad interpuesta”, en expresión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que Alberto González Amador utilizó como pantalla para canalizar parte de su fraude fiscal en 2021, redujo a cero euros su facturación en el ejercicio 2024, cuando ya había concluido la inspección de Hacienda y trascendió el escándalo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Las cuentas anuales que esta empresa acaba de remitir al Registro Mercantil, accesibles a través de Insight View, reflejan que el pasado ejercicio la facturación de Masterman & Whitaker fue nula, frente a los 485.900 euros que declaró en 2023. Sin ingresos en su cuenta de resultados, tuvo unas pérdidas de 8.485,63 euros, frente a los 244.643,3 euros de beneficios declarados el año anterior.
Estos resultados se suman a los que también acaba de remitir al Registro la principal empresa de consultoría sanitaria de González Amador, Maxwell Cremona. En 2024 esta firma redujo su facturación a la mitad, hasta menos de un millón de euros, y contrató personal por primera vez, al dar de alta a cinco empleados. También pagó a su dueño y administrador único (González Amador) un dividendo récord de 1,22 millones.
Con estos resultados, la facturación de las empresas de consultoría de la pareja de Ayuso se quedó en 2024 en 944.836 euros. El peor año desde 2019, cuando la consultora de calidad de González Amador (Maxwell Cremona) facturó unos 357.000 euros. Esos más de 940.000 euros suponen un drástico descenso (del 60%) en comparación con los 2,37 millones que ingresaron esas dos empresas en 2023.
Este fue el mejor año de González Amador, incluso por encima de 2020. Ese año, en lo peor de la pandemia, el empresario dio un pelotazo de 2 millones en comisiones por intermediar en la compra de mascarillas, en una operación que marcó el inicio de su fraude fiscal y que propició una empresa gallega (Mape, vendida este mismo año) de la que era consejero un ejecutivo de Quirón, principal pagador de la pareja de la presidenta madrileña.
Desde que en 2021 trascendió la relación con la presidenta madrileña de González Amador, presentado entonces por la prensa rosa como “técnico sanitario”, sus empresas de consultoría han facturado más de 6 millones de euros. En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de las ventas de las consultoras del empresario y comisionista, definido hace unos meses por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”:
Masterman & Whitaker dice dedicarse al “desarrollo de planes para sector farmacéutico, normas y regulaciones, así como comercialización y asesoramiento técnico de productos e insumos”, o a la “comercialización de sistemas y aplicaciones de telefarmacia, software de gestión de historia clínica, para la seguridad y salud laboral, control de infraestructuras, etc”.
Esta es la descripción que figura en la destartalada web de las consultoras de González Amador. En ella ni siquiera aparece una dirección, mail ni teléfono de contacto. Según la hemeroteca de Internet archive.org, esta página web estuvo en blanco durante años hasta que el pasado mes de octubre se actualizó con la escueta información que muestra en la actualidad.
Masterman & Whitaker está en el centro de la nueva línea de investigación en el caso de González Amador, paralela a la de los delitos fiscales que confesó por escrito su abogado antes de que elDiario.es destapase el escándalo.
Las pesquisas de esa segunda línea de investigación emergieron tras la denuncia de la Fiscalía por dos delitos fiscales en concurso con otro de falsedad de documental, y después del análisis de las relaciones societarias y profesionales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su entorno. Especialmente, con Fernando Camino, presidente ejecutivo de Quirón Prevención, que en los últimos años ha sido con amplia diferencia el principal pagador de González Amador.
Las pesquisas se centran en la sospechosa adquisición de lo que hoy es Masterman & Whitaker a finales de 2020, por un precio desproporcionado, medio millón de euros. González Amador compró esta firma (a través de su otra empresa de consultoría, Maxwell Cremona) a una farmacéutica de León, esposa de Fernando Camino, su jefe en el gigante de la sanidad privada y clave en los encargos extra que el empresario y comisionista recibió de Quirón a partir de 2021.
Entonces la empresa se dedicaba a tratamientos de cosmética, apenas tenía actividad y se llamaba Círculo Belleza SL. El medio millón pagado por González Amador contrasta con la valoración que había dado poco antes de embolsarse esa suma la esposa de Camino, Gloria Carrasco, que ya ha tenido que declarar como imputada en esta pieza del caso. En septiembre de 2020, Carrasco había comprado el 40% de esta empresa que no controlaba a Camino y a su hermano por apenas 16.000 euros.
González Amador ha justificado el sobreprecio que pagó en el supuesto acceso privilegiado a la red de farmacias que tenía Círculo Belleza SL para implantar un proyecto de “covid seguro”. Durante la inspección de Hacienda, expuso a la Agencia Tributaria que esta firma tan valiosa, que ahora no factura ni un euro, “es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con MAPE. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo Belleza SL con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos”, aseguró, a preguntas de la Inspección.
La magistrada que ha instruido hasta ahora el caso, Inmaculada Iglesias, no se cree esas explicaciones y ha apuntado a una posible “comisión encubierta”, o un “soborno”, en expresión de la Fiscalía. Como destacó la jueza en una resolución del pasado 4 de junio, “el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%” en apenas tres meses. Antes de jubilarse este mes de agosto, Iglesias encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue el supuesto entramado delictivo en torno a esa operación.
Una tesis, la del presunto soborno, que comparte el Ministerio Público, que ha señalado que Círculo Belleza SL carecía de inmuebles y trabajadores, y que su “activo material” se limitaba a un “ordenador portátil sin valor (amortizado en 2013) y tres aparatos de depilación y remodelación corporal, amortizados en 2011, 2013 y 2019”. Cuando la compró la pareja de Ayuso, la empresa no facturaba ni 30.000 euros.
Una pantalla
Y está el papel de esta empresa como pantalla para defraudar al Fisco. Ya durante la inspección que derivó en la querella de la Fiscalía, las inspectoras de la Agencia Tributaria [que desconocían que estaban investigando a la pareja de Ayuso, como confirmaron en sus declaraciones en la causa abierta contra el Fiscal General del Estado] consideraron que Masterman & Whitaker (antes Círculo Belleza SL) fue una “mera sociedad interpuesta” utilizada por la pareja de Ayuso para canalizar parte de su fraude a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla.
En concreto, “para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención SL”. Lo hizo, según la Agencia Tributaria, “simulando” que esa empresa pantalla prestaba unos servicios para los que no tenía medios materiales ni humanos, con el objetivo de apuntarse gastos ficticios y rebajar artificialmente su factura fiscal.
Tras adquirir Círculo Belleza SL, González Amador la rebautizó con el nombre de Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL. Un año después de comprarla, en diciembre de 2021, se la compró a su consultora Maxwell Cremona por apenas 3.300 euros.
En ese momento ya se habían cedido a Masterman una serie de trabajos que se habían acordado con Quirón Prevención en esas fechas por 600.000 euros. En 2022 Masterman & Whitaker alcanzó su pico de facturación, más de 700.000 euros, y entre 2021 y 2023 facturó más de 1,5 millones, hasta que el año pasado, tras el fin de la inspección fiscal, la querella de la Fiscalía y el estallido del escándalo, sus ventas se fueron a cero.
Pese a la importante caída de facturación de sus consultoras, González Amador se embolsó el año pasado 1,225 millones en dividendos de su consultora Maxwell. Esta cifra supera con creces los 950.000 euros que pagó en 2023 una sociedad a nombre de uno de los abogados de González Amador, el fiscalista Javier Gómez Fidalgo, por el ático de lujo en Madrid del que disfrutan Ayuso y su pareja.
Este ático es adicional al que González Amador compró en la planta inferior del mismo edificio tras defraudar a Hacienda. El empresario ha declarado que paga por él un alquiler mensual de 5.000 euros.
