La causa contra un empresario español acusado de traficar con ‘diamantes de sangre’ de Sierra Leona se mantiene viva en la Audiencia Nacional después de varios amagos de archivo y con varias peticiones de la Fiscalía de dar carpetazo al caso. En las últimas semanas, ha sido la Sala de lo Penal la que ha criticado el cierre “improcedente por prematuro” de la fase de investigación contra Manuel Terrén, que llegó a estar en prisión provisional, y ha reiterado que las acusaciones que pesan sobre él no han prescrito.
Terrén fue detenido hace un año en el aeropuerto de Málaga y enviado a prisión provisional, donde estuvo casi un mes, acusado de hacer fortuna con los diamantes extraídos por esclavos en los años noventa en las minas de Sierra Leona. Piedras preciosas bautizadas como ‘de sangre’ porque los golpistas del Frente Revolucionario Unido (FRU) financiaron la guerra con la extracción de estos diamantes usando obra de mano esclava.
La causa contra este empresario español arrancó en 2021, cuando una víctima de la guerra sierraleonesa representada por los abogados Hernán Garcés y Juan Garcés y apoyada por la ONG Civitas Maxima, acusó a Terrén de usar una “fachada empresarial” para comprar los diamantes del FRU y terminar vendiéndolos en Amberes. Sorteando así el embargo y las restricciones que la ONU ha puesto a la venta de estos diamantes para cortar esa vía de financiación del baño de sangre en Sierra Leona.
La guerra civil que asoló Sierra Leona y que dejó decenas de miles de civiles muertos terminó hace más de dos décadas y uno de los principales debates en esta causa es si las diligencias habrían prescrito y si están, por tanto, abocadas al archivo. La Fiscalía, representada por Pedro Martínez Torrijos y que en un primer momento apostó por la apertura de la causa, ha centrado sus esfuerzos en solicitar el sobreseimiento de las diligencias, tanto por prescripción como por falta de pruebas contra Terrén, cuya puesta en libertad también instó tras su arresto en Málaga a manos de la Policía Nacional.
En uno de sus últimos escritos, el fiscal ya ha dejado claro que la investigación, según su criterio, “ha finalizado” sin que las diligencias pendientes puedan aportar “datos” clave contra Terrén. Las comisiones rogatorias que todavía están sin respuesta por parte de las autoridades de Costa de Marfil, Liberia, Mali y Sierra Leona, añade el fiscal Martínez Torrijos, tampoco merecen atención después de más de dos años esperando. La tramitación reciente de la causa ante distintas instancias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desembocado en la continuidad del procedimiento y ha rechazado todos los argumentos del Ministerio Público.
Los jueces han apuntado en dirección a la continuidad del caso. A finales de junio fue la Sala de la Audiencia Nacional la que revocó la decisión del juzgado de transformar las diligencias en un sumario ordinario después de que otra sección del mismo tribunal rechazase que el caso hubiera prescrito. Terrén, recordaron los jueces hace pocas semanas, está acusado en este momento de un delito “contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, que prescribe 20 años después de su comisión.
Investigación pendiente sobre tráfico de armas
El debate jurídico giraba en torno a cuándo empezó a correr el contador. Si en 1999, como defiende la Fiscalía, o si más allá del año 2002, como afirma la acusación. La diferencia de esos pocos años marca la diferencia entre el archivo por prescripción o el comienzo de la causa en 2022, al borde de la caducidad. “En el caso de que se situase el último eslabón de la cadena de actos que las acusaciones reputan delictivos en el año 2002 o en el año 2003, habría que concluir que el supuesto delito podría no haber prescrito”, explicó la Audiencia.
La siguiente decisión del tribunal llegó pocas semanas después, cuando ordenó al juzgado: “Continúe la investigación en el estado en el que se encontraba cuando se dictó dicho auto de conclusión de sumario”. Quedan pendientes varias diligencias rodeadas de incertidumbre. Por ejemplo, comisiones rogatorias pedidas a cuatro países distintos hace tres años que, por el momento, no han obtenido respuesta.
La acusación particular, cuya querella propició la apertura del caso en los primeros días de 2022, recuerda que además de estas comisiones rogatorias el juez también debería tomar declaración a un exdirigente de la embajada española en Sierra Leona. Y tiene varias pendientes de poner en marcha, como por ejemplo abrir una pieza separada por tráfico de armas y crímenes de guerra, tal y como solicitó la Comisaría General de Información a finales del año pasado. También investigar el posible blanqueo de capitales, esta vez con el apoyo de la Fiscalía, y finalmente solicitar documentación a Italia sobre un traficante de armas.
“No puede sostenerse que la investigación hasta ahora practicada haya sido suficiente y eficaz”, lamentó la acusación particular, que solicita que la causa vaya más allá del tráfico de diamantes e indague también si, por ejemplo, hubo tráfico de armas.
