La Audiencia Nacional ha cursado la petición de extradición del empresario Luis Felipe Baca Arbulu, detenido la semana pasada por agentes de Interpol en la isla caribeña de Aruba, según han informado fuentes de la investigación a EL MUNDO.
El Convenio Europeo de Extradición, suscrito por Países Bajos (país al que pertenece la isla de Aruba) y España, hará posible la entrega del empresario peruano investigado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Fuentes próximas a Baca Arbulu muestran su «total disposición» a ser entregado a las autoridades judiciales españolas; en concreto, a comparecer ante el instructor de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
El banquero afincado en Suiza está siendo investigado por el lavado de fondos de origen ilícito a través de diversas operaciones inmobiliarias, así como mediante la concesión de préstamos a la compañía aérea. La causa permanece bajo secreto de sumario.
Junto a Baca, en el foco de las pesquisas se encuentra el financiero Simon Leendert Verhoeven, ya que Plus Ultra solicitó entre los años 2020 y 2021 préstamos por importe de 1,3 millones de euros a sus sociedades.
Por su parte, también están siendo investigados por el titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el empresario Julio Martínez Martínez -amigo y pagador del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero-, y un abogado de Madrid, entre otras personas.
Además, bajo la lupa de los investigadores se encuentra desde hace meses el papel desarrollado por Zapatero, a quien el empresario Julio Martínez -conocido como Julito– pagó 460.000 euros por supuestos trabajos de asesoría, tal y como desveló este periódico. Por su parte, el ex líder del PSOE ha negado en todo momento haber intercedido en el rescate de Plus Ultra, compañía a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 53 millones de fondos públicos.
Ayudas públicas
Por otro lado, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha remitido ya a la Audiencia las diligencias que practicó en el año 2022 contra los miembros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que respaldaron conceder las ayudas públicas a la aerolínea. La instructora tuvo que decretar el sobreseimiento provisional de la causa por un error en los plazos de investigación.
Aquel archivo impidió investigar la concesión de las ayudas a la aerolínea, si bien la investigación actual es de mayor entidad y busca determinar también el destino último y uso del dinero del rescate. No en vano, en la causa actual se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que, al tratarse de un archivo provisional, la Audiencia Nacional puede ahora investigar el rescate de la compañía Plus Ultra a raíz de los nuevos datos que han conducido, primero, a la reapertura del procedimiento en el juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) y, después, a la posterior inhibición en favor del magistrado José Luis Calama -que actúa en sustitución del juez Ismael Moreno-.
Secreto de sumario
Por otro lado, el instructor prorrogó la semana pasada un mes más el secreto de sumario, hasta el próximo día 28 de abril. En el auto de prórroga, el juez Calama señaló que «nos hallamos ante una investigación por hechos que podrían ser constitutivos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida, delitos que por su propia naturaleza exigen una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja».
Además, el magistrado añadía que «la estructura delictiva investigada presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida».
En la actualidad, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se encuentran analizando el material que fue incautado en las entradas y registros practicadas el pasado mes de diciembre. La UDEF trabaja en estos momentos en la elaboración de dos atestados policiales sobre estas últimas diligencias practicadas.
