La Audiencia de Madrid avala otra parte de la causa que el juez Juan Carlos Peinado sigue desde hace más de un año contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En un auto fechado el pasado 12 de junio, los jueces respaldan la investigación a la asistente que gestiona su agenda, Cristina Álvarez, y apuntan incluso a la responsabilidad de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Peinado investiga desde enero si la asesora participó en una malversación de fondos públicos al enviar dos correos electrónicos de parte de Begoña Gómez, lo que excedería las funciones de su cargo, según el juez.
Ahora, los jueces de la instancia superior consideran que puede haber existido “una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público” que habría sido utilizada “voluntariamente” como “un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”.
Afirman, además, que esos recursos habrían sido “ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaria General de Presidencia del Gobierno”, lo que “podría permitir inferir la solidaridad” con la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, que está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Los jueces hablan también del “áurea de indudable influencia” que habría tenido Begoña Gómez en su actividad privada por ser la esposa del jefe del Ejecutivo.
Cuando Álvarez fue designada en 2018, el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, era secretario general de la Presidencia, puesto que ocupó hasta 2021. Precisamente este lunes, el juez Peinado pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra el ministro en relación a estos hechos. El juez también mantiene imputado al sucesor de Bolaños en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, Francisco Martín.
Por otra parte, los magistrados en otro auto rechazan los recursos de la Fiscalía y de los defensas de Cristina Álvarez y de Begoña Gómez contra la orden del juez de requerir el tráfico de llamadas desde el teléfono móvil asignado a la asesora del presidente del Gobierno en Moncloa a los patrocinadores de la cátedra de la Complutense.
Como en otras ocasiones, los jueces de la instancia superior critican el método de Peinado, que obtuvo el número del terminal en la primera declaración de Álvarez, a la que el juez hizo comparecer como testigo para luego imputarla. Pero de nuevo restan gravedad a la actuación del instructor alegando que es un teléfono oficial y que su numeración podría haber sido obtenida con un sencillo mandamiento al Palacio de La Moncloa.
En cualquier caso, escriben en el auto, los jueces de la Audiencia de Madrid advierten de que ese requerimiento de información deben excluirse las llamadas vinculadas al Africa Center y a Air Europa, al haber ordenado previamente a Peinado cerrar ambas líneas de investigación.
En el caso del Africa Center, el directivo del Instituto de Empresa Juan Jesús Güemes estuvo imputado cinco meses debido a una manipulación de la declaración de otra testigo por parte de Peinado. Respecto a Air Europa, la Audiencia de Madrid ordenó recientemente al juez que detuviera de una vez esa línea de investigación después de haber intentado saltarse las restricciones puestas por la propia instancia superior.
