La Abogacía del Estado pide al Supremo el archivo de la causa contra el fiscal general porque la confesión de la pareja de Ayuso no era secreta

La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo el sobreseimiento de la causa contra el fiscal general del Estado ya que considera probado que el correo con la confesión de la pareja de Ayuso no era secreto cuando llegó a la Fiscalía, sino que su contenido ya era conocido por diferentes periodistas, según informa este sábado El País.

El escrito se apoya en los testimonios de varios periodistas, llamados a declarar por el juez Ángel Hurtado, que aseguraron que conocían la confesión de Alberto González Amador antes que Álvaro García Ortiz. Además, recogen que la denuncia de la pareja de la presidenta madrileña contra la Fiscalía por revelación de secretos obvió que González Amador había compartido ya antes los detalles del pacto entre “personas del entorno político” de Ayuso.

Y no solo eso, según la Abogacía, la querella obvió que fue el abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, quien envió ese correo —no solo a la Fiscalía, también a Abogacía del Estado— en el que ofrecía un pacto a la Fiscalía que implicaba reconocer su fraude fiscal de 350.000 euros, aceptar ocho meses de cárcel y pagar medio millón a cambio de no pisar la prisión. Según el texto al que ha tenido acceso El País, estas omisiones supondrían una “estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos” en la causa que investiga al fiscal general.

Además, la defensa de Álvaro García Ortiz subraya que el correo que envió la fiscal provincial al fiscal general llevara un archivo cuyo contenido no se publicó en los medios, a pesar de contener información relevante. Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid, ha pedido hace unos días también el archivo del caso con un escrito en el que asegura que nunca filtró la confesión a la prensa y que fue el propio empresario el que difundió los correos confidenciales a través de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso.

A pesar de todo ello, este mismo jueves González Amador pidió al Tribunal Supremo que tanto el fiscal general como Rodríguez sean juzgados por la supuesta filtración. En su escrito, ha denunciado una “inconcebible” vulneración de su intimidad y un “uso político” de la causa, aunque omitiendo detalles relevantes como las contradicciones con su abogado sobre si consintió o no una confesión —Neira afirmó que González Amador sí le encargó confesar su fraude fiscal—, el hecho de que fuera enviada no solo a Fiscalía sino también a la Abogacía del Estado, y el papel que jugó Miguel Ángel Rodríguez.