La plataforma Juristas por Palestina, integrada por profesionales del Derecho, ha recordado en un comunicado que, tal como “estableció la Corte Internacional de Justicia en el caso (2007)”, “ante crímenes internacionales como el genocidio o el apartheid, los Estados no solo no deben abstenerse de participar, tienen la obligación activa de prevenir y poner fin a dichas violaciones”. Por ello, ha calificado la actitud del Estado español de “pasividad cómplice” ante el genocidio en Gaza.
“En Gaza, la población civil está siendo exterminada lenta y sistemáticamente. El hambre y la sed se utilizan como arma de guerra. La infraestructura sanitaria y educativa ha sido destruida”, señalan. “Esta situación exige una respuesta urgente, clara y jurídica”.
Tanto España, de acuerdo a la “legislación nacional”, como el resto de países, según “el marco internacional de tratados de Derechos humanos y Derecho Internacional humanitario”, tienen “deberes concretos: detener exportaciones militares, aplicar sanciones, suspender colaboraciones con empresas implicadas y garantizar la protección integral de la población palestina”.
Juristas por Palestina insiste: “La inacción también es responsabilidad” y “la complicidad económica, documentada por la relatora especial Francesca Albanese, también conlleva responsabilidad jurídica”. Añaden que “el Derecho no puede esperar mientras la población palestina muere asesinada de hambre y sed”.
La plataforma concluye: “Exigimos al Estado español que cumpla con sus obligaciones de Derechos humanos, abandone la pasividad cómplice, ponga fin a todo el comercio de armas y utilice de forma inmediata todos los medios legales, diplomáticos, económicos y judiciales a su disposición para detener el genocidio en Gaza y para proteger los derechos humanos del pueblo palestino”.
