La prensa de Reino Unido ha expuesto en las últimas horas dos prácticas de Israel en Gaza que ahondan severamente en la crisis que viven los palestinos: está demoliendo edificios civiles y, además, está buscando personal no militar para manejar excavadoras, externalizando la guerra.
La cadena pública BBC ha difundido este viernes una profunda investigación en la que denuncia que Israel ha demolido «miles» de edificios en Gaza desde que se retiró del alto el fuego con Hamás en marzo. En las últimas semanas, pueblos y suburbios enteros, que antaño albergaban a decenas de miles de personas, han sido arrasados.
Imágenes satelitales muestran una destrucción masiva en varias zonas que el mando militar israelí afirma tener bajo «control operativo». Gran parte de esta destrucción se debe a demoliciones planificadas, tanto de edificios ya dañados como de otros que parecían prácticamente intactos. Imágenes verificadas muestran grandes explosiones que liberan columnas de polvo y escombros, mientras las fuerzas israelíes llevan a cabo demoliciones controladas de torres de apartamentos, escuelas y otras infraestructuras.
Varios expertos legales declararon a BBC Verify que Israel podría haber cometido crímenes de guerra en virtud de la Convención de Ginebra, que prohíbe en gran medida la destrucción de infraestructura por parte de una potencia ocupante. Las imágenes de la BBC muestran la destrucción extra en ciudades como Abasan al-Kabira y Tel al-Sultan o la ciudad agrícola de Khuza’a y la de Qizan Abu Rashwan, que han quedado tremendamente dañados.
Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmó que operaban de conformidad con el derecho internacional, que Hamás ocultaba «activos militares» en zonas civiles, y que la «destrucción de bienes sólo se lleva a cabo cuando existe una necesidad militar imperiosa». «Como se ha documentado ampliamente, Hamás y otras organizaciones terroristas ocultan activos militares en zonas civiles densamente pobladas», declara. «Las Fuerzas de Defensa de Israel identifican y destruyen la infraestructura terrorista ubicada, entre otros lugares, dentro de los edificios de estas zonas», justifica.
Este julio, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha presentado planes para establecer lo que denominó una «ciudad humanitaria» sobre las ruinas de Rafah, con un confinamiento inicial de 600.000 palestinos. El plan ha recibido una amplia condena. El exprimer ministro israelí, Ehud Olmert, declaró a citada cadena que la propuesta se interpretaría como algo similar a un campo de concentración.
Israel ha creado extensas «zonas de seguridad» y corredores que separan partes de Gaza, y ha destruido un gran número de edificios a lo largo y cerca de estas rutas. Su corredor más reciente separa el oeste del este de Khan Younis, incluyendo Khuza’a y Abasan al-Kabira. Además, desde el comienzo de la guerra, los analistas han sugerido que Israel ha intentado crear profundas «zonas de amortiguación» destruyendo edificios cerca de la frontera, pero algunas de las áreas arrasadas recientemente se encuentran en las zonas más alejadas de Gaza.
Varios abogados de derechos humanos que hablaron con la BBC sugirieron que la campaña podría constituir crímenes de guerra. Eitan Diamond, experto legal sénior del Centro de Derecho Humanitario Internacional Diakonia en Jerusalén, afirmó que existía poca justificación según el Cuarto Convenio de Ginebra, el documento que generalmente regula la protección de los civiles en tiempos de guerra.
«El derecho internacional humanitario prohíbe dicha destrucción controlada de bienes civiles durante un conflicto armado, excepto en circunstancias limitadas de absoluta necesidad operativa militar», declaró Diamond. «La destrucción de bienes debido a preocupaciones o especulaciones sobre su posible uso futuro (por ejemplo, que se utilizarán para lanzar ataques en el futuro) queda fuera de esta excepción».
La profesora Janina Dill, codirectora del Instituto Oxford de Ética, Derecho y Conflictos Armados, afirmó que una potencia ocupante debe administrar una región en beneficio de la población, lo cual, según ella, es «incompatible con un enfoque militar que simplemente hace que el territorio sea inhabitable y no deja nada en pie».
Sin embargo, algunos analistas han intentado defender la campaña de las Fuerzas de Defensa de Israel. Muchos de los edificios que se han demolido ya habían quedado en ruinas por los bombardeos y ataques aéreos, según el profesor Eitan Shamir, director del Centro BESA de Estudios Estratégicos en Israel y exfuncionario del Ministerio de Asuntos Estratégicos. Shamir declaró a BBC Verify que representaban un riesgo para la seguridad de los civiles que regresaban, especialmente «durante las lluvias invernales, cuando es más probable que se derrumben».
El profesor Shamir también aludió a las preocupaciones tácticas. «La zona es una zona de combate», afirmó. «Incluso cuando las FDI han entrado y despejado un edificio, una vez que los israelíes lo abandonan, los terroristas suelen regresar para colocar bombas o esconderse dentro y dispararles».
No hay indicios de que el ritmo de las demoliciones disminuya. Medios israelíes informaron la semana pasada que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían recibido docenas de excavadoras D9 de Estados Unidos, cuya producción había sido suspendida durante la administración Biden.
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BBC Verify identificó también docenas de anuncios publicados en grupos israelíes de Facebook que ofrecían trabajo en Gaza a contratistas de demolición. La mayoría de las publicaciones han sido compartidas por reclutadores desde mayo. Una información que también ha publicado el diario The Guardian.
En un artículo publicado esta semana por el periódico Haaretz sobre la subcontratación de conductores de excavadoras se decía cuánto cobraban por edificio: 2.500 shekels por demoler un edificio pequeño; 5.000 shekels, por uno grande [en torno a 645 y 1.290 euros, respectivamente].
Según Neve Gordon, catedrática de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad Queen Mary de Londres, “la idea de que la excavadora se haya convertido en un elemento clave para el genocidio y la guerra es bastante nueva”. “Lo que está ocurriendo en Gaza no es la demolición de un edificio aquí o allá; es la destrucción de pueblos y ciudades enteras”, explica.
También es nueva la subcontratación de conductores de excavadoras. “El ejército israelí no suele trabajar de esta manera”, dice Gordon. “Puede confiscar excavadoras y alistar a los conductores como soldados de reserva”. Según varios medios israelíes, las FDI se enfrentan una escasez de conductores y están reclutando a civiles para sus operaciones militares en Gaza, Siria y Líbano. “Yo consideraría esto como una forma de ”externalización de las demoliciones“ para avanzar en un proyecto genocida”, dice Gordon.
El derecho internacional ya no parece tener mucho peso, ¿pero es legal arrasar por completo pueblos y barrios de la Franja de Gaza? Gordon responde que no. “Si la necesidad militar exige arrasar una casa civil, es algo para lo que se pueden encontrar argumentos; pero si se arrasa con un pueblo o con un barrio, como vemos por toda Gaza, se trata de una violación manifiesta”.
“El problema es que la ley no mira el conjunto sino los hechos por separado para determinar si son legales o no”, explica. “Si durante las hostilidades hay un francotirador sobre el tejado de un civil, por ejemplo, es posible apuntar contra esa casa siempre y cuando se respeten principios jurídicos como el de la proporcionalidad y el de la precaución; pero solo se puede apuntar contra la casa en ese momento; no se puede clasificar como objetivo militar porque exista la posibilidad de que un francotirador la utilice en el futuro”, concluye.
