La Audiencia Nacional ha confirmado la residencia fiscal “ficticia” del magnate del juego José Ballesteros, líder del sector del bingo en España y muy vinculado a Castilla y León. Los jueces han ratificado la decisión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de rectificar en 2019 la residencia fiscal del empresario y su esposa en aquellos años. Ambos vivían en Valladolid, y no en Madrid, como afirmaban.
Poco conocido para el gran público, Ballesteros, veterano del sector del que apenas circula alguna fotografía en medios especializados, es fundador y propietario de Grupo Ballesteros, “un operador de juego con más de cuatro décadas de experiencia y más de cuarenta salas de juego repartidas entre Castilla y León, Madrid, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha”, según su web. En ella se definen como “líderes del sector de Bingos en España”.
Su holding, Maxibingo SL, cerró 2023 con activos de 93 millones de euros y facturó más de 133 millones, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. Con más de 700 empleados, el grupo, hegemónico en Castilla y León, es dueño del Casino Roxy en Valladolid, el Gran Casino de la Mancha en Illescas (Toledo), el Bingo Goya (Zaragoza) o el operador online eBingo. Su presidente dirige ASECAL (Asociación de Bingos de Castilla y León) desde hace casi cuatro décadas.
A Ballesteros se le considera fundamental en lograr la aprobación de la regulación del bingo electrónico en España. Su hijo Gustavo es vicepresidente de Aseju, la patronal de los bingos de la Comunidad de Madrid, una de las más antiguas de España, creada dos años después de la legalización de este sector en 1979, el año del estreno de la conocida película ‘Los Bingueros’.
El patriarca es conocido por impulsar hace años la Fundación Social del Juego Privado, que en 2006 nombró “presidente de honor” a una de las muchas figuras del PP relacionadas con el sector del juego, Alfonso Fernández Mañueco, entonces dirigente de los populares en Castilla y León y hoy presidente autonómico.
Esta es la región en la que, según determinó en 2019 la AEAT y ahora ha confirmado la Audiencia Nacional, siempre tuvieron su domicilio fiscal el empresario y su esposa, pese a que en 2013 ambos notificaron a la AEAT que habían cambiado su domicilio fiscal de Valladolid a la capital. En la actualidad el tipo del IRPF para las rentas más altas en Madrid es del 20,5%, un punto por encima del de Castilla y León, que entonces todavía no había eliminado el Impuesto de sucesiones y donaciones.
En Madrid el grupo Ballesteros ha tenido sus más y sus menos con la Administración. En 2000, el Gobierno madrileño precintó cautelarmente dos salas en la capital acusadas de contratar a figurantes a los que pagaban sueldos a diario para que jugaran cartones y entregaran después el dinero a la sala en caso de lograr premios.
Ballesteros comunicó su traslado a la capital en vísperas de que, en noviembre de 2014, la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León declarase ilegal una plantación de viñedos de más de 10.000 hectáreas en Zamora de una de sus empresas, Joballesca SL, lo que derivó en una sanción de 121.994,4 euros que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid en junio de 2018.
En octubre de ese año, la Delegación Especial de la AEAT de Castilla y León solicita a la Delegación Especial de Madrid que inicie un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal del matrimonio. Meses después, en abril de 2019, Hacienda determina que en realidad siguen viviendo en Valladolid, y no en la vivienda en la que decían residir, ubicada a unos metros del Paseo de la Castellana y la sede del Tribunal Supremo.
La ley no permite “la fijación ficticia del domicilio a fin de acogerse a las ventajas que ello pudiera reportar”, dicen las sentencias que acaban de ratificar las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que confirmaron en junio de 2021 el criterio de la AEAT.
El primer indicio en el que se basó la AEAT fue un informe de la Policía Municipal de Valladolid de abril de 2018 que indicaba que la pareja tenía su domicilio en la capital pucelana; en concreto, en una vivienda a nombre de Joballesca SL. Esta empresa de José Ballesteros, que cerró 2023 con activos de 24,3 millones y se dedica al alquiler de viviendas, figuraba también como la propietaria de un piso en Madrid en el edificio en el que tiene su sede el holding del grupo Ballesteros.
Otro indicio sospechoso: en esa vivienda en Madrid, de 105 metros cuadrados de superficie, también declaraban su domicilio fiscal dos hijos del matrimonio y otros cuatro miembros de la familia. “Ello supone que en dicho inmueble tienen declarado su domicilio fiscal seis personas físicas en 2013 y 2014, siete en 2015 y ocho en 2016 y 2017”, razonan las sentencias.
Como suele hacer en estos casos, Hacienda analizó los consumos de las viviendas de la familia. En la de Madrid el gasto en electricidad en esos años “se encuentra entre los 1.700 y 2.500 KW anuales, resultando significativo que en ejercicios anteriores (como en 2011) había tenido un consumo anual superior a los 4.600 KW. Los consumos registrados en la vivienda de Madrid se encuentran por debajo del consumo medio de los hogares españoles para dicho periodo temporal (2,71 personas de media por hogar) según estudios publicados por la Secretaría de Estado de Energía”.
Mientras, las viviendas de Valladolid tuvieron un gasto “similar al de los ejercicios previos a 2013, e indican un consumo continuado, sin que el supuesto cambio de domicilio fiscal haya influido en el mismo”. En una de ellas, “el consumo anual se sitúa en todos los ejercicios (2013 a 2017) en un rango comprendido entre los 7.000 y 8.000 KW anuales”.
Más significativo aún es el consumo de agua. En la vivienda de Madrid fue de “tres m3 en 2014, seis en 2015, ocho en 2016 y 16 en 2017”, cuando según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la media en estos periodos “es de unos 48 m3 por habitante y año”. “En todos los ejercicios se aprecia un consumo de agua inferior al 5% del consumo medio de agua en España por habitante y año”.
Otros indicios fueron tres notificaciones que remitió en 2015 la AEAT a esa vivienda en Madrid, que siempre recogió el conserje de la finca, o los rendimientos del trabajo que el matrimonio recibía de sus empresas en Valladolid y León.
En enero de 2019 un agente tributario se persona en el domicilio de Madrid. El conserje de la finca “manifiesta conocer al matrimonio y cuál es su apartamento”, pero aclara “que no viven en el mismo, sino que sólo vienen de vez en cuando. Señala que la usan tanto ellos como sus hijos, pero nadie de forma continuada. De hecho, tiene orden de recoger las notificaciones que les puedan llegar. En cuanto a la existencia de consumo de luz en el apartamento, comenta que puede ser por la alarma o porque dejan el aire acondicionado o calefacción puesto”.
Dos días después, al mismo agente un vecino le explica “que en el apartamento del obligado tributario no vive nadie. También localiza a la presidenta de la comunidad de vecinos (vecina de la casa desde 2001), quien declara que no conoce a los obligados tributarios y que nunca los ha visto en las reuniones de la comunidad”. Para la Sala esto pone de manifiesto “que el demandante y su cónyuge ocupaban la vivienda sólo de modo esporádico”.
Menos concluyentes, en una pareja con “una situación económica holgada”, son los justificantes, “la mayoría no nominativos”, de gastos en Madrid en restaurantes, tiendas, peluquería… o “que dispongan de una plaza de aparcamiento en alquiler próxima al apartamento, o que el demandante sea socio de un club de fútbol de Madrid y acuda a sus partidos”.
Asimismo, “la compra de dos apartamentos en el mismo edificio, pretendidamente reveladora de la ampliación del domicilio preexistente, se ha realizado por entidades en las que participa el matrimonio compuesto por el demandante. Pero, ni se justifica su ocupación por ellos con un título que les autorice a ello ni cabe presumir una titularidad fiduciaria aceptable”, dicen las sentencias, que han condenado a la pareja al pago de las costas procesales. elDiario.es contactó con el grupo Ballesteros, sin obtener respuesta.
