España y otros trece países de la UE elevan la presión para evitar la tentación de la Comisión Europea de cambiar la fórmula con la que financia la cohesión europea. A las puertas de la presentación del próximo presupuesto europeo, los 14 países han circulado un documento – en la jerga comunitaria- en el que apuestan por “un presupuesto diferenciado y sólido y una metodología de asignación regional que refleje los diferentes niveles de desarrollo de las regiones” ante la posibilidad de que el gobierno comunitario centralice la entrega de los fondos a través de las capitales.
En la preparación del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, la Comisión Europea planteó la posibilidad de gestionar los fondos de cohesión con los que la UE trata de generar una cierta igualdad entre las regiones con un modelo similar al que se empleó con los Next Generation de la pandemia. Esa fórmula supondría que fueran los estados miembros los que reciban el dinero de Bruselas y sean los gobiernos los que decidan cómo distribuir el dinero, que en el periodo 2021-2027 ascendió a 42.556 millones de euros.
“Reafirmamos nuestra opinión común de que solo un presupuesto distinto y sólido y una metodología de asignación basada en las regiones, que refleje los diferentes niveles de desarrollo de las regiones, junto con una legislación específica e independiente en materia de política de cohesión, pueden garantizar que el próximo MFP aporte unidad, competitividad y convergencia a largo plazo en todas las regiones de la UE”, señala el documento, que firman esos 14 países y que persigue evitar que la propuesta de presupuesto que presentará la Comisión Europea el próximo 16 de julio recoja finalmente la centralización.
Además de España, secundan el documento Bulgaria, República Checa, Grecia, Croacia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, que son los principales receptores de fondos de cohesión.
Las comunidades y entidades locales también están en pie de guerra. 149 regiones de 20 estados miembros, entre ellas las 17 comunidades autónomas españolas, se han revuelto contra esa opción también. “Estamos en el corazón de Europa, y hemos demostrado ser los más eficientes a la hora de invertir los recursos de la UE de forma eficaz y selectiva, haciendo avanzar el proyecto de integración europea”, señalan en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el vicepresidente de Cohesión, Raffaele Fitto; la vicepresidenta Roxana Minzatu, y el comisario encargado del presupuesto, Piotr Serafin.
En la misiva recogen, además, una advertencia sobre el auge de las fuerzas ultraderechistas y euroescépticas: “Los resultados de las elecciones europeas del año pasado revelaron una creciente falta de confianza en la integración europea. ”La política de cohesión es el principal vínculo entre los europeos y la UE. La política de cohesión no es sólo el fundamento de la integración europea, sino también la base de la resiliencia económica, social y territorial de la Unión Europea. Reforzar la política regional es un requisito previo para el funcionamiento eficaz del mercado único de la UE“, agregan.
Así, reclaman “un reglamento específico para todos los diferentes instrumentos dedicados a la política de cohesión, que garantice y respete sus principios fundamentales, a saber, un enfoque territorial, basado en el lugar, la asociación y la subsidiariedad”. “Es necesario otorgar a las regiones europeas un papel primordial en el proceso de programación y aplicación, mediante una gestión compartida y una gobernanza multinivel, que garantice la negociación directa entre las regiones y la Comisión Europea”, señalan.
Igualmente, demandan “un presupuesto específico para la política de cohesión y la definición, a nivel de la UE, de asignaciones regionales indicativas de recursos basadas en la actual metodología consolidada que tiene en cuenta indicadores sociales y económicos”.
