Sara atravesó el patio empantanado de su bloque, en el número 7 de la calle Martín Muñoz de las Posadas, para acudir a su primera reunión con el Sindicato de Inquilinas en febrero de 2024. El fondo buitre propiedad del inmueble, que antes había pertenecido a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), había comenzado unas obras que quedaron medias. Unos días antes, una vecina había tocado a su puerta: “Nos estamos organizando porque Nestar nos está metiendo cláusulas abusivas”. Este miércoles, celebra una “victoria histórica”. El juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Madrid ha declarado abusivas seis de las siete cláusulas a juicio en los contratos de arrendamientos de estas vecinas de Villa de Vallecas.
“Nos amenazaban con denunciar si dejábamos de pagar las cuotas abusivas, lo que no se imaginaban es que nosotros haríamos lo mismo y les íbamos a acabar ganando”, presume Sara en una rueda de prensa frente a su bloque. Una cita en la que residentes y miembros del Sindicato de Inquilinas han hecho pública una sentencia que celebran, aunque exijan más. Una puesta en escena modesta, apenas una mesa y tres sillas plegables, pero cargada de fuerza. La estampa resume un proceso en el que los vecinos se han empoderado a través del apoyo mutuo: “Ahora los asustados son ellos”, declara Sara a Somos Madrid en referencia a Nestar.
La victoria no es solo histórica por esa declaración de nulidad, que de hecho tiene precedentes. Ya ocurrió en otros casos, como la que consiguió el Colectivo Ronda en Barcelona o el Centro de Asesoría y Estudios Sociales en Madrid. Pero es el primer triunfo a título propio de un Sindicato de Inquilinas en los tribunales en España, que se ha configurado como asociación de consumidores para poder actuar como demandante, en lo que según fuentes de la organización supone la inauguración de una “nueva estrategia legal para enfrentar de manera colectiva los abusos del sector”.
Sara llegó a su piso, un bajo de 30 metros cuadrado y “lleno de humedades”, en 2018. Pagaba 685 euros al mes, que incluían 60 de comunidad y 40 de IBI. Cuando hubo que renovar el contrato, en 2021, estaba en ERTE. Le subieron la renta y el seguro de impago, hasta los 450 euros al año. “Me tuve que quedar, asumiendo un contrato como el que asumí porque, ¿dónde me iba con un niño y embarazada? ¿Debajo de un puente?”.
Tania, otra vecina, conversa con Sara al final de la rueda de prensa. Vive en Martín Muñoz de las Posadas desde hace 11 años. Una vez superados los tres primeros -con bonificaciones que hacían la situación más llevadera- soportar las imposiciones económicas y las restricciones de Nestar se volvió “cada vez más difícil”. Entre la alegría de comprobar que el sistema te da la razón y la cautela de quien sabe que todavía quedan frentes abiertos, recuerda cómo empezó el conflicto: “Las subidas continuas y exageradas de los suministros que Nestar contrata terminaban en facturas desorbitadas que hacían la vida imposible”. Califica la resolución judicial como “un aliento para seguir dando pasos”.
El contrato que aceptó, como las otras 25 familias que han obtenido esta importante victoria, incluía un seguro de impago que ella misma tenía que abonar. También una penalización del triple de la renta diaria por cada día de retraso en caso de que se demore en el desalojo de la vivienda; una cláusula que permitía a Nestar examinar la vivienda; la resolución del contrato por incumplimientos no esenciales y la no devolución de cantidades; el reconocimiento de que los puntos habían sido negociados individualmente; o la renuncia a sus derechos en caso de la interrupción de suministros por causas ajenas al arrendador.
Media docena de cláusulas que la jueza ha considerado abusivas y que ha obligado al fondo buitre a retirar de sus contratos. No solo eso, la empresa deberá devolver a estos vecinos unos 20.000 euros por los seguros de impago que vinieron asumiendo las inquilinas (pese a que la propiedad imponía la aseguradora y las condiciones) hasta que se pusieron en huelga y dejaron de abonar este y otros conceptos, como el IBI y la comunidad.
Ese seguro de impago que los arrendatarios debían costear ha servido de hecho para cubrir económicamente la defensa de Nestar en los tribunales. Es decir, los residentes han estado financiando su propia oposición judicial. Es Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quien apunta a esa paradoja para recalcar “el nivel de abuso al que se han enfrentado los vecinos”. El letrado destaca que “ser la primera sentencia ganada a nombre del Sindicato de Inquilinas otorga madurez y legitimidad, para seguir tanto la vía judicial como la de lucha colectiva”. La resolución habla además de “afiliados al sindicato”, una figura legal que no les concedió la última Ley de Vivienda, ante la cual siguen siendo considerados como asociación de consumidores.
“Hemos demostrado que las huelgas de alquiler funcionan. La vía legal completa a lo principal, que es nuestro empuje sindical”, asegura Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato. “Nosotras estamos ahí, pero quienes se organizan son las propias vecinas. Generar confianza y estructura es clave para las huelgas. Queremos expandir esta lucha contra Nestar y otros fondos buitre, para lo cual es importante seguir construyendo nuestra caja de resistencia”. Y añade: “Hay que corregir la desigualdad de poder y acabar con el negocio de la vivienda a través de la organización colectiva y el apoyo mutuo”. Mientras atiende a este diario, un vecino del bloque se acerca a estrecharle la mano y felicitarle.
Contra la sentencia, que aún no es firme, cabe recurso de ambas partes. De hecho, ha sido el propio Sindicato el que ha anunciado que volverá a los tribunales pese a esta “importante victoria”. “La jueza no ha considerado abusivas las cláusulas relacionadas con el cobro del IBI y los gastos de comunidad, a pesar de que otros tribunales lo han hecho en casos similares”, explican. Paloma reclama “la nulidad de la oferta ficticia a la que se sometió a los vecinos durante tres años, que no era una bonificación, sino una trampa para disparar los precios muy por encima del mercado al término de ese plazo”. La no anulación de este apartado implica a demás que no se condena en costas judiciales a Nestar, sino que se dividen entre ambas partes.
En el resto de cláusulas, por contra, la jueza otorga la razón a los denunciantes, y con contundencia. “Determina que Nestar no tiene capacidad para acceder a las viviendas para llevar a cabo comprobaciones de ningún tipo. La sentencia lo define como un sistema de coacción”, remarca Palomo sobre uno de los puntos en los que la magistrada expone una mayor firmeza.
Efecto contagio y efecto llamada
Las vecinas de Martín Muñoz de las Posadas se organizaron entre ellas, pero cuando el Sindicato comenzó a apoyarlas pasaron a formar tejido con otros bloques de la Comunidad de Madrid en situaciones similares. Nestar posee al menos 42 edificios en la región, con prácticas similares en la mayoría de ellos. Al acto acude Begoña, que vive en la calle Planeta Urano del municipio de Parla, donde además el proceso se está desarrollando en un inmueble construido sobre suelo municipal: “Especulan con impunidad del Ayuntamiento, así que hemos pedido que retorne a manos públicas”.
“Esta noticia nos da ánimos. Nos dice que nuestras cláusulas también son abusivas”, afirma Begoña. Cuenta que en las últimas horas, a raíz de la sentencia, más familias han querido unirse a las decenas de vecinos que ya se sumaron a una demanda en los juzgados. Van a estudiar con su asistencia legal si es posible ampliar la ya presentada o presentar una segunda con un respaldo todavía mayor. “Ya era hora de que les paren los pies”, dice sobre el impacto que la resolución generará en Nestar y en los inquilinos que viven bajos sus condiciones.
Quienes ya celebran su primera victoria también quieren más. Tania lo tiene claro: “Hay que seguir luchando porque no nos corresponde pagar la comunidad”. Sara también se plantea ir más allá, porque en su caso además este pronunciamiento solo afecta a su segundo contrato y no al primero, en el que también pagó por el seguro de impago. “Quiero que se me devuelva todo lo que he pagado, porque es mi dinero”, advierte. Para esta vecina, la sentencia es “una esperanza”, aunque recuerda que los fondos como Nestar “siguen teniendo mucha impunidad”: “Se han hecho ricos a costa de comprar vivienda pública muy barata, saltándose todos los protocolos, así que todo lo que paguen será poco”.
