“El acuerdo alcanzado es histórico. Lo importante es que seamos conscientes de que los pasos firmes en materia de conciliación y el avance de derechos en ese sentido se empezaron a dar en este país con gobiernos socialistas”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (Pamplona, 1975), trata de poner en valor la nueva norma de ampliación por permisos por nacimiento y cuidado de hijos de 19 semanas que está por debajo del acuerdo de Gobierno del PSOE con Sumar, que tenía como objetivo las 20 semanas. Esta entrevista tuvo lugar un día antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenase a España a una millonaria multa por el retraso en la adopción de la directiva europea sobre conciliación familiar que tendría que estar en la legislación española desde 2019.
La ministra aborda algunos de los retos que tiene pendiente su Ministerio. Por un lado, asegura que se va “a dejar la piel para que en el último trimestre del año la medida de las altas progresivas pueda ver la luz. Es un avance en derechos y pone en el centro la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Además, señala “su compromiso para ir reduciendo las brechas que todavía existen en pensiones en relación a hombres y mujeres” y de acabar con “la discriminación que los trabajadores autónomos” estaban teniendo con las pensiones por lo que “cotizar por ingresos reales avanza en justicia social”.
Respecto a los menores migrantes, de los que, tras la sentencia del Supremo, el Gobierno central tendrá que hacerse cargo, Saiz admite que los centros donde serán acogidos “son de adultos”, pero que se va “a dar respuesta a la situación de estos niños, que están en una posición de absoluta vulnerabilidad. Somos muy conscientes a la hora de habilitar espacios específicos de que estamos hablando de que cada niño o niña es un caso individual donde hay que trabajar de manera cuidadosa”.
El Gobierno ha aprobado in extremis en este último Consejo de Ministros de la temporada la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado de hijos. ¿Por qué ha costado tanto sacar estas medidas? España ha estado pagando una cuantiosa multa a Europa por este motivo.
El acuerdo alcanzado es histórico. Lo importante es que seamos conscientes de que los pasos firmes en materia de conciliación y el avance de derechos en ese sentido se empezaron a dar en este país con gobiernos socialistas. En aquellos momentos los padres, y sé bien de lo que hablo, soy madre de hijos que tienen 18 años, disfrutaban de 15 días naturales. Fue el primer gobierno de Pedro Sánchez en el año 2019 el que amplió las semanas. Se dio un paso también firme y ha sido este Gobierno de coalición el que ha alcanzado un acuerdo histórico llegando a las 19 semanas. Esto coloca a España en la vanguardia mundial en materia de conciliación. Es ineludible la hoja de servicios del Partido Socialista en el compromiso con la conciliación y en avanzar en igualdad.
Decía justamente que el PSOE ha empujado históricamente para que se ampliaran estos permisos por nacimiento. Sin embargo, en estos últimos meses Sumar se ha quejado de que había una cierta resistencia por la parte socialista del Gobierno a aprobar los permisos antes de verano. Incluso, desde Moncloa trasladaban pocas horas antes de cerrar la negociación que debía esperarse a septiembre. ¿A qué se ha debido esta resistencia?
Las negociaciones que se llevan a cabo en un gobierno de coalición son negociaciones que se toman con total normalidad cuando se alcanzan acuerdos tan importantes como del que estamos hablando. Este acuerdo es la mejor garantía para la ciudadanía porque permite ver y constatar que esta es la hoja de ruta que marca el acuerdo de coalición, el acuerdo de Gobierno que suscribieron el Partido Socialista y Sumar al inicio de esta legislatura, donde había un compromiso firme en avanzar en las semanas del permiso de nacimiento y cuidado. Estamos cumpliendo con este compromiso que tenemos con la ciudadanía.
Pero el acuerdo entre PSOE y Sumar eran 20 semanas de permiso por nacimiento y otras cuatro remuneradas de cuidado parental de ocho. ¿Van a cumplir el acuerdo de Gobierno en lo que queda de legislatura hasta llegar a las semanas comprometidas?
No hemos llegado al ecuador todavía de la legislatura y se ha producido un importantísimo avance. Vamos a contraponer esto con la postura del Partido Popular, que otra vez se vuelve a poner en contra de las familias españolas. Ya ha anunciado su voto en contra, igual que hizo la primera vez que se habló de estos permisos y que se ampliaron las semanas, que llegó incluso a recurrir al Constitucional.
Esa es la posición del Partido Popular en lo que tiene que ver con avanzar en derechos e invito a la ciudadanía a que lean cuál es la propuesta legislativa del principal partido de la oposición en esta materia. Si de ellos dependiera, las mujeres seguiríamos en casa haciéndonos cargo de los cuidados y, evidentemente, ahondando en las brechas salariales y las brechas de pensiones que siguen existiendo en este país. Esa es la oposición de nulo nivel y de nula contribución a la ciudadanía que hace el Partido Popular. Otra vez, intentando erosionar al Gobierno lo que hace es dañar directamente a las familias españolas.
¿Pero los ciudadanos se pueden sentir seguros de que cuando acabe la legislatura vamos a tener 20 semanas de permiso por nacimiento?
España se convierte con esta medida en el principal país europeo donde los padres y las madres tienen estas semanas de manera equiparada para hacerse cargo de sus hijos y para algo importante como es avanzar con corresponsabilidad. La sociedad con la que aspiramos es aquella en la que haya un reparto equitativo de las tareas y que indudablemente no nos relegue a los domicilios.
Quiero recordar que hace 18 años los hombres disfrutaban de 15 días naturales y hoy hablamos de 19 semanas. Eso nos coloca en la vanguardia internacional y la vanguardia europea en este compromiso con la corresponsabilidad.
Hay dos sentencias, una en Barcelona y otra en Cuenca, que reconoce la remuneración de cuatro semanas del permiso cuando el nuevo Real Decreto-Ley únicamente incluye la retribución de dos. ¿Cómo casarían estas sentencias con la norma del Gobierno? ¿Teme que se judicialicen más casos parecidos?
Nos encontramos con 19 semanas retribuidas al 100% de la base de cotización a cargo de la Seguridad Social. No podemos olvidar lo que ya existe, que son las tres semanas adicionales de lactancia. Por supuesto, estos permisos en caso de partos múltiples se incrementan. Es importante, además, resaltar las 32 semanas de los hogares monoparentales, fundamentalmente liderados por mujeres. Además, el Estatuto de los Trabajadores sigue regulando esas ocho semanas de permiso para padres y madres.
Pasando a otro tipo de preguntas relacionadas con su Ministerio. Ahora tiene que negociar con las asociaciones de autónomos el calendario del nuevo sistema de cotización de ingresos reales. Quería preguntarle cómo espera que se desarrollen esas negociaciones y cuál va a ser la posición del Ministerio.
El punto de partida para seguir negociando con las asociaciones representativas de trabajadores autónomos es el éxito que ha supuesto poner en marcha otra reivindicación histórica de las asociaciones: la cotización por ingresos reales. Nos enfrentábamos a un importante desafío y desde luego no habría sido posible sin la escucha permanente, que es como trabajamos en el Ministerio, y trabajando de la mano en este caso de la representación sindical. Por supuesto, también la patronal y, específicamente en este tema, de las asociaciones de autónomos. Así que vamos a seguir en esa línea, compartiendo con las asociaciones los resultados de esa primera regularización y transitando hacia un camino sin retorno.
Somos muy conscientes que los trabajadores autónomos estaban teniendo unas discriminaciones en lo que tiene que ver con sus prestaciones, precisamente por esa distorsión y cotizar por ingresos reales avanza en justicia social para un colectivo al que el Gobierno le presta una atención muy especial.
Este avance no ha estado exento de polémica, elDiario.es desveló que la regularización de cuotas de la Seguridad Social penalizaba a autónomos de baja por paternidad o maternidad al dividirse los ingresos de todo el año en solo tres meses debido al permiso de nacimiento. ¿Ha encontrado desde el Ministerio ya alguna solución para este problema?
Todos los avances que se están produciendo en prestaciones y en derechos son aplicables al colectivo de trabajadores autónomos y eso también es una buena noticia para este colectivo. Pero también es importante que seamos conscientes de que estamos avanzando a una velocidad distinta, porque partíamos de una protección social de los trabajadores autónomos diferente a los trabajadores por cuenta ajena. La idea es equiparar, confluir y avanzar, y con la relación fluida con las asociaciones vamos a trabajar para corregir cualquier cuestión que se pueda producir.
En junio se conoció una sentencia europea que consideraba que el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones discriminaba a los hombres. Hay cierto temor en algunos sindicatos, como Comisiones Obreras o UGT, a que cuando los padres reclamen este plus haya la posibilidad de que suponga la retirada para las madres. ¿Qué puede hacer el Ministerio para que esto no ocurra?
Estamos analizando la sentencia, pero el compromiso es ir reduciendo las brechas que todavía existen en pensiones en relación a hombres y mujeres. Mejores salarios son mejores pensiones en el futuro. Cuando se incrementa el sueldo mínimo interprofesional, cuando estamos celebrando las importantísimas cifras del mercado laboral, donde hay récord histórico de mujeres trabajando, donde las bases de cotización de las mujeres suben por encima de las bases de cotización de los hombres… todo son noticias que hacen ver que vamos en la buena dirección para reducir brechas de género en pensiones y salariales que todavía indudablemente siguen. Tenemos que trabajar para eliminarlas.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la ayuda tiene una cobertura más o menos del 42%. La ayuda por hijo llega al 23%, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo se está planteando conseguir que se llegue a más gente?
Hemos reducido el , la brecha de cobertura, en torno al 20%. Así que estamos trabajando en esa dirección a través de diferentes herramientas. Quiero poner en valor el teléfono corto que pusimos en marcha y una importante campaña publicitaria para llegar a la ciudadanía. No hacemos nada si avanzamos en derechos pero nos olvidamos de que la Administración tiene que estar pegada completamente a la ciudadanía para que conozcan todas las políticas que vamos desplegando.
Es importante también poner en contexto. El ingreso mínimo vital se puso en marcha en el año 2020, en un contexto muy complicado, para dar una cobertura a todo el Estado, pero sin olvidar que las comunidades autónomas ya tenían un papel y, lo siguen teniendo, para luchar contra la pobreza. Esto es un esfuerzo compartido. Las comunidades autónomas no pueden hacer una dejación de funciones y pretenden cargar o responsabilizar únicamente a la política estatal de trabajar por la inclusión y de reducir la pobreza.
Lo que estoy constatando es que las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, están reduciendo las partidas destinadas a sus rentas mínimas en torno a 400 millones de euros y no las están redireccionando a los mismos objetivos, sino que en algunos casos prefieren bajar los impuestos a quienes más tienen, como la Comunidad de Madrid.
La AIReF también ha señalado que el incentivo al empleo del ingreso mínimo vital “no está funcionando”. ¿Cómo hacer para que este incentivo funcione mejor?
Es importante dejar que pase un poco más de tiempo para poder analizar el comportamiento del incentivo al empleo. Recordemos que este incentivo se puso en marcha en 2022 y este informe es de 2023. La pregunta que yo lanzaría es qué empleo aspiramos a que tengan a su alcance los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Entiendo que tiene que ser un empleo, desde luego no precario, sino uno a tiempo completo, de calidad y que no suponga que tengas que elegir entre percibir la prestación y tener un empleo precario que no hace más que ahondar todavía más en esa situación de exclusión que se puede encontrar el beneficiario. No hay que olvidar que el IMV tiene rostro de mujer y de mujer con hijos a cargo y, cuando se incorporen, deben hacerlo en unas condiciones absolutamente óptimas que puedan dar respuesta a la atención y cuidado de su familia. El ingreso mínimo vital es una prestación de la que es un éxito salir porque eso quiere decir que has accedido a un empleo. Por eso tenemos que trabajar en esa línea.
También respecto al ingreso mínimo vital, la Seguridad Social ha reclamado deudas por valor de 500 millones de euros desde que se puso en marcha esta ayuda y el Ministerio ha anunciado que ha adelantado este año las revisiones anuales de la prestación varios meses, a abril en lugar de octubre. ¿No hay otra manera menos lesiva para los ciudadanos que la devolución de varios meses? No sé si se han planteado alguna otra alternativa teniendo en cuenta, además, que hay una denuncia de una ONG al Consejo de Europa por este asunto.
Soy consciente de ello. El ingreso mínimo vital es una prestación que no es sencilla. Para poder percibirla hay que poner en conjunción diferentes administraciones y además la foto fija que se toma de referencia para ver si una persona es beneficiario o no beneficiario hace referencia al ejercicio anterior. Somos conscientes de esa distorsión porque en un año pueden cambiar muchas cosas. Desde el mes de mayo hemos establecido dos momentos de hacer la foto de la situación del potencial beneficiario o beneficiaria para que se produzcan las menores distorsiones posibles. Pero con ese mensaje claro de que el hecho de percibir una cantidad menor de ingreso mínimo vital puede ser porque efectivamente se están percibiendo ingresos, porque se ha conseguido un empleo indefinido, por ejemplo, que es un objetivo absolutamente positivo. O que incluso la persona pueda salir del ingreso mínimo vital, porque ese es el objetivo, no que permanezca en lo que llamamos la brecha de la pobreza.
Tienen una respuesta de los agentes sociales a las “altas progresivas”: vuelta gradual que pueda extenderse hasta un mes, en el que la persona trabajaría la mitad de su jornada y cobraría esa proporción de salario y también el 50% de la prestación por baja médica.
Hay que aclarar que donde se tiene que discutir es en la mesa del diálogo social. La salud de los trabajadores está en el centro de cualquier medida que saquemos adelante en el Ministerio, pero, en este caso nos gusta caminar de la mano de la ministra de Sanidad, Mónica García. Tengo un compromiso personal: me voy a dejar la piel para que en el último trimestre del año esta medida pueda ver la luz. Es un avance en derechos y pone en el centro la salud de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hacer la pedagogía necesaria porque es una modificación legislativa que tiene que ser aprobada en el Congreso, pero partiendo de un trabajo de escucha de la sociedad civil y de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Se ha probado que una reincorporación después del alta médica pueda contribuir a mejorar la salud del trabajador en procesos oncológicos. Para mí es una tranquilidad.
El Sindicato de Inquilinas reclama al Estado una negociación colectiva para 28 familias, que lograron un alquiler asequible de la antigua Sociedad Pública de Alquiler en viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Por qué ahora que parece que el Gobierno apuesta por el alquiler asequible se quieren rescindir esos contratos? ¿A qué se quieren destinar esas viviendas?
Cuando se gestiona dinero público tenemos que ser absolutamente escrupulosos. Desde la Seguridad Social se escucha activamente a los ciudadanos, pero también a otras instituciones. La supervisión de estas viviendas se produce por parte del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de un patrimonio de la Seguridad Social con una regulación específica. El Tribunal de Cuentas nos ordena enajenar estas viviendas porque la Seguridad Social no tiene capacidad de ser un agente inmobiliario. Vamos a dar el margen suficiente a las personas que están residiendo para que puedan ejercitar la posibilidad de adquirir esas viviendas por el valor de mercado, con una tasación oficial y con todo el rigor jurídico para que no haya ningún tipo de desprotección.
Las cacerías racistas de Torre Pacheco evidenciaron hasta dónde pueden llegar los discursos del odio. ¿Temen que se pueda generar un problema de convivencia mayor ante el incremento de estos mensajes?
El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Desde el Ministerio monitorizamos los discursos de odio, racistas y xenófobos en las redes sociales. Hicimos un encargo específico para monitorizar lo que estaba pasando en Torre Pacheco. En 17 días hubo 138.000 mensajes en redes sociales, algunos de ellos podían ser susceptibles de delito y siguen el cauce de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. El porcentaje de retirada de mensajes sobre Torre Pacheco fue del 23%. Me comprometí a tener una reunión específica con las plataformas porque es importante la prevención y conseguir que la retirada de esos mensajes se produzca de manera mucho más rápida que la que se viene realizando. Hemos creado un grupo de trabajo permanente para buscar una interacción mucho más profunda. Hay que tener un compromiso mucho más férreo, retirar antes esos mensajes, porque el odio se propaga de una manera muy rápida. Hay personas interesadas en propagar ese odio que deshumaniza a la población inmigrante.
¿Cuál es la fórmula para combatir estos discursos desde las instituciones?
Con una mayor corresponsabilidad no solamente de las plataformas, sino del conjunto de la ciudadanía. Cuando puedo hacerlo, voy al fútbol con mi hijo y si escucho un mensaje racista, actúo frente a ese mensaje. Lo mismo tiene que pasar en las redes sociales. Con la colaboración que hemos iniciado con las plataformas, hay batallas que se puedan ganar en lo digital, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de que las calles de nuestro país no son de cacería de inmigrantes. Tenemos que estar alertas y no podemos dar ni un paso atrás: ser mucho más contundentes para frenar esta ola reaccionaria.
¿Están trabajando en un plan de integración desde hace meses, qué busca el plan y qué medidas concretas incluirá?
El plan lo que hace es analizar un conjunto de derechos y deberes. No es un plan dirigido a la población inmigrante, es un plan para el conjunto de la sociedad. Es importante escuchar a los destinatarios cuando se hacen políticas. No podemos hacer un plan en un despacho que sea una serie de folios con medidas que no vayan a ningún lado. Es un plan que pretende seguir avanzando en una sociedad inclusiva y justa. Por supuesto, siendo muy conscientes de las diferentes competencias que tienen ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado. Desde lo local hasta lo global es responsabilidad de todos seguir trabajando y pensando en una sociedad que reconoce la diversidad y tiene los brazos abiertos.
Esta semana tuvo lugar otra de las reuniones del Gobierno central con el canario para cumplir con la sentencia del Supremo que obliga al Ejecutivo central a hacerse cargo de unos mil menores solicitantes de asilo que están actualmente en Canarias. Según se anunció ayer, los primeros traslados se producirán la semana que viene. ¿Además del centro de Pozuelo dónde van a ser acogidos estos niños? ¿Van a convivir adultos con menores de edad?
Nuestros centros son de adultos. Estamos trabajando con absoluta minuciosidad para cumplir el auto del Supremo y dar respuesta a la situación de estos niños, que están en una situación de absoluta vulnerabilidad. Somos muy conscientes a la hora de habilitar espacios específicos de que estamos hablando de que cada niño o niña es un caso individual donde hay que trabajar de manera cuidadosa. Estamos teniendo reuniones permanentemente con el Gobierno canario en aras de una colaboración y una lealtad institucional para dar respuesta a este acto del Supremo.
Queremos insistir en este tema porque de lo que estamos hablando es de que se cumpla el interés superior del menor por encima de otras cuestiones.
Absolutamente. No lo hemos perdido de vista en ningún momento. Estamos habilitando las instalaciones escuchando al menor y estudiando caso a caso.
El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar los presupuestos para el año que viene. ¿Ese compromiso implica llevarlos al Congreso o simplemente aprobarlos en Consejo de Ministros?
El presidente del Gobierno fue claro y el compromiso de este Gobierno es seguir una hoja de ruta para seguir dando respuesta y haciendo políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Es claro y rotundo. Este gobierno se va a dejar la piel para encontrar los acuerdos necesarios. Apelo al resto de fuerzas políticas para no volver a vivir el bochorno nacional que se vivió la pasada semana con el decreto antiapagones por el posicionamiento de algunos grupos políticos. Fue un bochorno nacional porque se puso en riesgo el sistema eléctrico solo por intentar erosionar al gobierno, otra vez en esa oposición de tierra quemada.
Por su respuesta se entiende que el Gobierno está dispuesto a llevarlo hasta el final en el Congreso de los Diputados.
Insisto en que el presidente fue claro.
Si se llevara al Congreso esta Ley de Presupuestos y no se contaran con los apoyos. ¿Cree que el presidente debería convocar elecciones? ¿Es viable continuar si se ha perdido una votación de presupuestos?
Es importante ver cómo vamos afrontando los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos. Tenemos un compromiso con las empresas españolas tras el acuerdo arancelario con Estados Unidos. Estamos acompañando en todo lo que tiene que ver con los choques inflacionistas. Estamos actuando cuando hemos afrontado desastres naturales, como lo que pasó en Valencia. Estamos ampliando derechos con la equiparación de permisos y extensión a 19 semanas. Estamos sacando adelante leyes con un altísimo grado, creo que es un 85%, de éxito en las votaciones en el Congreso. Es una Legislatura que está siendo de importante producción normativa para dar respuesta a lo que la gente espera de la política. Hay personas que están interesadas en la desafección porque cuando campa a sus anchas lleva a un retroceso en derechos y libertades.
Hay grupos que han puesto condiciones para esas cuentas. Podemos quiere bajar un 40% el precio de los alquileres por ley, romper relaciones con Israel y salir de la OTAN. ¿Cree que esas exigencias son asumibles para el Gobierno?
La política de vivienda de este Gobierno está comprometida para dar respuesta al principal problema de este país. En este caso tienen mucho que decir las comunidades autónomas, pero cada vez que hemos tenido ocasión de llevar leyes al Congreso, nos encontramos torpedeados por parte del principal partido de la oposición. Se están tomando medidas para ampliar las zonas tensionadas, para luchar contra el alquiler vacacional que lo que hace es incurrir en desigualdades.
Respecto a Palestina, ahora estamos viendo cómo diferentes países se están sumando al posicionamiento que tuvo nuestro país. El presidente del Gobierno ha sido muy claro exigiendo la solución de dos estados y absolutamente comprometido con el reconocimiento de Palestina. Invito a todas las fuerzas políticas a hablar de estas cuestiones y no distraer con otras que nada tienen que ver con el interés general.
¿Le preocupa que puedan salir nuevas informaciones judiciales sobre corrupción que afecten a más ministerios o a incluso al partido? ¿Lo ve un escenario posible? ¿Qué debería hacer el Gobierno en ese caso?
La corrupción alimenta la desafección y daña a las propias instituciones. Lo que está haciendo el gobierno es dar una respuesta clara, contundente, rápida, de colaboración con la justicia y dando la cara. El presidente del Gobierno ha puesto encima de la mesa un plan que no es papel mojado, son medidas concretas que van desde proteger a quien denuncia a que tenga consecuencias también para los corruptores en caso de que así se produzca. Es un plan hecho de la mano de la Comisión Europea y la OCDE. Apelo a que se sumen todas las fuerzas políticas, fundamentalmente al Partido Popular, a respaldar este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para que nunca más vuelva a ocurrir.
Cuando la corrupción se refiere a la espina dorsal del Estado de Bienestar que es la Hacienda pública, conocer que se manosean leyes y el Boletín Oficial del Estado para beneficiar solamente a unos pocos amigos mientras que con la otra mano se anunciaban recortes, congelaciones en pensiones y pedir a la ciudadanía que se apretase el cinturón… Como ex responsable de una hacienda desde luego eso es atentar contra el Estado puro. Y como Hacienda somos todos, nos hace daño todavía en mayor medida a toda la sociedad.
Entrevista completa en vídeo:
