La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha decidido confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una decisión que avala que Álvaro García Ortiz sea juzgado por revelación de secretos pero que también revoca una parte relevante de la investigación del juez Hurtado: archiva la causa contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, al entender que no hay pruebas de que participara en ningún plan para filtrar a la prensa el correo con el que Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal. Uno de los magistrados del tribunal apostaba por archivar el caso para ambos fiscales.
El juez Ángel Hurtado decidió procesar a García Ortiz y a Rodríguez el pasado mes de junio, acusando a ambos de urdir un plan en marzo de 2024 para que la prensa publicara información confidencial del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un auto en el que el magistrado, por primera vez, no solo les acusaba de haber filtrado el documento para “ganar el relato” sino de haber seguido “indicaciones” de Moncloa, acusación sostenida sin pruebas. Desde entonces las acusaciones han presentado escritos en los que piden varios años de cárcel para ambos acusados. La pareja de Ayuso, por ejemplo, pide cuatro años de cárcel para él.
La Sala de Apelaciones, con los votos de Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, ha confirmado que el fiscal general se sentará en el banquillo por la filtración, pero ha impugnado una parte relevante de la causa que ha dirigido Hurtado y ha archivado el caso contra Pilar Rodríguez, al entender que las pruebas acumuladas durante meses de investigación no permiten implicarla en ningún plan para filtrar ese correo. “No hubo indicios de la comisión de delito”, dice la Sala.
El Supremo entiende que todas las pruebas recabadas por Hurtado permiten concluir “de forma provisional” que la filtración de este correo “que contenía información reservada” fue “una actuación coordinada e impulsada personalmente por el Fiscal General del Estado”. Sobre el borrado de los mensajes del teléfono de García Ortiz, añade la Sala, es algo que “tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación” y los jueces lo consideran “un potente contra indicio que se utiliza habitualmente por los tribunales”.
En cuanto a Pilar Rodríguez, los jueces de la Sala de Apelaciones estiman los argumentos de su defensa, el exfiscal Daniel Campos, y cuestionan que haya pruebas suficientes para atribuir a esta fiscal la elaboración de la nota de prensa de marzo de 2024 que hizo públicos algunos aspectos de la confesión de la pareja de Ayuso. Hizo llegar la información del caso a través de una dación de cuentas, lo que según los jueces “es un acto neutral y no evidencia por sí mismo riesgo alguno”. Consideran justificado, incluso, que la Fiscalía General pidiera la información del caso “porque el asunto tenía un indudable interés informativo”.
Pilar Rodríguez, concluye el tribunal, “no tenía capacidad de supervisión ni de impedir la iniciativa del Fiscal General del Estado” y no hay pruebas de que confeccionara esa nota o filtrara la información, por lo que proceden al archivo de la causa contra ella.
“Debió acordarse el sobreseimiento”
Uno de los tres magistrados que firman el auto, Andrés Palomo, entiende que la causa se tendría que haber archivado también contra el fiscal general y no solo contra la fiscal provincial de Madrid. La nota de prensa que la Fiscalía emitió sobre el caso, afirma este magistrado, “no contiene información indebidamente revelada”, ya que los medios habían publicado esa misma información la noche anterior. Y la primera información no salió de la Fiscalía, sino del “entorno” de González Amador: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Este voto particular sí concede credibilidad, a diferencia del juez Hurtado, a la declaración de media docena de periodistas que testificaron en el Supremo para afirmar que ellos ya conocían detalles de esas negociaciones o incluso de la confesión horas o incluso días antes de la primera publicación. “El correo del día 2 había sido filtrado en su contenido e inclusive en ocasiones en copia a diversos medios periodísticos con anterioridad”, concluye este magistrado.
El magistrado Palomo lanza un dardo a Hurtado por restar credibilidad a los periodistas porque no quisieron revelar su fuente. “Aparte de un indebido entendimiento del proceso penal que precisa acreditar la inocencia, es una exigencia de renuncia a un derecho con previsión constitucional, difícilmente comprensible”.
El caso se encuentra ahora a las puertas de juicio aunque Álvaro García Ortiz, el fiscal general, será el único juzgado, después de que Pilar Rodríguez se haya quedado fuera del banquillo. El siguiente paso será, por parte de Hurtado, la apertura de juicio oral con las peticiones de hasta seis años de cárcel contra el acusado.
