El PP se ha quedado solo con Vox en su rechazo al plan antiaranceles planteado por el Gobierno. La primera respuesta española a la guerra comercial abierta por Donald Trump recabó en el Congreso la mayoría absoluta de los votos: 176 a favor y 169 en contra. Hasta UPN, socio navarro del PP y cuyo diputado suele firmar algunos de los discursos más duros, ha votado ‘sí’. El Parlamento da vía libre así a un plan de 14.000 millones que los de Alberto Núñez Feijóo han desestimado apoyar ya que, dicen, el Ejecutivo no ha asumido ninguna de sus propuestas, basadas en bajar impuestos y cotizaciones a las empresas, además de defender la energía nuclear.
En el PP restan importancia a la coincidencia con Vox y sostienen que la distancia entre sus propuestas y las del Gobierno hacían imposible el acuerdo. Y eso que, a diferencia de otros momentos importantes de la legislatura, el Ejecutivo y el primer partido de la oposición sí han negociado el contenido del plan de respuesta a los aranceles, aunque sin ningún acercamiento.
“Es su solución, no nuestra solución”, dijo el responsable económico del PP, Juan Bravo, en la tribuna del Congreso en su defensa del ‘no’. El vicesecretario se ha prodigado en las últimas semanas por diferentes medios de comunicación para exponer su propuesta y criticar la del Ejecutivo, mientras mantenía abierta una línea con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para intentar acercar posturas.
En palabras de Bravo, el del Gobierno “no es un plan” como tal ya que casi todas las medidas, ha explicado en diferentes ocasiones, pasan por préstamos y avales. Es decir, dinero que las empresas tendrán luego que devolver. Esa fue la principal
El planteamiento del PP pasaba por “ayudas directas”, en sus propias palabras, en forma de rebajas de impuestos, temporales o totales, y de cotizaciones sociales a las empresas más afectadas por los aranceles anunciados por el presidente de EEUU y que, si las negociaciones con la UE no avanzan, entrarán en vigor este verano.
Pero, además, el PP aprovechó para plantear una prórroga de las centrales nucleares, “si las empresas quieren”, y la derogación del impuesto a la generación eléctrica. Dos medidas ajenas al objeto expreso del decreto, que fueron recibidas con frialdad en un primer momento, pero que cogieron vuelo tras el apagón del 28 de abril. Aquel día, Bravo había viajado a la central nuclear extremeña de Almaraz para reclamar la prolongación de su vida útil, pese a que las dos empresas que la explotan, Iberdrola y Endesa, no lo han solicitado formalmente.
“Ni siquiera ha pedido disculpas”, le espetó Feijóo a Pedro Sánchez en su réplica a la comparecencia del presidente del Gobierno este miércoles. El líder del PP aprovechó para arremeter contra la transición energética planteada por el Ejecutivo. “No va de renovables o nucleares, sino de renovables y nucleares”, respondió Feijóo a un Sánchez que prometió “no desviarse ”ni un solo milímetro de la hoja de ruta energética marcada en 2018“ por su primer Consejo de Ministros.
Feijóo tildó de “tercermundistas” los servicios públicos de los españoles, subido a la ola del malestar social que han detectado las terminales del PP. En la sede nacional de la madrileña calle de Génova no esconden sus muestras de alegría ante lo que creen que es una pésima labor del Gobierno que pone en duda uno de los mantras con los que suele defenderse el bloque que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa: la buena gestión, especialmente económica y laboral, frente a las concesiones políticas a los socios parlamentarios.
Desde el Gobierno se replica que el decreto aprobado por el Gobierno no se puede modificar y que las medidas planteadas por el PP podrían plantearse a futuro. Pero en el PP denuncian que el Gobierno sí introdujo los planteamientos de algunos de sus socios. En Génova explican que Cuerpo les pasó un borrador del decreto que no incluía la disposición negociada con Junts que sí apareció en la versión final. Es decir, que hubo margen para añadir elementos al documento aprobado por el Consejo de Ministros.
Desde el PP sostienen que Cuerpo no negoció con ellos no porque no quisiera, sino porque no le dejaron.
Abonar el descontento
El PP suele ocultar el sentido de su voto en el Congreso hasta el momento final, para jugar con la debilidad parlamentaria del Gobierno. Pero esta vez rompió su estrategia habitual y anunció la ruptura de las negociaciones el pasado 5 de mayo.
La fecha no es casual: fue al día siguiente de la avería que paralizó durante horas la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, atrapando de miles de viajeros, y antes de que se restableciera definitivamente el servicio. “Si el Gobierno no quiere aceptar las propuestas que hace el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo”, dijo el propio Bravo, quien horas antes había sufrido en primera persona el parón ferroviario. Ese lunes, además, se cumplía una semana del apagón total de la Península Ibérica.
El PP ha visto en estas dos crisis la oportunidad de recuperar el terreno perdido en los últimos meses a consecuencia de crisis de gran relevancia como la DANA de Valencia. Desde el apagón, Feijóo ha recuperado sus denuncias sobre la reticencia de Pedro Sánchez a asumir su responsabilidad y no decretar la emergencia nacional, ni en noviembre por las tormentas en Valencia ni este mes de abril con casi todo el país sin suministro eléctrico. Una estrategia en la que no le sigue todo el PP.
El giro estratégico de Feijóo le ha vuelto a colocar a la vera de Vox, tras mucho esfuerzo por despegarse de su socio ultra. La decisión de Santiago Abascal de romper los gobiernos autonómicos y de torpedear las cuentas regionales en cinco de las comunidades que dirige el PP les había separado, y la elección de Donald Trump como presidente de EEUU había agrandado esa grieta.
De hecho, Feijóo ha sido muy crítico con Vox en las últimas semanas a cuenta de la guerra comercial mundial emprendida por Trump. Abascal ha llegado a defender los aranceles que EEUU quiere imponer y que afectarán a la industria española, pero también al sector agroalimentario, donde los ultras tienen buena parte de su base social o, al menos, hacia donde proyectan sus propuestas políticas. Este miércoles, el diputado de Vox Jacobo González-Robatto ironizaba desde la tribuna del Congreso con que Trump está “acojonado” por la respuesta española.
Al final, en la primera votación real sobre los aranceles el PP se ha unido a Vox en su rechazo al Gobierno, incluso a sabiendas de que el decreto sería aprobado y, por lo tanto, la salud del Ejecutivo no dependería de sus votos. Los de Feijóo restan importancia a este acercamiento y lo desligan de las palabras que el miércoles dirigió Abascal contra el líder de la oposición, al que conminó a romper definitivamente con el PSOE y al que advirtió de que, de proseguir con su estrategia, perdería las opciones de gobernar tras las próximas elecciones generales.
En Génova tienen la esperanza de que la UE y EEUU negocien una tregua comercial y, al final, los aranceles anunciados por Donald Trump no llegarán a imponerse. Si ocurre lo contrario y finalmente los productos españoles sí tienen que pagar los aranceles, el Gobierno deberá aprobar nuevas medidas, y el PP tendrá que volver a retratarse en una votación parlamentaria.
